Mendoza, San Juan y San Luis dieron un paso inédito en materia de prevención del juego problemático al firmar el primer convenio interprovincial del país para integrar sus registros de personas autoexcluidas de las actividades de juego. La iniciativa permitirá ampliar la protección de quienes decidieron voluntariamente restringir su acceso a casinos y otras modalidades de apuestas, mediante un sistema de reciprocidad entre las tres jurisdicciones.
El acuerdo fue suscripto por la presidenta del Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza, Ida López; el titular de la Caja de Acción Social de San Juan, Juan Pablo Medina; y el director de la Caja Social y Financiera de San Luis, Héctor Rodolfo Mazzina. A través de este entendimiento, los organismos acordaron establecer un mecanismo regional de protección frente a las consecuencias del juego problemático.
La firma representa un antecedente a nivel nacional, debido a que hasta el momento no existía otro convenio que vinculara los sistemas de autoexclusión de distintas provincias. De esta manera, la herramienta permitirá extender los alcances de los registros existentes y ofrecer una cobertura más amplia a las personas que solicitaron voluntariamente limitar su participación en actividades de juego.
La iniciativa también ratificó el trabajo que Mendoza desarrolló durante los últimos años para promover el juego responsable, prevenir conductas problemáticas y garantizar asistencia y protección a quienes atraviesan estas situaciones.
En ese sentido, el Instituto Provincial de Juegos y Casinos implementó distintas políticas a través de su Programa de Juego Responsable. Entre las acciones impulsadas se encontraron las campañas preventivas, el desarrollo de herramientas tecnológicas y los mecanismos de acompañamiento para la ciudadanía.
Una de las principales herramientas fue el Registro Único de Autoexcluidos de Mendoza (RUAM), incorporado a una política institucional destinada a fomentar hábitos de juego saludables y ofrecer recursos concretos de protección a los mendocinos.



Ida López explicó cómo funcionará el convenio entre las provincias
Durante la presentación, Ida López destacó el alcance del entendimiento y señaló que permitirá extender las medidas de protección que actualmente ofrece cada jurisdicción a las personas registradas en sus respectivos sistemas de autoexclusión.
La funcionaria explicó que la reciprocidad entre los organismos impedirá que una persona autoexcluida en Mendoza pueda ingresar a establecimientos de juego de San Juan y San Luis. La misma disposición se aplicará para quienes estén incorporados a los registros de las otras dos provincias.
“Este convenio es muy importante para Mendoza. Es un acuerdo interprovincial pionero en la República Argentina, que nos permite expandir el régimen de autoexclusión de cada una de nuestras provincias. Con este convenio de reciprocidad ampliamos la protección: las personas autoexcluidas en Mendoza tampoco podrán ingresar a los casinos de San Juan y San Luis, y lo mismo sucederá con quienes estén inscriptos en los registros de esas provincias”, expresó la presidenta del Instituto Provincial de Juegos y Casinos.
López también puso el foco en las distintas líneas de trabajo que desarrolla el organismo mediante el Programa de Juego Responsable, que contempla tanto medidas preventivas como acciones de asistencia para las personas afectadas por esta problemática.
Al respecto, detalló que el programa tiene dos ejes principales. El primero está relacionado con la prevención, mediante capacitaciones y campañas de concientización, con especial atención en los adolescentes y los riesgos asociados al juego online. El segundo apunta a brindar asistencia a quienes necesitan acompañamiento profesional.
“Nuestro Programa de Juego Responsable tiene una doble función: por un lado, preventiva, con capacitaciones y acciones de concientización, especialmente vinculadas a los adolescentes y el juego on-line; y, por otro, asistencial, mediante un abordaje interdisciplinario con psicólogos, psiquiatras y abogados para acompañar a quienes atraviesan esta problemática”, explicó.



San Juan destacó la cooperación para proteger a las personas vulnerables
Por su parte, Juan Pablo Medina, presidente de la Caja de Acción Social de San Juan, valoró el carácter novedoso del convenio y remarcó la necesidad de fortalecer la coordinación entre los organismos reguladores para ampliar la protección de los sectores vulnerables.
El funcionario consideró que quienes solicitan la autoexclusión atraviesan situaciones que requieren respuestas institucionales y herramientas que les permitan evitar el acceso a las actividades de juego.
“Esta es la primera experiencia de este tipo a nivel país y el primer convenio que se firma con estas características. Quienes somos organismos reguladores tenemos como norte la protección de los grupos vulnerables, en este caso, personas que sintieron la necesidad de pedir ayuda”, manifestó.
Medina también sostuvo que la integración de los sistemas provinciales permitirá mejorar la capacidad de respuesta y evitar que las restricciones establecidas en una jurisdicción pierdan efectividad al trasladarse a otra.
“Poner a disposición los sistemas de cada jurisdicción permite que aquellas personas que tienen este problema en San Juan también estén protegidas en Mendoza y San Luis. Creo que este es el paso a seguir y seguramente será una iniciativa que podrá replicarse en otras regiones de nuestro país”, agregó.



San Luis resaltó la importancia de ampliar la cobertura territorial
A su turno, Héctor Rodolfo Mazzina, director de la Caja Social y Financiera de San Luis, consideró que el convenio representó una herramienta importante para extender territorialmente las políticas públicas destinadas a prevenir el juego problemático.
El funcionario sostuvo que la problemática requiere una intervención estatal cuando sus consecuencias superan el ámbito individual y comienzan a afectar al conjunto de la sociedad.
“Este convenio es muy importante porque amplía la cobertura de un sistema que busca preservar a las personas que tienen un consumo problemático de juego. Cuando esta problemática deja de ser un problema personal y se convierte en un problema social, el Estado debe poner a disposición herramientas que ayuden a preservar la integridad de las personas”, afirmó.
Además, Mazzina destacó que el entendimiento entre las tres provincias no cerrará la posibilidad de incorporar nuevos participantes, sino que permitirá extender el sistema a otros distritos interesados en sumarse.
“Este entendimiento nos permite ampliar el área geográfica de cobertura y deja abierta la posibilidad para que otros distritos y jurisdicciones puedan adherirse”, señaló.
Cómo funcionará el registro de autoexclusión entre Mendoza, San Juan y San Luis
El nuevo régimen establecerá que las autoexclusiones formalizadas desde la firma del convenio tendrán validez en las tres provincias. La cobertura comprenderá tanto los establecimientos de juego presenciales como las plataformas online habilitadas.
De esta manera, una persona que solicite la autoexclusión en cualquiera de las jurisdicciones quedará alcanzada por las restricciones correspondientes en las otras dos, sin que la medida pierda efectividad al cruzar los límites provinciales.
En cuanto a quienes ya se encontraban inscriptos en los registros de autoexclusión de Mendoza, San Juan o San Luis antes de la firma del acuerdo, podrán incorporarse voluntariamente al nuevo sistema regional.
Para poner en funcionamiento el mecanismo, las autoridades establecieron un plazo máximo de 120 días. Durante ese período, los organismos deberán avanzar con la integración tecnológica de sus plataformas y establecer procedimientos para intercambiar información de manera segura.
La coordinación entre las tres instituciones será fundamental para garantizar que los registros funcionen de manera articulada y que las restricciones puedan aplicarse en las distintas jurisdicciones.
Con este convenio, Mendoza, San Juan y San Luis pusieron en marcha una experiencia de cooperación interprovincial sin antecedentes en Argentina. El objetivo será fortalecer las políticas de prevención, ampliar las herramientas de asistencia y garantizar que las personas que decidieron alejarse del juego problemático encuentren protección más allá de las fronteras de sus provincias.





