La gestión eficiente de los recursos, la planificación a largo plazo y la búsqueda de nuevos modelos de desarrollo fueron algunos de los principales temas abordados durante el XIX Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito, que tiene lugar en Mendoza.
En ese marco, la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, presentó ante un auditorio especializado la estrategia que lleva adelante la Provincia en materia de infraestructura vial. El plan contempla una inversión de 770 millones de dólares y apunta a combinar una administración creativa de los recursos públicos con criterios de sostenibilidad.
Durante su exposición, la funcionaria remarcó el papel que cumple la infraestructura en la conectividad y el desarrollo territorial, además de su incidencia en la competitividad de las actividades productivas y turísticas de Mendoza y de la región.
Un plan vial de 477 kilómetros para conectar los oasis productivos
Badui explicó que Mendoza desarrolla actualmente un plan vial que comprende 477 kilómetros, que incluyen tanto trabajos de mejoramiento de rutas como la incorporación de trenes de cercanía.
Según detalló, el objetivo de estas intervenciones es favorecer la integración entre los distintos oasis productivos de la provincia, considerados los principales motores de la economía mendocina. La planificación busca que esa integración contribuya a un crecimiento equilibrado y sostenible en el tiempo.
«La infraestructura es importante, si se ve desde una perspectiva de servicio, y a la hora de planificar cada obra es relevante preguntarse ¿cuál es su propósito?», sostuvo la subsecretaria durante su presentación.
En ese sentido, Badui afirmó que «la infraestructura hace al desarrollo» y alertó sobre las consecuencias que puede generar una disminución en el ritmo de ejecución y mantenimiento de las obras.
«No invertir es regresivo, por eso es necesario plantear esquemas de recupero, aunque sea una decisión incómoda», expresó.
Gestión creativa y eficiencia fiscal
Otro de los puntos centrales de la exposición estuvo relacionado con la necesidad de desarrollar mecanismos de gestión diferentes frente a la limitación estructural de los recursos estatales.
La subsecretaria explicó que los recursos destinados a infraestructura deben competir con otras necesidades sociales prioritarias, entre ellas la salud y la seguridad. En ese contexto, planteó la importancia de encontrar herramientas que permitan sostener las inversiones en obras públicas a lo largo del tiempo.
«En Mendoza estamos dando el debate para que la infraestructura sea sostenible en el tiempo, mediante el recupero de fondos invertidos», señaló Badui.
El mecanismo busca evitar que el Estado tenga que afrontar de manera permanente el financiamiento de las mismas obras utilizando nuevos recursos, generando en cambio sistemas que permitan recuperar parte de las inversiones realizadas.
El financiamiento de las rutas nacionales
Como ejemplo de este modelo de administración, Badui se refirió a la estrategia utilizada por Mendoza para intervenir de manera urgente sobre rutas nacionales que presentaban un estado crítico.
Entre las vías alcanzadas por estas obras mencionó a la Ruta Nacional 143, la Ruta Nacional 40 y distintos tramos de la Ruta Nacional 7, cuyo tramo posteriormente fue transferido como Ruta 22 del Acceso Este.
Para concretar estos trabajos, Mendoza destinó recursos propios provenientes del resarcimiento histórico que la Provincia recibió por los perjuicios ocasionados por la Promoción Industrial.
Se trata de fondos vinculados a un monto superior a los 1.000 millones de dólares que Mendoza recibió en concepto de resarcimiento. De esta manera, la Provincia pudo afrontar obras correspondientes a rutas de jurisdicción nacional utilizando recursos propios.
Posteriormente, una negociación política y fiscal encabezada por el gobernador Alfredo Cornejo junto al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, permitió avanzar en la resolución de un histórico cruce de deudas entre Mendoza y el Estado Nacional.
Una deuda consolidada de $122.000 millones
Como resultado de esa conciliación, la Nación reconoció como deuda consolidada a favor de Mendoza un total de 122.000 millones de pesos.
Ese monto, de acuerdo con lo explicado durante la exposición, corresponde exactamente a la inversión que la Provincia había realizado para ejecutar las reparaciones de las rutas nacionales.
De esta manera, Mendoza no solo pudo garantizar la realización de obras viales que quedaron disponibles para los mendocinos, sino que también consiguió reducir de forma directa sus pasivos con el Estado Nacional.
El esquema presentado durante el Congreso fue expuesto como un ejemplo de la aplicación de mecanismos de gestión y recupero de la inversión pública, con el objetivo de generar condiciones que permitan sostener las obras de infraestructura en el tiempo.
