Mendoza avanzó en la elaboración de un protocolo de actuación destinado a abordar las distintas problemáticas relacionadas con el trabajo migrante en las actividades agrícolas. La iniciativa surgió de una articulación entre organismos provinciales y nacionales, que comenzaron a relevar las necesidades del sector productivo junto con representantes de los municipios.
El trabajo fue impulsado por la Subsecretaría de Trabajo y Empleo de Mendoza, a través de la Dirección de Relaciones Individuales, a cargo de Natalia Andino; la Dirección de Derechos Humanos, encabezada por Natalia Alonso; y Renatre Cuyo, representado por Guillermo Zone. Los organismos pusieron en marcha un proceso conjunto para desarrollar y fortalecer herramientas de intervención frente a las situaciones vinculadas con la contratación de trabajadores provenientes de otras provincias.
La propuesta apunta a obtener un diagnóstico concreto sobre la demanda laboral de las actividades productivas mendocinas. Para ello, se busca reconocer las particularidades de cada departamento y establecer mecanismos de coordinación entre las instituciones nacionales, provinciales y municipales.
La información permitirá organizar con mayor precisión la incorporación de personal durante las temporadas agrícolas, teniendo en cuenta tanto la disponibilidad de trabajadores locales como los requerimientos de contratación de personas que puedan llegar desde otras jurisdicciones.
En este contexto, el subsecretario de Trabajo y Empleo, Rodrigo Herrera, remarcó la relevancia de que los tres niveles del Estado intervengan de manera coordinada. Según explicó, estos organismos mantienen un vínculo directo con productores y trabajadores, además de desarrollar tareas de acompañamiento y asistencia en las distintas zonas de la provincia.
La iniciativa también respondió a una convocatoria de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dirigida a las provincias que reciben y envían trabajadores migrantes. Frente a esa propuesta, Mendoza planteó la conveniencia de elaborar primero un diagnóstico propio de su realidad productiva y laboral. A partir de esos resultados, la provincia podrá coordinar con otras jurisdicciones una oferta de mano de obra que se corresponda con las necesidades efectivas de los productores.
Relevamiento en los oasis productivos de Mendoza
El programa de trabajo quedó dividido en tres etapas. La primera incluyó reuniones y relevamientos con referentes de las áreas de producción de los municipios. La segunda contempla la coordinación con los organismos provinciales que intervienen en las distintas situaciones relacionadas con el empleo migrante. Por último, la tercera instancia permitirá transmitir a las provincias emisoras cuáles son los requerimientos concretos de trabajadores identificados en Mendoza.
La primera etapa finalizó el 29 de octubre, después de completar un recorrido por las principales zonas productivas. Las actividades comenzaron el 8 de octubre en el Este provincial, donde participaron representantes de Junín, San Martín y Rivadavia.
Posteriormente, el 13 de octubre, los encuentros se trasladaron al Valle de Uco, con la presencia de referentes de Tupungato, Tunuyán y San Carlos. El 16 de octubre fue el turno de la zona Sur, con la participación de representantes de San Rafael.
La última jornada se desarrolló el 29 de octubre y comprendió el relevamiento de los oasis Centro y Norte. En esa oportunidad participaron referentes de Maipú, Guaymallén y Luján de Cuyo, además de representantes de Renatre, Migraciones y distintas áreas vinculadas con niñez y familia.
Durante las reuniones, los equipos analizaron los mapas agrícolas correspondientes a cada departamento y las características de la demanda de personal para las diferentes actividades productivas. También evaluaron qué proporción de trabajadores correspondía a mano de obra local y migrante, cómo funcionaban los acuerdos entre productores y empleados y cuál era la participación de intermediarios en los mecanismos de provisión de personal.
Otro de los puntos centrales estuvo relacionado con las dificultades que se presentaron en materia laboral y social. En ese sentido, se trataron situaciones de informalidad, episodios de inseguridad, denuncias relacionadas con la trata de personas y el trabajo infantil, así como los requerimientos de asistencia que podían surgir desde los municipios y el Gobierno provincial para acompañar a los trabajadores migrantes.
Un diagnóstico para organizar la temporada agrícola 2026-2027
Entre los principales resultados del relevamiento, los representantes municipales identificaron una proyección significativa de participación de trabajadores locales en las actividades agrícolas de Mendoza.
Además, señalaron que una cantidad importante de productores ya mantenía acuerdos con personas que participaron durante años en las distintas temporadas de cosecha. Esta continuidad en los vínculos laborales redujo considerablemente la necesidad de solicitar nuevos contingentes de trabajadores a otras provincias.
A esa situación se sumó un cambio en la composición de la población laboral. Parte de las personas que anteriormente llegaban a Mendoza desde otras jurisdicciones para trabajar durante las cosechas se radicaron en la provincia y actualmente integran su propia fuerza laboral.
El diagnóstico también incorporó el impacto que podrían tener las condiciones climáticas durante el período de producción y cosecha 2026-2027. En particular, se consideraron las contingencias asociadas al fenómeno de El Niño, debido a que podrían generar modificaciones en los niveles de actividad y, en consecuencia, en los requerimientos de personal de los establecimientos agrícolas.
Con los datos obtenidos durante las reuniones territoriales, los organismos involucrados continuarán con las siguientes etapas de coordinación institucional. El propósito será consolidar los mecanismos de intervención y asistencia, impulsar la formalización de las relaciones laborales y mejorar la planificación de la contratación de trabajadores.
De esta manera, Mendoza buscará que la incorporación de mano de obra durante las próximas temporadas responda a las necesidades concretas de cada zona productiva, con una mayor coordinación entre los distintos niveles del Estado y herramientas destinadas a prevenir situaciones de vulnerabilidad, informalidad, explotación laboral, trabajo infantil y trata de personas.
