La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, defendió ante la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados dos iniciativas impulsadas por el Gobierno provincial que apuntaron a fortalecer las políticas de seguridad. Los proyectos contemplaron la creación del Banco Provincial de Perfiles Balísticos y una modificación del régimen penitenciario para profundizar los controles dentro de las cárceles.
La exposición se realizó en el edificio de Comisiones de la Legislatura provincial. Rus estuvo acompañada por el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff; el director general del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana; y la subdirectora general, Alejandra Llarena. También participaron la jefa de Policía Científica, subcomisaria Erica Bengolea, y la directora del Laboratorio de Huellas Balísticas, Silvana Girula.
Las coincidencias balísticas aumentaron un 241% con la nueva tecnología
Una de las iniciativas presentadas correspondió a la creación del Laboratorio Provincial de Huellas Balísticas y del Banco Provincial de Perfiles Balísticos. El proyecto ya obtuvo media sanción por unanimidad en el Senado y buscó consolidar la utilización de herramientas tecnológicas para establecer relaciones entre armas de fuego y evidencias recolectadas en diferentes investigaciones judiciales.
La propuesta también apunta a otorgar un marco legal al Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS), una tecnología que Mendoza incorporó en febrero de 2026 a través de una inversión provincial. El desarrollo incluyó la adquisición de equipamiento especializado y la construcción de instalaciones acondicionadas para el funcionamiento del sistema.
Durante su presentación, Rus explicó que, antes de la llegada de esta herramienta, los especialistas de Policía Científica realizaban las comparaciones balísticas de forma manual. El procedimiento requería fotografías y un análisis técnico de las vainas servidas encontradas en las escenas de los delitos.
Con el nuevo sistema, parte de esas tareas se automatizó y se amplió la capacidad de análisis, ya que también permite incorporar proyectiles y encontrar posibles conexiones entre investigaciones vinculadas con distintos episodios delictivos.
La ministra destacó los primeros resultados alcanzados desde la puesta en marcha del equipamiento y señaló que las coincidencias balísticas registraron un incremento del 241%.
“Este laboratorio ya está en funcionamiento a través de un nuevo sistema tecnológico que nos permite tener un mejor control sobre las armas ilegales en Mendoza. La tasa de coincidencias delictivas ha aumentado 241 %, con lo cual, siendo un laboratorio que inauguramos en febrero, ya tenemos buenos resultados para mostrarle a la sociedad mendocina”, sostuvo Rus.
Además, la funcionaria consideró fundamental que el sistema cuente con una legislación específica que garantice su continuidad y proteja los recursos destinados a su desarrollo. En ese sentido, remarcó que la herramienta debe permanecer como una política pública más allá de los cambios de administración provincial.
“Es muy importante que tenga una norma que pueda cobijar toda la inversión que la provincia ha hecho en este sistema y que permita que, cualquiera sea el gobierno que esté, esto sea una política pública”, afirmó.
Otro aspecto señalado durante la exposición fue que Mendoza se convirtió en la única provincia argentina cuya Policía dispone de esta tecnología. A nivel nacional, el sistema también es utilizado por la Policía Federal Argentina.
En ese contexto, Rus informó que la Provincia firmó un convenio con el Ministerio de Seguridad de la Nación para avanzar en la interoperabilidad de las bases de datos. El objetivo es facilitar el intercambio de información y ampliar las posibilidades de identificación de armas relacionadas con diferentes hechos criminales.
A su vez, indicó que se iniciaron gestiones con autoridades policiales de Chile para habilitar un mecanismo de cooperación que permita compartir información balística. La intención es detectar posibles conexiones entre armas utilizadas en delitos cometidos en distintas jurisdicciones.
El proyecto también establece qué información podrá integrar el banco provincial. Se incluirán perfiles correspondientes a armas secuestradas, incautadas, decomisadas o recuperadas, además de aquellas que pertenezcan a las fuerzas de seguridad de Mendoza y a empresas de seguridad privada.
Para los legítimos usuarios particulares, en cambio, la incorporación de los perfiles balísticos tendrá carácter voluntario.
La reforma penitenciaria busca frenar las actividades ilegales desde las cárceles
El segundo proyecto que presentó Mercedes Rus propone modificar la Ley 8465, que regula el régimen disciplinario penitenciario. La iniciativa apunta a actualizar las disposiciones vigentes, establecer sanciones más severas frente a determinadas conductas prohibidas y fortalecer las medidas de seguridad que se implementaron en las cárceles mendocinas desde diciembre de 2023.
