Mendoza fue sede del Primer Congreso Provincial de Abordaje Familiar y Territorial en Protección de Derechos y de la Quinta Jornada Provincial del Programa de Equipos Comunitarios de Acompañamiento Familiar (ECAF). La actividad reunió a alrededor de 600 participantes en el Espacio Cultural Julio Le Parc, con representantes de diferentes sectores vinculados con la salud, la educación y la protección de derechos.
Bajo el lema Desafíos en la salud mental infanto-juvenil desde una perspectiva comunitaria, la convocatoria estuvo dirigida a equipos que trabajan en territorio, profesionales de la salud y la educación, operadores judiciales, organizaciones sociales y referentes del ámbito académico.
La propuesta tuvo como principal objetivo poner en discusión la necesidad de abordar la salud mental de niños y adolescentes desde una perspectiva integral. En ese sentido, se planteó que las problemáticas no deben analizarse únicamente desde la atención individual, sino también considerando los entornos familiares, sociales y comunitarios en los que se desarrollan las infancias y adolescencias.
Otro de los propósitos fue profundizar la articulación entre las áreas de salud, educación, justicia y protección de derechos. El trabajo se enmarcó en las leyes nacionales 26.061, de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y 26.657, de Salud Mental.
Durante el encuentro, la directora general de Protección de Derechos, Belén García, remarcó la importancia de consolidar las redes de acompañamiento en los distintos departamentos de Mendoza.
La funcionaria sostuvo que el abordaje de la salud mental infanto-juvenil necesita una perspectiva amplia, en la que las escuelas, las familias, las instituciones y los equipos territoriales puedan trabajar coordinadamente. Además, señaló que el Gobierno provincial busca fortalecer los mecanismos de contención comunitaria para identificar situaciones de riesgo de manera temprana y garantizar que la asistencia llegue antes de que se produzcan escenarios de crisis.
En esa línea, García expresó: “Trabajar en salud mental infanto-juvenil requiere una mirada integral, donde la escuela, los equipos territoriales, las familias y las instituciones trabajen en conjunto. El compromiso del Gobierno provincial es fortalecer las redes de contención en cada comunidad para intervenir de manera temprana y garantizar que el acompañamiento llegue antes de las situaciones de crisis”.
Por otro lado, la directora de Protección y Restitución de Derechos, Jessica Benítez, destacó el trabajo que desarrollan diariamente los equipos ECAF en los distintos puntos de la provincia y la necesidad de mantener una coordinación permanente entre los organismos que intervienen en estas situaciones.
La funcionaria explicó que estos equipos cumplen una tarea fundamental en el territorio, donde confluyen las políticas públicas de salud, educación, justicia y protección de derechos. También consideró que el Congreso representó una oportunidad para revisar las prácticas y construir respuestas conjuntas entre el Estado, las familias y la comunidad.
“Los equipos ECAF trabajan cada día en el territorio, allí donde las políticas de salud, educación, protección de derechos y justicia se encuentran. Este Congreso nos convoca a pensar ese trabajo entre todos, porque la protección de derechos requiere una articulación concreta entre el Estado, la comunidad y las familias”, manifestó Benítez.
Ocho mesas temáticas para debatir los desafíos actuales
La agenda del Congreso contempló ocho mesas temáticas que funcionaron de manera simultánea en las salas Tejada Gómez y Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc. La organización también incluyó una muestra de pósters y stands informativos, donde las distintas delegaciones provinciales de los equipos ECAF presentaron sus experiencias y trabajos.
Entre los principales asuntos que se analizaron estuvo la prevención del suicidio y la importancia de reconocer tempranamente las señales que pueden advertir sobre situaciones de riesgo. También se abordó el malestar emocional que atraviesan niños y adolescentes expuestos a diferentes condiciones de vulnerabilidad.
La migración y la necesidad de generar espacios inclusivos formaron parte de las discusiones, al igual que las herramientas disponibles para acompañar a personas y familias que atraviesan situaciones vinculadas con los consumos problemáticos.
Otro de los puntos centrales estuvo relacionado con las distintas formas de violencia que se producen en los ámbitos familiares y comunitarios. En este apartado, los participantes trabajaron especialmente sobre la reparación del daño y las medidas necesarias para evitar que las víctimas atraviesen procesos de revictimización.
La jornada también puso atención en las condiciones de trabajo de los profesionales que desarrollan sus tareas en territorio. En particular, se debatió sobre el desgaste que enfrentan los equipos y la importancia de contar con herramientas para sostener sus intervenciones.
Asimismo, se compartieron estrategias para acompañar a personas que atraviesan situaciones de padecimiento de salud mental sin que la respuesta quede limitada al ámbito hospitalario. La intención fue analizar alternativas de intervención comunitaria que permitan acercar la asistencia a los lugares donde transcurre la vida cotidiana de las personas.
Uno de los debates estuvo dedicado al régimen penal juvenil y a la discusión sobre una eventual baja de la edad de imputabilidad. El tratamiento de este tema incorporó una perspectiva centrada en la prevención, el trabajo comunitario y las intervenciones destinadas a adolescentes que mantienen conflictos con la ley penal.
El encuentro permitió reunir conocimientos, experiencias y diferentes miradas de los sectores que trabajan con niños y adolescentes en Mendoza. A partir del intercambio, se buscó fortalecer las capacidades de los equipos territoriales y mejorar la coordinación entre las instituciones.
El objetivo final fue avanzar en mecanismos que permitan reconocer las problemáticas de manera oportuna, acompañar a las familias y ofrecer respuestas acordes con las necesidades de cada comunidad, con una perspectiva integral de protección de derechos y salud mental.
