El Gobierno de Mendoza proyectó para 2027 una nueva etapa de su política de seguridad, con una fuerte incorporación de tecnología destinada a potenciar las investigaciones criminales y ampliar la capacidad de respuesta de la Policía. Entre las principales novedades aparecieron las bases autónomas de drones vinculadas al 911, la expansión del reconocimiento facial, la compra de 800 lectores de patentes y un sistema para seguir la trazabilidad de bienes usados y combatir los mercados ilegales.
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, presentó los lineamientos del Presupuesto 2027 ante legisladores provinciales. La estrategia planteada buscó profundizar la política implementada desde 2024 y sumar nuevas herramientas para la prevención, la investigación y el trabajo operativo de la Policía de Mendoza.
La exposición se desarrolló ante la comisión de Hacienda y Presupuesto, encabezada por Elisabeth Crescitelli. También participaron el jefe de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo; el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff; el subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich, y el director de Administración del Ministerio, Marcelo Penutto.
El proyecto apuntó a fortalecer los operativos policiales y las investigaciones criminales, además de ampliar las posibilidades de identificar y detener a personas buscadas por la Justicia. A su vez, contempló mejorar la respuesta frente a emergencias y avanzar contra los mercados ilegales vinculados con los robos.
Rus sostuvo que el presupuesto permitiría continuar con la política criminal y de seguridad definida para Mendoza. En ese sentido, remarcó que la estrategia consistió en buscar a los delincuentes, utilizar las cámaras para su vigilancia y recurrir al reconocimiento facial para identificarlos y evitar situaciones de impunidad.
La planificación para 2027 también buscó profundizar las herramientas que ya estaban en funcionamiento e incorporar nuevas capacidades para anticipar intervenciones, obtener pruebas y actuar sobre los circuitos económicos relacionados con diferentes modalidades delictivas.

Drones autónomos conectados al 911
Una de las principales novedades anunciadas fue la incorporación de un Sistema Aéreo de Respuesta Inmediata, conectado al 911, que permitirá desplegar drones desde bases autónomas cuando se produzcan alertas consideradas de alta prioridad.
El proyecto contempló incorporar 20 drones y 20 estaciones autónomas. La implementación se realizará progresivamente y la primera etapa abarcará diez puntos estratégicos del Gran Mendoza.
La innovación permitirá que, frente a una emergencia, los drones despeguen desde la estación más cercana y transmitan imágenes en tiempo real al Centro Estratégico de Operaciones. De esta manera, la Policía podrá contar con información visual del lugar incluso antes de que llegue el primer móvil.
Rus explicó que las aeronaves podrán activarse directamente desde los Centros Estratégicos de Operaciones. El objetivo será observar rápidamente la escena y transmitir información a los policías que se encuentren camino al lugar de la emergencia.
La ministra señaló que la intención será reducir los tiempos de respuesta, ganar eficiencia durante las emergencias y, al mismo tiempo, reunir elementos que permitan llevar ante la Justicia a los responsables de los delitos.
El nuevo avance quedó vinculado con la modernización del sistema 911 iniciada en 2024, cuando Mendoza incorporó la geolocalización de las personas que pedían asistencia. Posteriormente se sumaron herramientas para identificar señales que contribuyeron al desarrollo de investigaciones.
Como ejemplo, Rus destacó que el uso de estas tecnologías permitió localizar y detener a dos autores de homicidios ocurridos en Guaymallén, además de brindar apoyo en otras causas.
El sistema aéreo aprovechará la experiencia de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), que durante 2025 extendió sus sedes operativas hacia diferentes puntos del territorio provincial.
Según destacó la ministra, Mendoza cuenta con la mayor cantidad de pilotos de drones certificados del país. Esa capacidad será utilizada para avanzar hacia respuestas aéreas automatizadas y reducir los tiempos de intervención.
A su vez, Seguridad y Justicia trabajó junto al Ministerio de Gobierno, encabezado por Natalio Mema, en un proyecto de paradas seguras para el transporte público. La iniciativa previó conectar mecanismos de alerta con los drones, de modo que una emergencia registrada en una parada de colectivos pueda generar una respuesta aérea inmediata y posteriormente la llegada de efectivos policiales.
El anuncio formal de este proyecto quedó previsto para el primer trimestre de 2027.

Mendoza ampliará el reconocimiento facial y los lectores de patentes
Otro de los puntos centrales del Presupuesto 2027 fue la expansión de la videovigilancia inteligente. Mendoza contaba con 160 cámaras equipadas con reconocimiento facial y el objetivo será llegar a 300 dispositivos, prácticamente el doble de la capacidad instalada.
El sistema permite emitir alertas para localizar personas con pedidos de captura, detectar incumplimientos de medidas ordenadas por la Justicia y colaborar en búsquedas de personas con pedidos de paradero.
Rus resaltó los resultados obtenidos desde la puesta en marcha del reconocimiento facial y mencionó el caso de una persona prófuga que pudo ser localizada mediante esta herramienta y posteriormente recibió una condena, en un proceso que demandó menos de 30 días.
La funcionaria sostuvo que ese era el modelo que pretendían profundizar, mediante la vinculación entre la identificación tecnológica, las investigaciones policiales y los procesos judiciales.
En paralelo, el Gobierno proyectó adquirir 800 nuevas cámaras lectoras de patentes, que se incorporarán a las 250 existentes. De concretarse la compra, Mendoza llegará a 1.050 dispositivos, más de cuatro veces la capacidad actual.
Los equipos permitirán detectar vehículos relacionados con hechos delictivos, ampliar los controles y sumar información relevante para las investigaciones.
El despliegue se completará con nuevas cámaras de videovigilancia, equipamiento para comunicaciones y mejoras en la infraestructura tecnológica del 911 y de los Centros Estratégicos de Operaciones.

