El Gobierno de Mendoza dio un paso histórico al presentar el proyecto de Ley de Ciberseguridad, una iniciativa que busca convertir la protección digital en una política de Estado y posiciona a la provincia como la primera del país en impulsar una legislación integral sobre esta materia.
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, expuso los principales lineamientos de la propuesta ante la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado provincial. El objetivo es proteger los sistemas informáticos, las infraestructuras críticas y los datos administrados por el Estado, además de fortalecer la prevención y la respuesta frente a ciberataques que puedan comprometer servicios esenciales o facilitar la comisión de ciberdelitos.
La reunión se realizó en la Legislatura de Mendoza y estuvo encabezada por la vicegobernadora Hebe Casado y el presidente de la comisión, el senador Walther Marcolini. También participaron el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, y el subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich.
Durante la presentación, las autoridades detallaron los objetivos, el alcance y las etapas previstas para implementar la normativa, con la intención de garantizar que la política de ciberseguridad tenga continuidad más allá de los cambios de gestión.
Una iniciativa reconocida por especialistas
El proyecto ya fue expuesto en ámbitos técnicos y académicos, donde recibió una valoración positiva de especialistas nacionales e internacionales. Uno de esos espacios fue la conferencia White Hat, realizada en Mendoza, en la que referentes en ciberseguridad y hackers éticos destacaron que la provincia avanzara con una legislación de estas características e incluso solicitaron conocer el contenido de la propuesta.
La iniciativa también despertó interés durante el último Consejo de Seguridad Interior, ya que actualmente no existe una ley similar ni a nivel nacional ni en otras provincias argentinas.
La digitalización exige mayor protección
Mercedes Rus explicó que el crecimiento de los servicios digitales del Estado obliga a reforzar la seguridad de los sistemas que los sostienen.
“Los Estados comenzaron una transformación vinculada con la digitalización de los servicios públicos y de su comunicación con los ciudadanos. Si no protegemos los sistemas y las infraestructuras críticas que sostienen esas prestaciones, nos quedamos a mitad de camino”, afirmó la ministra.
La funcionaria señaló que la iniciativa contempla la protección de áreas estratégicas como salud, seguridad, educación, transporte y energía, con el objetivo de que los organismos públicos estén preparados para responder frente a posibles ataques informáticos.
“Cuando hablamos de proteger las infraestructuras críticas, hablamos de los sistemas que sostienen un hospital público, el sistema de seguridad, el transporte o la energía que llega a los ciudadanos”, sostuvo.
Convertir la ciberseguridad en una política de Estado
Rus remarcó que la futura ley no evitará que Mendoza pueda ser blanco de ataques, pero sí permitirá establecer una estrategia permanente para reducir riesgos y fortalecer la capacidad de respuesta.
“Una ley no va a hacer que dejemos de ser blanco de ciberataques. Lo que hace es generar una política de ciberseguridad, con líneas de acción concretas, un diagnóstico y un plan que nos permita sostener y repeler esos ataques de una mejor manera”, expresó.
La propuesta busca que la ciberseguridad deje de depender de decisiones administrativas y quede respaldada por una ley provincial que garantice continuidad institucional, inversión, capacitación de equipos técnicos y actualización permanente de las herramientas de protección.
“Esto podría haberse establecido mediante un decreto, pero entendemos que debe ser una política de Estado. Es importante que sea la Legislatura la que sancione una ley y que la necesidad del Estado de invertir en ciberseguridad, formar equipos técnicos, trabajar y visibilizar vulnerabilidades esté siempre presente”, destacó.
Rus recordó además que especialistas internacionales valoraron el proyecto durante la conferencia White Hat.
“Es la primera provincia del país que está estudiando una ley de ciberseguridad. Referentes internacionales destacaron que Mendoza estuviera trabajando en un proyecto de estas características, nos lo solicitaron y han visto con muy buenos ojos su contenido”, señaló.
Protección de los servicios esenciales
Uno de los ejes centrales del proyecto es impedir que un ataque informático afecte servicios indispensables para la población, como el sistema de emergencias 911, las historias clínicas digitales, las bases de datos estatales, el transporte público, los sistemas energéticos y las plataformas para realizar trámites.
Rus advirtió que las consecuencias de un ciberataque pueden ir mucho más allá del ámbito tecnológico.
