El V Congreso del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA) finalizó después de dos jornadas de debate con el compromiso de avanzar en una agenda federal que permita mejorar el funcionamiento del sistema sanitario. El encuentro tuvo como protagonista a Carlos Funes, presidente de la entidad y director general de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) de Mendoza, quien encabezó el acto de cierre junto al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.
Con la participación de los representantes de las 24 jurisdicciones del país, Funes planteó la necesidad de establecer una estrategia común entre las obras sociales provinciales para dejar atrás los diagnósticos y comenzar a trabajar en respuestas concretas frente a los problemas que atraviesa el sector.
Durante su exposición, el titular de OSEP describió el escenario económico de estas instituciones y señaló que actualmente administraban un ingreso promedio de $110.000 mensuales por afiliado. En ese marco, también consideró necesario aclarar algunos aspectos vinculados con el funcionamiento y la administración de los recursos.
En relación con la transparencia financiera, Funes rechazó que las obras sociales provinciales fueran utilizadas como “cajas políticas”. Explicó que los aportes y las contribuciones correspondientes ingresaban formalmente mediante transferencias realizadas por los gobiernos provinciales a través de los fondos de rentas generales.
Por otra parte, reconoció que distintas jurisdicciones analizaban alternativas para modificar sus modelos sanitarios y mencionó como ejemplos las experiencias de Río Negro y Jujuy. También admitió que, pese a los esfuerzos realizados desde las administraciones, el sistema todavía presentaba problemas estructurales, ineficiencias y limitaciones presupuestarias frente al volumen de prestaciones que debía garantizar.
La propuesta de COSSPRA para construir soluciones
Funes repasó el recorrido del Congreso a lo largo de sus cinco ediciones y destacó que esta última convocatoria tuvo una característica particular: los participantes llegaron con la intención de avanzar en propuestas concretas y no limitarse al intercambio de diagnósticos.
Para organizar ese proceso, propuso constituir una mesa de trabajo encabezada por el Consejo Federal de Salud (Cofesa), con la incorporación de otros sectores y representantes relevantes del sistema sanitario.
Entre los principales objetivos planteados, señaló la necesidad de establecer un listado definido de prestaciones y medidas que debieran estar garantizadas para toda la población. La intención consistió en que cualquier ciudadano pudiera conocer con claridad cuáles eran los servicios de salud que tenía derecho a recibir, independientemente de la jurisdicción en la que residiera.
Además, consideró indispensable identificar de manera explícita qué organismos y autoridades serían responsables de ejecutar ese conjunto de prestaciones y determinar cuáles serían los recursos económicos necesarios para sostenerlo.
Otro de los puntos que incluyó en su propuesta estuvo relacionado con la definición de criterios transparentes para orientar las decisiones institucionales ante los reclamos judiciales. A esto sumó la importancia de establecer pautas claras para incorporar los avances tecnológicos y las innovaciones dentro del sistema de salud.
En el tramo final de su intervención, el presidente de COSSPRA asumió el compromiso de llevar esta agenda a la última reunión anual del Consejo, con el propósito de definir las acciones que se desarrollarían durante el próximo ejercicio.
También ofreció la capacidad de convocatoria de la organización para trabajar de manera coordinada con el Ministerio de Salud de la Nación. En ese sentido, remarcó que el objetivo era evitar que el Congreso terminara siendo solamente “una expresión o una catarsis de dos días”, sin resultados concretos ni medidas que pudieran ponerse en práctica.
Lugones defendió una reorganización del sistema sanitario
La exposición de Carlos Funes dio paso a la intervención del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, quien explicó los lineamientos de la política sanitaria del Gobierno nacional y defendió una distribución de responsabilidades basada en las atribuciones establecidas por la Constitución Nacional.
El funcionario sostuvo que la atención primaria, la administración de los hospitales y la conducción directa de los servicios sanitarios correspondían a las provincias. En contrapartida, definió que la función del Estado nacional debía concentrarse en coordinar las políticas generales, establecer lineamientos, sostener los programas nacionales y garantizar el acceso a las vacunas del calendario oficial y a los medicamentos oncológicos y de alto costo.
“La indicación que me dieron fue respetar la Constitución Nacional. La salud en la Argentina es una responsabilidad primaria de las provincias. Son las provincias las que conducen sus hospitales. El rol de la Nación es otro: coordinar, fijar lineamientos, sostener los programas nacionales y organizar el acceso a vacunas de calendario y medicamentos de alto costo”, expresó.
Durante su discurso, Lugones también cuestionó el funcionamiento del sistema sanitario y sostuvo que su principal dificultad no estaba relacionada exclusivamente con la cantidad de dinero disponible, sino con la forma en que se distribuían y utilizaban los recursos.
