El Gobierno de Mendoza concretó la adjudicación de las concesiones destinadas a la prestación de servicios turísticos en el Parque Provincial Aconcagua, luego de finalizar el proceso de licitación impulsado por el Ministerio de Energía y Ambiente.
La convocatoria fue abierta y recibió un total de doce ofertas, que posteriormente fueron sometidas a distintas instancias de evaluación administrativa, técnica, económica y ambiental. El objetivo fue establecer un nuevo modelo para organizar y jerarquizar los servicios que se ofrecen en los campamentos de aproximación, base y altura del área protegida.
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó la importancia del proceso y remarcó que la adjudicación representa un avance hacia un esquema con mayor previsibilidad.
“Llegar a esta adjudicación implicó un trabajo integral sobre el territorio, no solamente sobre los servicios que se necesitan, sino también sobre dónde pueden desarrollarse y bajo qué condiciones. El objetivo es ordenar la actividad y dar previsibilidad, pero siempre teniendo como prioridad la conservación del Aconcagua”, señaló.
Por su parte, el director de Áreas Protegidas, Iván Funes Pinter, explicó que la licitación estuvo acompañada por una planificación previa que incluyó distintos aspectos vinculados con el funcionamiento del parque.
Según detalló, ese trabajo contempló la zonificación del área protegida, el relevamiento de las necesidades existentes en los diferentes sectores y la determinación de su capacidad de carga. También se incorporó la aprobación legislativa de un marco normativo que define cuáles son las zonas habilitadas para desarrollar actividades y cuáles deben mantenerse intangibles.
Servicios destinados al ascenso y trekking
Las concesiones otorgadas abarcan servicios turísticos de apoyo para quienes realizan actividades de ascenso y trekking en el Aconcagua.
Entre las prestaciones previstas se encuentran alojamiento, gastronomía, sanitarios, comunicaciones, logística de cargas y guías habilitados.
Los servicios estarán distribuidos en los campamentos de Plaza de Mulas, Plaza Argentina, Confluencia, Pampa de Leñas y Casa de Piedra, conforme a la distribución definida durante las etapas de evaluación y adjudicación.
Como resultado del proceso licitatorio, fueron seleccionados 11 prestadores:
- Aconcagua Expediciones SA.
- Aconcagua Visión SRL.
- Aconcagua MG SA.
- Fernando Grajales Expeditions SA.
- Lanko Altas Montañas.
- South Face SAS.
- Víctor Hugo Herrera –Mallku–.
- Andesport SAS.
- Backpack Logística SA.
- Juan Antonio Herrera.
- Zurbriggen 6962 SAS.
Para determinar las adjudicaciones se analizaron la capacidad técnica de cada oferente, las propuestas económicas y los componentes ambientales y operativos.
En aquellos casos donde distintos prestadores solicitaron los mismos espacios, se aplicaron diferentes criterios para definir la asignación. Entre ellos estuvieron la ubicación previa, el puntaje técnico obtenido, el canon ofrecido, los beneficios ambientales y operativos y la búsqueda de una distribución equilibrada entre los operadores.
Un nuevo esquema con reglas definidas y mayor fiscalización
Uno de los principales cambios que introduce este modelo es el abandono de los permisos precarios y las autorizaciones provisorias que durante años utilizaron numerosos prestadores para desarrollar sus actividades dentro del Parque Provincial Aconcagua.
Con las nuevas concesiones se establecen reglas, obligaciones y condiciones de prestación claramente determinadas. De esta manera, se apunta a brindar mayor seguridad jurídica y previsibilidad a los operadores y, al mismo tiempo, reforzar las herramientas con las que cuenta el Estado para controlar y fiscalizar los servicios.
El decreto dispone que, una vez que la adjudicación sea efectiva, se revocarán los permisos precarios existentes correspondientes a los servicios incluidos dentro del nuevo régimen.
A partir de ese momento, la Dirección de Áreas Protegidas tendrá a su cargo la identificación de esos permisos, la verificación de su situación jurídica y la instrumentación del proceso necesario para que las prestaciones pasen a estar a cargo de los concesionarios adjudicados.
Latorre también puso el foco en la previsibilidad que el nuevo sistema busca generar para quienes trabajan en el parque y en las mejoras para los visitantes.
“Estamos dando previsibilidad a prestadores que en muchos casos llevan décadas trabajando en el Aconcagua y, al mismo tiempo, estableciendo condiciones claras para la prestación de los servicios. Esto nos permite mejorar la calidad para quienes visitan el parque y fortalecer la capacidad de control del Estado”, afirmó la ministra.
La protección ambiental, una condición para los concesionarios
El cuidado del ambiente ocupa un lugar central dentro de las obligaciones previstas en el nuevo esquema de concesiones.
Cada oferente tuvo que presentar un plan ambiental y logístico integral, en el que se contemplaron cuestiones vinculadas con la gestión de residuos, el uso eficiente del agua, la incorporación de energías renovables y la protección de ecosistemas sensibles.
Además, antes de iniciar sus operaciones, los adjudicatarios deberán cumplir con las condiciones ambientales establecidas para el desarrollo de las actividades.
Estas exigencias incluyen protocolos de gestión, responsables ambientales habilitados, indicadores de desempeño, mecanismos de monitoreo y procedimientos de auditoría.
A las obligaciones ambientales se suma una garantía de adjudicación y cumplimiento contractual que deberá ser constituida por cada concesionario antes de la firma.
El monto de esa garantía será equivalente al 10% del importe correspondiente al primer año de concesión y deberá instrumentarse a través de un seguro de caución.
Con este nuevo modelo, la Provincia busca que los servicios turísticos que se desarrollan en el Parque Provincial Aconcagua se adapten a las características y exigencias propias de un área natural protegida de alta montaña.
La intención es avanzar hacia mayores estándares de calidad, seguridad y sustentabilidad, acompañados por controles permanentes sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas por cada uno de los concesionarios.