“Queremos proteger, por ejemplo, que el sistema del 911 no sea hackeado y quede interrumpido, o que una historia clínica no sea robada y utilizada para cometer un delito”, explicó.
También advirtió sobre los riesgos asociados a posibles ataques contra los sistemas de transporte, energía o señalización vial.
“Un ataque que deje sin funcionamiento un sistema de transporte o paralice un semáforo puede generar accidentes y afectar vidas humanas. Por eso, proteger las infraestructuras críticas es también proteger a los ciudadanos”, afirmó.
El proyecto establece que los organismos alcanzados deberán identificar los sistemas esenciales, realizar evaluaciones de riesgo, adoptar medidas de protección y reportar los incidentes detectados.
Resguardo de los datos personales
La propuesta también pone el foco en la protección de la información personal que el Estado administra, incluyendo historias clínicas, registros de vacunación, bases educativas, sistemas de seguridad y plataformas digitales.
Rus alertó sobre los riesgos que implica el robo de estos datos, ya que pueden ser comercializados en mercados ilegales o utilizados para cometer estafas.
“Pensemos en la historia clínica de una persona. Si esos datos son atacados, pueden ser vendidos en mercados ilegales y utilizados por terceros para realizar negocios o cometer delitos”, indicó.
La ministra explicó que la utilización de información real facilita las estafas en las que delincuentes se hacen pasar por organismos públicos, bancos o empresas para obtener claves o datos bancarios.
“Cuando una persona recibe una llamada en la que le aportan información real, tiende a confiar. Esa información puede haber sido robada previamente de una base de datos. Por eso, proteger los datos también repercute en la prevención del ciberdelito”, afirmó.
Diferencias entre ciberseguridad y ciberdelito
Durante la reunión, el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, aclaró que el proyecto no modifica el Código Penal ni el Código Procesal Penal.
“Esta no es una ley de ciberdelito. El ciberdelito está regulado por el Código Penal y por el Código Procesal Penal. Este es un proyecto de ciberseguridad del sector público y de quienes se encuentran vinculados con él”, explicó.
Indicó que la iniciativa busca prevenir ataques, proteger sistemas y establecer mecanismos de actuación. En caso de detectarse un posible delito, la denuncia será remitida al Ministerio Público Fiscal.
Jaliff recordó además que Mendoza ya cuenta con herramientas específicas para investigar delitos informáticos, como la figura del agente digital encubierto.
Un comité ejecutivo y un plan provincial
El proyecto contempla la creación de un comité ejecutivo integrado por especialistas de distintas áreas del Gobierno. Su función será elaborar un diagnóstico de la situación de la ciberseguridad en Mendoza y desarrollar un plan provincial con acciones, prioridades, protocolos y herramientas.
Rus explicó que los equipos técnicos ya trabajan en la identificación de vulnerabilidades.
“El comité deberá realizar un diagnóstico y elevar un plan de ciberseguridad. Ese plan permitirá determinar cuál es el estado de situación, qué herramientas se necesitan, cuáles son los soportes y cuáles tienen que ser las respuestas frente a posibles ataques”, detalló.
También se propone crear una autoridad de ejecución operativa encargada de aplicar las medidas técnicas previstas en el plan.
Leandro Biskupovich sostuvo que las decisiones deberán estar exclusivamente en manos de especialistas.
“Quienes estarán a cargo de custodiar los sistemas que prestan servicios esenciales y protegen los datos de los mendocinos serán técnicos. Las decisiones tienen que ser técnicas, estar respaldadas por una ley y no depender del funcionario de turno”, afirmó.
Asimismo, aclaró que estos organismos no administrarán las bases de datos públicas.
“No van a gestionar, mantener ni administrar los datos de los distintos poderes, ministerios u organismos. Su función será garantizar que esos datos estén correctamente custodiados y que nadie pueda acceder a ellos de manera indebida”, explicó.
Según indicó Biskupovich, universidades y especialistas destacaron especialmente la participación del ámbito académico en la elaboración del proyecto.
Registro obligatorio de incidentes
La iniciativa también obliga a los organismos públicos a informar los incidentes y vulnerabilidades detectados.
Rus señaló que actualmente no existe un registro consolidado que permita conocer con precisión la cantidad y características de los ataques sufridos por la administración pública.
