El Gobierno de Mendoza adjudicó las concesiones de explotación de las áreas hidrocarburíferas Atamisqui y El Manzano, como parte del proceso licitatorio impulsado por el Ministerio de Energía y Ambiente. La iniciativa apuntó a incorporar nuevas inversiones, recuperar áreas productivas y fortalecer el desarrollo de la actividad hidrocarburífera en la provincia.
Las dos concesiones fueron otorgadas por un plazo de 25 años. Atamisqui, localizada en la Cuenca Cuyana, quedó en manos de Petróleos Sudamericanos SA, que presentó un plan racional de explotación con una inversión comprometida de USD 15.007.000 durante los primeros diez años.
Por su parte, El Manzano, ubicada en la Cuenca Neuquina, fue adjudicada a Venoil SA, que comprometió USD 30.975.000 para el mismo período.
De esta manera, las inversiones previstas para ambas áreas alcanzaron en conjunto los USD 45.982.000. Los compromisos quedaron establecidos mediante programas de trabajo, planes de actividades y cronogramas de ejecución que las empresas deberán cumplir de acuerdo con las condiciones incluidas en sus respectivas ofertas.
La ministra Jimena Latorre destacó que el aspecto central de las adjudicaciones no estuvo solamente en el monto de dinero comprometido, sino también en las tareas que se desarrollarán en los yacimientos. En ese sentido, remarcó que los planes incluyeron nuevos pozos, recuperación secundaria y reactivación de pozos que se encontraban inactivos.
Según explicó, esas acciones representarían actividad concreta en el territorio, además de generar trabajo para las empresas proveedoras de servicios y recursos provenientes de regalías para la Provincia.
El director de Hidrocarburos también consideró que las adjudicaciones demostraron que la actividad convencional mendocina todavía contaba con posibilidades de desarrollo. Señaló que la existencia de reglas claras y previsibilidad permitió una respuesta favorable del mercado.
En ese marco, destacó que Mendoza pasó de tener una sola área adjudicada con un único oferente en 2019 a alcanzar siete áreas adjudicadas en menos de dos años, con competencia efectiva entre empresas. Para el funcionario, ese resultado reflejó tanto el potencial geológico de la provincia como el rumbo adoptado por la política energética provincial.
Exigencias ambientales y control permanente
La cuestión ambiental ocupó un lugar central dentro de las condiciones establecidas para las nuevas concesiones. Los decretos determinaron que las compañías deberán desarrollar las operaciones procurando reducir al mínimo el impacto sobre la atmósfera y el entorno.
Para ello, deberán aplicar las mejores prácticas disponibles en la industria y garantizar elevados estándares de seguridad, además de mantener controles sobre la integridad de los pozos.
Los títulos de concesión también establecieron que ambas empresas deberán presentar planes de descarbonización destinados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, de acuerdo con la tecnología más avanzada disponible. A su vez, quedó prohibido el venteo de gas sin combustionar.
Entre las obligaciones ambientales también se incluyó la contratación de un seguro ambiental en los términos establecidos por la Ley General del Ambiente 25.675 y la presentación anual de un plan de abandono de pozos.
Las responsabilidades de las empresas se extenderán hasta el cierre de las operaciones. En caso de que se produzca una reversión parcial o total de alguna de las áreas, deberá presentarse una auditoría que certifique que no existen pasivos ambientales sobre la superficie que sea revertida.
El Estado provincial, en tanto, mantendrá amplias facultades para inspeccionar y fiscalizar las explotaciones. Las autoridades podrán realizar inspecciones sin aviso previo y solicitar documentación relacionada con las inversiones comprometidas, el cumplimiento de los contratos y las condiciones ambientales de las operaciones.
Pozos nuevos e intervenciones sobre áreas existentes
Los planes racionales de explotación aprobados contemplaron la perforación de siete pozos nuevos y 58 intervenciones sobre pozos existentes durante los primeros diez años de las concesiones. Las tareas se desarrollarán sobre una superficie conjunta de 822 kilómetros cuadrados.
En el caso de Atamisqui, Petróleos Sudamericanos SA comprometió la perforación de un pozo de desarrollo en la Cuenca Cuyana y 26 intervenciones sobre pozos.
El proyecto también incluyó obras de infraestructura por más de USD 3,5 millones. Entre los trabajos previstos se encontraron un ducto de evacuación, el tendido de una línea eléctrica y la reparación de tanques.
En El Manzano, Venoil SA comprometió la perforación de seis pozos nuevos, con una inversión de USD 15.000.000, monto que representó casi la mitad del programa de inversiones de la compañía.
Además, el plan incluyó 32 intervenciones distribuidas en cuatro sectores del yacimiento. Entre ellos se encontraron la zona de crudos pesados, El Manzano Oeste y Los Volcanes. La propuesta también contempló la adecuación de instalaciones por USD 3,7 millones.
Uno de los aspectos destacados del cronograma fue que el 68% de la inversión total, equivalente a USD 31,1 millones, se ejecutará durante los primeros cinco años de las concesiones.
El esquema apuntó a generar actividad efectiva en el corto plazo, en lugar de concentrar los compromisos de inversión hacia el final del período concesionado.
Recuperación mejorada y reactivación de pozos
Los dos planes de explotación incorporaron además tareas de recuperación secundaria y la conversión de pozos para utilizarlos como inyectores.
Este tipo de trabajos permitirá extender la vida productiva de yacimientos maduros y avanzar sobre reservas que actualmente no se encuentran en producción.
A estas tareas se agregaron intervenciones de pulling y work over sobre pozos que estaban inactivos. El objetivo será reincorporar a la producción provincial infraestructura que ya se encuentra instalada, con plazos de ejecución más cortos y una demanda directa de servicios locales.
El modelo de licitación continua
Atamisqui y El Manzano fueron adjudicadas mediante el modelo de licitación continua implementado por Mendoza. El mecanismo permitió mantener actualizada la oferta de áreas disponibles y recibir propuestas de inversión de manera permanente, sin depender exclusivamente de convocatorias realizadas en determinados períodos.
El sistema buscó acelerar los procedimientos, fomentar la competencia y generar condiciones para sumar nuevos operadores, además de incentivar la reinversión de compañías que ya desarrollaban actividades hidrocarburíferas en la provincia.
Con las dos nuevas adjudicaciones, ya fueron siete las áreas otorgadas bajo el esquema implementado por la actual gestión provincial.
De esta manera, Mendoza avanzó con una política hidrocarburífera basada en reglas definidas, procesos competitivos y compromisos de inversión que podrán ser controlados y verificados. Las autoridades provinciales apuntaron a que esas inversiones se traduzcan en mayor actividad, generación de empleo y nuevos recursos para la provincia.
