Mendoza cuenta con una nueva Ley de Hidrocarburos luego de que el Senado provincial aprobara por amplia mayoría la reforma promovida por el Poder Ejecutivo. La iniciativa actualiza una legislación que llevaba más de dos décadas de vigencia y establece nuevas condiciones para impulsar inversiones, recuperar la producción de los yacimientos maduros, desarrollar los recursos no convencionales y fortalecer los controles ambientales.
Con esta votación, la Cámara Alta otorgó sanción definitiva al proyecto, que ya había conseguido media sanción en Diputados el pasado 21 de octubre, con 39 votos afirmativos y cuatro negativos.
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó la importancia de adecuar las normas a los cambios registrados durante los últimos años. “El mundo cambió en dos décadas, tanto en aspectos normativos como ambientales. Es fundamental acompañar con una ley acorde que dé previsibilidad a las inversiones y que nos permita proyectar el desarrollo de nuestros recursos hidrocarburíferos para los próximos 50 años”, expresó.
La nueva legislación mantiene el dominio provincial sobre los recursos hidrocarburíferos y adapta el marco regulatorio a las transformaciones tecnológicas, productivas y normativas de las últimas dos décadas, entre ellas las introducidas por la Ley Bases nacional.
El propósito central es establecer condiciones específicas para las dos realidades que presenta la actividad petrolera mendocina: por un lado, los yacimientos convencionales maduros y, por otro, las posibilidades de desarrollo no convencional vinculadas con la Cuenca Neuquina.
En ese sentido, Latorre señaló que la provincia enfrenta dos objetivos principales. El primero consiste en mantener la actividad en los campos convencionales mediante nuevas inversiones y tecnologías que permitan recuperar los niveles de producción y prolongar la vida útil de los yacimientos. El segundo apunta a generar las condiciones necesarias para transformar el potencial de Vaca Muerta en Mendoza en proyectos productivos concretos.
La funcionaria también remarcó que la actualización de la normativa integra una estrategia de largo plazo para consolidar la actividad hidrocarburífera y aprovechar los recursos energéticos provinciales. “Mendoza tiene un enorme potencial energético y nuestro desafío es convertirlo en más producción, inversiones y oportunidades de trabajo para los mendocinos”, afirmó.
Un esquema de regalías más flexible para atraer inversiones
Entre las principales modificaciones de la ley aparece la actualización del sistema de regalías que se aplicará en las próximas licitaciones de áreas hidrocarburíferas.
Hasta ahora, la legislación establecía un porcentaje general del 12% sobre la producción, aunque contemplaba la posibilidad de reducirlo hasta el 5%, dependiendo de las particularidades de cada proyecto.
Con el nuevo régimen, la regalía de referencia quedó establecida en el 15%. Sin embargo, las compañías podrán presentar ofertas con porcentajes superiores o inferiores, de acuerdo con las condiciones económicas y productivas de las áreas que pretendan desarrollar.
La modificación permitirá que el Gobierno provincial adapte las condiciones de cada concesión a las características de los yacimientos. De esta manera, podrá obtener una mayor participación en aquellos proyectos con mejores perspectivas económicas y establecer porcentajes más bajos cuando resulte necesario para facilitar inversiones que, de otra forma, podrían no concretarse.
Otro aspecto relevante es que las adjudicaciones dejarán de depender exclusivamente del porcentaje de regalías ofrecido por las empresas. La evaluación también contemplará el valor integral de las propuestas, los niveles de producción previstos y los compromisos de inversión asumidos por las compañías. Estos últimos tendrán una incidencia preponderante en la fórmula utilizada para seleccionar a los adjudicatarios.
La normativa también establece beneficios destinados a recuperar pozos que permanecen inactivos, impulsar trabajos de exploración complementaria, promover la producción de crudos pesados y desarrollar proyectos de recuperación mejorada.
Para estas iniciativas se podrán establecer regalías inferiores al 5%, siempre que exista una fundamentación técnica que justifique esa condición.
Además, las empresas tendrán la posibilidad de compensar parcialmente el canon de explotación cuando concreten nuevas inversiones vinculadas con proyectos de riesgo exploratorio. Para acceder a ese beneficio, deberán comprometer desembolsos que representen, como mínimo, el doble del importe que buscan compensar.
En el caso de los permisos de exploración, la ley contempla una reducción de hasta el 80% del canon correspondiente a una prórroga.
Vaca Muerta se incorpora expresamente a la legislación provincial
Otra de las novedades centrales es la incorporación de las concesiones de explotación no convencional de hidrocarburos, una figura que no estaba contemplada en la normativa sancionada en 2006.
A partir de esta modificación, Mendoza contará con un marco regulatorio específico para desarrollar sus recursos no convencionales. También quedará habilitada la posibilidad de reconvertir concesiones existentes hacia este régimen, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la legislación nacional.