“Hoy no hay reportes oficiales consolidados. Con esta ley, los organismos estatales deberán comunicar al comité los ataques recibidos y las vulnerabilidades detectadas, dentro de un ámbito seguro”, indicó.
Esta información permitirá elaborar estadísticas, analizar tendencias y fortalecer la respuesta estatal.
“Esa es la manera de saber cómo nos atacan, quiénes nos atacan y qué respuesta tenemos que fortalecer”, sostuvo.
Biskupovich destacó que la inteligencia artificial incrementó tanto la sofisticación de los ataques como las herramientas disponibles para defenderse.
“Los ataques se incrementaron mucho durante los últimos años. La inteligencia artificial hace que hoy sea más sencillo planificar un ciberataque, pero también existen herramientas para defenderse”, explicó.
El funcionario remarcó además el concepto de resiliencia de los sistemas.
“Sabemos que los ataques van a continuar y que probablemente van a crecer. Lo que debemos garantizar es que, aun cuando ocurra un ataque, los servicios esenciales de la provincia continúen prestándose con la misma calidad”, afirmó.
Participación de hackers éticos
Uno de los aspectos más innovadores de la propuesta es la incorporación de mecanismos para que hackers éticos y especialistas puedan reportar vulnerabilidades mediante canales formales y protegidos.
Biskupovich explicó que muchos expertos evitan informar fallas por temor a enfrentar denuncias.
“Muchas vulnerabilidades no son reportadas porque quien las detecta teme ser denunciado por un acceso no autorizado. La ley busca generar un canal formal y brindar garantías para que puedan informar esas fallas”, indicó.
También resaltó el aporte que puede realizar la comunidad técnica.
“Es muy importante recibir esa información antes de que un hacker malicioso explote una vulnerabilidad, robe una base de datos o interrumpa un servicio”, señaló.
La elaboración del proyecto contó con la colaboración de especialistas, representantes de la Universidad Tecnológica Nacional, otras instituciones académicas y referentes del sector privado vinculados con la seguridad informática.
Garantizar la continuidad de los servicios
Biskupovich afirmó que el éxito de la política de ciberseguridad se medirá por la posibilidad de que los ciudadanos continúen utilizando los servicios públicos con normalidad.
“El ciudadano no tendría que percibir nada. Lo que buscamos es que cuando necesite llamar a un sistema de emergencias, acceder a su historia clínica o realizar un trámite, el servicio esté disponible y sus datos estén protegidos”, expresó.
También destacó que las inversiones en esta materia suelen pasar desapercibidas, aunque son fundamentales.
“Es más sencillo mostrar una obra física que una inversión en ciberseguridad, porque estas soluciones no se ven. Pero son las que permiten que un servicio esencial no se interrumpa y que una base de datos no termine circulando en mercados ilegales”, afirmó.
Identidad digital y comunicación segura
Durante la exposición, Rus vinculó el proyecto con la modernización del Estado y con el desarrollo de la plataforma Mendoza × Mí, que permitirá fortalecer la identidad digital y la realización segura de trámites.
“Ordenar la comunicación digital del Estado con el ciudadano también es una herramienta de prevención. Si una persona sabe que existe una única vía oficial y que debe utilizar su identidad digital, tendrá más elementos para detectar un intento de estafa”, explicó.
La ministra sostuvo que la Ley de Modernización y el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas hicieron posible avanzar hacia una política integral de ciberseguridad.
“Mendoza puede estar discutiendo hoy una ley de estas características porque realizó un camino previo. La modernización, la identidad digital y la incorporación de tecnología permiten dar este nuevo paso”, concluyó.
Implementación por etapas
Las autoridades aclararon que la aplicación de la ley será progresiva. En una primera etapa se conformará el comité ejecutivo, se realizará el diagnóstico y se elaborará el plan provincial. Posteriormente se definirán las herramientas, los servicios, la tecnología y los recursos necesarios para su implementación.
Rus precisó que la aprobación del proyecto no implica una asignación presupuestaria inmediata.
“El proyecto establece una política de Estado, crea una autoridad de aplicación y una autoridad técnica y dispone la elaboración de un plan. Cuando ese plan esté desarrollado, se podrá determinar si es necesario contratar servicios o incorporar nuevas herramientas y cuál será el impacto presupuestario”, concluyó.