Uno de los principales objetivos de la reforma consiste en impedir que las personas privadas de libertad continúen participando en actividades delictivas desde el interior de los establecimientos penitenciarios.
La ministra puso especial énfasis en la necesidad de desarticular los circuitos ilegales relacionados con la circulación de teléfonos celulares y drogas dentro de las cárceles.
“Queremos cortar los mercados ilegales. Venimos trabajando en eso, tanto en materia de celulares como de drogas intramuros, y vamos a seguir haciéndolo”, manifestó.
La propuesta incorpora, además, los conceptos de seguridad e inteligencia penitenciaria y establece disposiciones específicas para los internos considerados de Muy Alto Perfil (MAP). Se trata de una clasificación que ya se encuentra vigente en el complejo penitenciario Almafuerte II.
Entre las modificaciones previstas figuran nuevas faltas graves relacionadas con la tenencia, utilización y comercialización de teléfonos celulares, tarjetas SIM y otros dispositivos de comunicación que no estén autorizados dentro de las unidades penitenciarias.
El alcance de las prohibiciones también incluye las conexiones clandestinas a internet y electricidad. Asimismo, se contemplan sanciones para los internos que participen sin autorización en videoconferencias, transmisiones en directo mediante plataformas de streaming o publicaciones en redes sociales.
Otro de los puntos relevantes del proyecto está relacionado con las personas que visitan a los internos y que intenten ingresar objetos prohibidos a los establecimientos penitenciarios.
Para esos casos, la iniciativa establece un esquema progresivo de restricciones. Ante una primera infracción, la prohibición de ingreso podrá extenderse hasta 180 días. Si se registra una reincidencia, el plazo podrá elevarse a 365 días, mientras que una tercera falta podrá derivar en la prohibición definitiva de ingresar a la cárcel.
Rus explicó que la intención es establecer consecuencias concretas frente a los incumplimientos y contar con herramientas legales que permitan aplicar y sostener las sanciones correspondientes.
Nuevos escáneres y tecnología para reforzar la seguridad penitenciaria
Durante su exposición ante los legisladores, la ministra también repasó las inversiones realizadas para modernizar los establecimientos penitenciarios y anticipó nuevas incorporaciones tecnológicas destinadas a mejorar los controles.
Entre las medidas concretadas durante 2025 mencionó la instalación de 300 cámaras de seguridad, la actualización de los sistemas de ingreso y la incorporación de tecnología de comunicaciones TETRA.
Este último sistema permite que el personal penitenciario mantenga comunicaciones encriptadas, seguras y sin interferencias, una herramienta destinada a mejorar la coordinación y las condiciones de trabajo dentro de las unidades.
La próxima etapa del plan contempla la adquisición de escáneres de bolsos y equipos de inspección corporal. Estos dispositivos permitirán detectar elementos cuya entrada a las cárceles está prohibida, entre ellos teléfonos celulares, chips, drogas y otros objetos.
Según explicó Rus, la incorporación de estos recursos tecnológicos permitirá reforzar los procedimientos de revisión y, al mismo tiempo, brindar mayor protección a los agentes penitenciarios. La funcionaria señaló que los nuevos equipos también ayudarán a reducir la exposición del personal ante posibles agresiones o situaciones de presión durante las inspecciones.
En relación con los plazos, confirmó que el proceso de licitación ya se encuentra en marcha y que los recursos necesarios están contemplados en el presupuesto ejecutado.
De acuerdo con el cronograma previsto, los equipos podrían llegar antes de diciembre de 2026, mientras que su implementación comenzaría durante 2027.
La instalación alcanzará a los cuatro principales establecimientos penitenciarios de máxima seguridad de Mendoza: Almafuerte I, Almafuerte II, Boulogne Sur Mer y San Felipe.
De esta manera, las dos iniciativas defendidas por el Ministerio de Seguridad y Justicia apuntaron a fortalecer diferentes áreas de la política provincial: por un lado, mejorar la identificación de armas vinculadas con investigaciones criminales y, por otro, ampliar las herramientas para controlar las comunicaciones y evitar el funcionamiento de circuitos ilegales dentro de las cárceles.