La incorporación adquiere especial relevancia para Malargüe y la lengua mendocina de Vaca Muerta, donde la explotación de estos recursos demanda inversiones de gran escala, tecnologías particulares y períodos de desarrollo más prolongados.
El objetivo es acompañar las tareas exploratorias y generar condiciones que permitan a las compañías proyectar emprendimientos de mayor dimensión. Para ello, la normativa busca ofrecer previsibilidad jurídica y reglas que contemplen las características propias de la producción no convencional.
Mayores exigencias ambientales durante todo el ciclo de los proyectos
La reforma también amplía las responsabilidades ambientales que deberán cumplir las empresas hidrocarburíferas. Las obligaciones abarcarán todas las etapas de los emprendimientos, desde las primeras tareas de exploración y explotación hasta el cierre y abandono definitivo de los yacimientos.
Las operadoras tendrán que implementar acciones para prevenir y reducir los impactos ambientales, efectuar los monitoreos correspondientes y realizar trabajos de recomposición o restauración cuando las circunstancias lo requieran.
Entre las exigencias también se encuentran las tareas de cierre y abandono de pozos, instalaciones y ductos, además del saneamiento de los pasivos ambientales que puedan quedar como consecuencia de las operaciones.
Uno de los puntos expresamente incorporados establece que una compañía no quedará liberada de sus responsabilidades ambientales por el solo hecho de retirarse de un área. Es decir, las obligaciones generadas durante el desarrollo de su actividad continuarán vigentes aunque deje de operar en ese territorio.
La legislación suma, además, la presentación obligatoria de una Declaración Jurada de Buenas Prácticas cada dos años. Este documento tendrá carácter público e incluirá información sobre distintos aspectos de la actividad empresarial.
Entre los contenidos que deberán informarse figuran las políticas ambientales, el vínculo con las comunidades, la capacitación de los trabajadores, la participación de proveedores locales, las prácticas de transparencia e integridad y las condiciones de higiene y seguridad laboral.
Sanciones actualizadas y fortalecimiento de los controles
La nueva ley también modifica el sistema de sanciones para las empresas que incumplan las disposiciones vigentes.
Uno de los cambios consiste en reemplazar los montos fijos en pesos, que habían perdido actualidad, por multas calculadas en función del precio de la nafta súper. De esta manera, las penalidades quedarán vinculadas a un valor de referencia que permitirá mantener actualizados sus importes.
Las infracciones estarán divididas en cuatro categorías: leves, graves, muy graves y gravísimas.
Para establecer el tipo de sanción se tendrán en cuenta diferentes elementos, entre ellos la gravedad del incumplimiento, el tiempo durante el cual se extendió, los daños ocasionados o los riesgos generados, el beneficio económico que pudo obtener la empresa, los antecedentes de reincidencia y las medidas implementadas para corregir las irregularidades.
En materia de fiscalización, la normativa crea la Tasa de Control de la Actividad Hidrocarburífera. Los fondos recaudados mediante este instrumento estarán destinados a sostener las inspecciones, las tareas de control, la adquisición de equipamiento y el fortalecimiento de las capacidades técnicas del organismo encargado de supervisar la actividad.
La tasa tendrá un límite máximo equivalente al 0,8% del monto correspondiente a las regalías y/o cánones de cada actividad.
Reglas para compatibilizar la minería y los hidrocarburos
Por último, la legislación incorpora disposiciones para resolver posibles superposiciones entre derechos mineros y proyectos hidrocarburíferos dentro de un mismo territorio. Se trata de una cuestión que cobra mayor importancia en Mendoza ante el crecimiento de las actividades de exploración minera.
El criterio general establecido por la ley apunta a permitir que ambas actividades puedan desarrollarse en forma compatible. Para alcanzar ese objetivo, se prevén mecanismos de coordinación técnica, operativa, ambiental y temporal entre los titulares de los proyectos.
La superposición de derechos sobre una misma superficie no provocará automáticamente la caducidad, extinción o denegación de ninguno de ellos. En cambio, las partes involucradas deberán compartir información y estudiar alternativas que permitan desarrollar sus respectivas iniciativas sin generar incompatibilidades.
No obstante, cuando la coexistencia de las actividades no resulte posible o implique riesgos para la seguridad, el ambiente o el aprovechamiento racional de los recursos, la decisión quedará en manos del Poder Ejecutivo provincial.
En esos casos, el Gobierno deberá intervenir junto con las autoridades competentes y convocar previamente a una audiencia en la que participarán los interesados.
Con la sanción definitiva del Senado, Mendoza completó la aprobación legislativa de un nuevo marco regulatorio para la actividad hidrocarburífera, que contempla incentivos económicos, condiciones específicas para el desarrollo no convencional, mayores exigencias ambientales y herramientas para fortalecer la fiscalización provincial.
