El Gobierno de Mendoza aprobó, a través de un decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial, un convenio de colaboración entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Municipalidad de Luján de Cuyo. El acuerdo apunta a reforzar el acompañamiento de personas privadas de la libertad que estén próximas a finalizar sus condenas y de liberados tutelados que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad social o habitacional.
El protocolo contempla una serie de mecanismos de coordinación entre el Servicio Penitenciario provincial y las áreas de Desarrollo Social de la comuna. El objetivo consiste en detectar los casos que presenten mayores dificultades y facilitar el acceso a distintas herramientas de asistencia durante el proceso de recuperación de la libertad.
La iniciativa está dirigida a personas que hayan residido en Luján de Cuyo y que, al momento de recuperar su libertad, no cuenten con un domicilio donde vivir o con una red familiar que pueda brindarles contención. También alcanza a liberados tutelados que atraviesen situaciones de extrema vulnerabilidad y necesiten ayuda para cubrir necesidades básicas.
Un trabajo coordinado para acompañar la reinserción social
En representación del Ministerio de Seguridad y Justicia participarán la Dirección de Promoción y Control de Liberados, el Programa de Prelibertad y la Capellanía Mayor, organismos que dependen del Servicio Penitenciario.
La Dirección de Promoción y Control de Liberados tendrá entre sus funciones detectar a personas que se encuentren bajo regímenes de libertad anticipada o prisión domiciliaria y que no dispongan de una red de contención. Además, realizará tareas de seguimiento y asistencia destinadas a favorecer los procesos de reinserción social y laboral.
A su vez, el Programa de Prelibertad tendrá la responsabilidad de identificar, antes del egreso de los establecimientos penitenciarios, a aquellas personas que puedan encontrarse en condiciones de vulnerabilidad. Para ello, evaluará sus vínculos y redes familiares y efectuará las derivaciones que correspondan según cada situación.
La Capellanía Mayor aportará acompañamiento espiritual y contención emocional. También colaborará en la atención de necesidades básicas y en la búsqueda de alternativas de alojamiento temporario, de acuerdo con los recursos disponibles.
Desde la Municipalidad de Luján de Cuyo, la Dirección de Desarrollo Social y Familiar, que depende de la Secretaría de Desarrollo Humano, será la encargada de recibir las derivaciones efectuadas por los equipos técnicos del Servicio Penitenciario.
Una vez recibidos los casos, el área municipal evaluará las posibilidades de asistencia teniendo en cuenta las necesidades detectadas y los recursos institucionales con los que cuente la comuna.
El convenio también definió un circuito de intervención para estos casos. El esquema contempla la detección temprana de las situaciones de vulnerabilidad, la elaboración de informes sociales, la derivación hacia los organismos correspondientes y el posterior seguimiento de las acciones implementadas.
Además, el acuerdo estableció la realización de mesas de trabajo entre las instituciones involucradas, junto con registros de los casos que sean atendidos. También se elaborarán informes semestrales destinados a analizar los resultados obtenidos y mejorar los mecanismos de acompañamiento.
Articulación con los municipios
La incorporación de Luján de Cuyo amplió el trabajo que el Ministerio de Seguridad y Justicia ya había comenzado a desarrollar junto con la Municipalidad de Guaymallén, donde previamente se aprobó un protocolo de características similares.
De esta manera, el Gobierno de Mendoza avanzó en la articulación con los municipios para fortalecer el acompañamiento de las personas próximas a recuperar su libertad y de los liberados tutelados que atraviesen situaciones de vulnerabilidad.
El esquema busca coordinar los recursos disponibles de las distintas instituciones, detectar con anticipación las necesidades de cada persona y brindar herramientas que permitan afrontar el regreso a la vida en libertad. La propuesta también apunta a mejorar las condiciones para la reinserción social y laboral, especialmente en aquellos casos en los que no exista una red familiar o habitacional que pueda brindar contención.