Más tecnología para las investigaciones criminales
El Presupuesto 2027 también puso el foco en profundizar las investigaciones mediante la integración de tecnología, sistemas de identificación y capacidades forenses que faciliten la individualización de los responsables de los delitos.
Dentro de esta estrategia, el Laboratorio de Genética Forense y el nuevo Laboratorio de Balística ocuparon un lugar central para vincular evidencias, identificar sospechosos y aportar pruebas científicas a las causas judiciales.
Rus señaló durante su exposición que Mendoza cuenta con cuatro laboratorios especializados y destacó la necesidad de integrar las evidencias digitales obtenidas mediante cámaras y drones con las herramientas científicas disponibles.
La ministra también puso énfasis en los compromisos anunciados durante la presentación del presupuesto anterior. Recordó que se había prometido implementar un laboratorio de identificación balística y ampliar el reconocimiento facial, dos herramientas que ya se encontraban operativas.
En ese contexto, explicó que la presentación ante los legisladores sirvió tanto para mostrar los resultados obtenidos con la ejecución presupuestaria anterior como para detallar las nuevas capacidades previstas para 2027.
La estrategia apuntó así a consolidar un modelo que permita identificar a quienes cometan delitos, reconstruir sus movimientos, obtener pruebas y ponerlos a disposición de la Justicia.

Un sistema de trazabilidad contra la venta de bienes robados
Otra de las medidas previstas fue implementar un sistema de tokenización para mejorar la trazabilidad de operaciones de compraventa de determinados artículos usados, entre ellos bicicletas, teléfonos celulares y computadoras.
El objetivo será actuar sobre los circuitos comerciales que favorecen la circulación de elementos robados y generar nuevas herramientas para prevenir tanto delitos como estafas relacionadas con esas transacciones.
Rus explicó que el sistema ya fue desarrollado y pasó por diferentes etapas de prueba. Además, recibió modificaciones a partir de observaciones realizadas por grupos vinculados con la actividad ciclista.
La iniciativa seguirá una estrategia similar a la aplicada en Mendoza para combatir el robo de cobre y la faena clandestina. En esos casos, las investigaciones y los controles no se limitaron a quienes cometían directamente los delitos, sino que también buscaron intervenir sobre los mercados donde podían obtener beneficios económicos.
Según los datos expuestos por la ministra, las medidas contra el robo de cobre permitieron alcanzar una reducción cercana al 80%. En tanto, los controles relacionados con la faena clandestina y el abigeato permitieron sacar de circulación 40 toneladas de productos cárnicos ilegales y recuperar cerca de 15.000 animales.
La nueva etapa buscará otorgar mayor trazabilidad a los mercados legales de artículos usados para dificultar el funcionamiento de los circuitos ilegales.
Rus remarcó que reducir la demanda de productos robados también resultaba fundamental para disminuir este tipo de delitos.
La herramienta ofrecerá un entorno más seguro para las operaciones de compraventa, facilitará la identificación de los bienes y buscará impedir que puedan comercializarse por fuera de los canales legales.
La ministra insistió en que actuar sobre quienes compran mercadería robada forma parte de la estrategia para reducir estos delitos.
El Gobierno previó presentar oficialmente esta iniciativa durante el primer trimestre de 2027.

Nuevos controles para evitar celulares dentro de las cárceles
El Presupuesto 2027 incluyó además nuevas herramientas tecnológicas para reforzar los controles de ingreso a los establecimientos penitenciarios de Mendoza e impedir la entrada de elementos prohibidos.
Rus anunció que a comienzos de 2027 se incorporarán escáneres corporales y de bolsos, que tendrán como finalidad detectar teléfonos celulares, chips y otros objetos cuyo ingreso a las cárceles no esté permitido.
La incorporación del equipamiento estará acompañada por un proyecto para reformar el régimen disciplinario de las personas privadas de libertad y las condiciones relacionadas con las visitas. La iniciativa será presentada próximamente ante la Legislatura provincial.
La ministra explicó que el propósito será impedir que los controles sean vulnerados para introducir celulares o chips y señaló que, además de la tecnología, será necesario contar con un marco normativo adecuado.
De acuerdo con lo detallado durante la presentación, los nuevos equipos llegarán a principios de 2027 y comenzarán a funcionar durante ese período como complemento de las medidas de control y seguridad aplicadas dentro de los establecimientos penitenciarios.

Una nueva etapa para la seguridad en Mendoza
El Presupuesto 2027 buscó consolidar las transformaciones desarrolladas en Mendoza durante los últimos tres años, una etapa marcada por reformas legales, incorporación de tecnología y fortalecimiento de las investigaciones criminales.
La próxima fase estará enfocada en integrar esas herramientas para mejorar la prevención, anticipar las intervenciones policiales, localizar a personas requeridas por la Justicia y ampliar la capacidad de respuesta frente a diferentes hechos delictivos.
El objetivo planteado será profundizar una política de seguridad basada en la combinación de presencia policial, investigación criminal, tecnología y controles sobre los circuitos ilegales. La Provincia proyectó así sumar herramientas para localizar a los responsables de los delitos, reunir pruebas y ponerlos a disposición de la Justicia.