En particular, apuntó contra las intermediaciones que consideró innecesarias y la superposición de responsabilidades entre distintos organismos públicos. Además, destacó la eliminación de la triangulación de fondos entre las obras sociales y las empresas de medicina prepaga.
“Dije desde la primera semana que la plata estaba dentro del sistema, que había que buscarla porque estaba ahí y estaba mal utilizada. El problema nunca fue solamente cuánto se gasta, sino cómo se gasta, cuánto de ese gasto termina siendo de verdad una prestación concreta para alguien que la necesita”, manifestó.
Matrículas médicas y transparencia en las farmacias
El ministro también repasó algunas de las medidas impulsadas por su cartera para reducir trámites administrativos en el ejercicio profesional y mejorar la información disponible sobre los precios de los medicamentos.
Uno de los aspectos mencionados fue la eliminación del cobro y de la renovación cada cinco años de la matrícula médica nacional. Lugones defendió la decisión y consideró que los profesionales de la salud no debían afrontar pagos para poder desarrollar su actividad.
“Los profesionales de la salud no deben pagar en ningún lado para poder trabajar. Es inmoral cobrar para eso. Nadie debería pagar para trabajar. Terminar con la matrícula paga es plata que vuelve directamente al bolsillo de cada profesional”, afirmó.
También hizo referencia a las modificaciones vinculadas con la transparencia en las farmacias. En ese punto, mencionó la incorporación de códigos QR para facilitar que los pacientes pudieran comparar los precios y elegir libremente los medicamentos que necesitaban.
El funcionario, sin embargo, señaló que la implementación de esta herramienta encontró obstáculos judiciales impulsados por entidades farmacéuticas.
Qué pasará con el programa Remediar
Otro de los temas centrales de la presentación estuvo relacionado con el futuro del programa Remediar. Lugones aclaró que la iniciativa no sería cerrada, sino que pasaría por una reformulación para integrarse como uno de los componentes del nuevo Plan Nacional de Salud Vascular.
Según explicó, el objetivo consistía en fortalecer la prevención y actuar sobre las enfermedades cardiovasculares, identificadas como la principal causa de mortalidad en la Argentina. La estrategia buscaría intervenir desde el primer nivel de atención para reducir los riesgos antes de que se produzcan complicaciones de mayor gravedad.
En cuanto a la distribución de medicamentos, detalló que la Nación concentraría sus compras en tratamientos destinados a personas con riesgo cardiovascular y en medicamentos de alto costo, incluidos los oncológicos. Para esa política se estimó una inversión superior a los $450.000 millones.
Al mismo tiempo, planteó que las provincias debían asumir la provisión de los medicamentos básicos utilizados en la atención primaria, bajo criterios que permitieran garantizar la trazabilidad de los recursos y de las prestaciones.
“El Remediar no se cierra, el Remediar se reformula. Pasa a ser un brazo clave del Plan Nacional de Salud Vascular en el primer nivel de atención donde puede actuar antes de que el daño ocurra”, sostuvo el ministro.
Y agregó: “No es que dejamos de atender los medicamentos, estamos cambiando qué tipo de medicamentos estamos entregando”.
El compromiso de las provincias y la Nación
En el cierre de su participación, Lugones destacó la representación alcanzada durante el Congreso, que contó con referentes de las 24 jurisdicciones argentinas. Asimismo, resaltó el papel de las obras sociales provinciales como actores fundamentales para implementar políticas de prevención y acercar información sanitaria a los distintos territorios.
El funcionario reconoció que modificar el funcionamiento de un sistema que acumuló dificultades durante muchos años requería tiempo, aunque defendió el rumbo elegido por el Gobierno nacional.
“Reordenar un sistema que funcionó mal durante demasiados años lleva tiempo, pero el rumbo está trazado. Hay provincias que conducen la atención cerca de su gente, una Nación que ejerce rectoría, garantiza lo que cuesta más y mide resultados, y un sistema donde cada peso se convierte en una prestación de calidad”, concluyó.
De esta manera, el encuentro del COSSPRA cerró con el desafío de transformar los planteos realizados durante las dos jornadas en una agenda de trabajo compartida. La propuesta de Funes apuntó a consolidar mecanismos de coordinación entre las provincias y la Nación, mientras que Lugones expuso los cambios que el Ministerio de Salud buscaba implementar en materia de financiamiento, medicamentos y organización de las prestaciones.
El principal desafío quedó planteado en la necesidad de establecer responsabilidades, definir coberturas y garantizar que los recursos disponibles se traduzcan efectivamente en servicios de salud para la población.
