El Gobierno de Mendoza activó sanciones y reforzó medidas preventivas en las escuelas ante las amenazas registradas en los últimos días. Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) anunciaron que iniciarán 19 denuncias de contravenciones en casos donde se identificó a los autores de pintadas, mientras continúan las acciones coordinadas entre Seguridad y Educación, con sanciones y espacios de reflexión dentro de las instituciones.
El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, junto a la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, encabezaron una conferencia de prensa en Casa de Gobierno para informar sobre el acompañamiento a las comunidades educativas afectadas. También participaron la jefa de Gabinete del área educativa, Daniela García, y el jefe de las Fuerzas de Operaciones Especiales, comisario Javier Ortiz.
A una semana del inicio de los hechos y tras un trabajo interministerial sostenido, Rus fue contundente al afirmar que estas situaciones no son bromas. Explicó que cada amenaza o inscripción constituye un delito con consecuencias graves. “Estamos hablando, como mínimo, de intimidación pública, con penas comparables a un robo simple o una estafa”, señaló.
La funcionaria detalló que por cada hecho se abrió una investigación penal, incluyendo casos con menores imputables que ya enfrentan procesos judiciales. Actualmente, seis jóvenes están en condiciones de recibir imputación, con actuaciones en curso en el Ministerio Público Fiscal. También hay expedientes sobre personas inimputables, quienes, si bien no recibirán condena, quedarán registrados en investigaciones formales.
En relación con casos recientes, Rus confirmó la detención e imputación de un adulto acusado de intimidación pública agravada por involucrar a un menor. Aunque fue liberado, la causa continúa en investigación.
Acciones en las escuelas
García Zalazar remarcó que las amenazas vinculadas a armas o tiroteos en escuelas constituyen delitos. Indicó que se activaron protocolos en 230 establecimientos y se gestionó la eliminación de contenidos violentos en redes sociales.
El ministro confirmó la presentación de 19 denuncias contravencionales contra los responsables de pintadas, quienes enfrentarán sanciones escolares y medidas judiciales para sus padres, según el Código de Contravenciones.
Además, informó que se realizaron más de 700 intervenciones por consultas de escuelas afectadas. Equipos pedagógicos, integrados por 418 profesionales, trabajan en abordajes personalizados con estudiantes, docentes y familias, junto con instancias de capacitación para fortalecer la respuesta institucional.
Fuerte operativo de seguridad
Rus destacó que estos hechos implican un alto despliegue de recursos. Se registraron cerca de 400 llamadas al 911, lo que generó un uso intensivo del sistema de emergencias.
En paralelo, se implementó un operativo con 800 policías diarios para cubrir turnos mañana y tarde en las escuelas, incluyendo patrullajes, consignas y relevos. También intervienen áreas de Policía Científica e Investigaciones en cada caso.
La ministra subrayó el rol de las Fuerzas de Operaciones Especiales, especialmente los grupos GES y GRIS, especializados en incidentes críticos y negociación.
Protocolos y capacitación
Desde el Gobierno provincial señalaron que se viene trabajando desde el año pasado en capacitaciones para docentes y brigadistas ante situaciones de tirador activo o agresor armado.
Rus anunció que este año se aprobaron dos resoluciones y protocolos que serán publicados en el Boletín Oficial. Uno está destinado a la primera respuesta policial y otro a la comunidad educativa.
Las guías contemplan distintos escenarios: amenazas de explosivos, conflictos sociales, agresores armados y situaciones de suicidio. Además, destacó que Mendoza cuenta con personal capacitado gracias a entrenamientos realizados con apoyo del Consulado de Israel.
Nueva fase de protocolos escolares
Desde la DGE informaron que los protocolos escolares ingresaron en una nueva etapa, adaptada a la realidad de cada institución. Se buscará reforzar la participación de las familias, mejorar la comunicación y concientizar sobre las responsabilidades legales de los adultos.
Las escuelas podrán realizar jornadas de reflexión para fortalecer la convivencia y garantizar un ambiente adecuado para el aprendizaje.
Finalmente, el Gobierno provincial confirmó que trabaja en conjunto con otras jurisdicciones del país, ya que este fenómeno responde a desafíos virales entre jóvenes. “Es una problemática nueva que requiere una respuesta coordinada para evitar que se repita”, concluyó García Zalazar.
