El Departamento General de Irrigación (DGI) aprobó un nuevo Reglamento de Operadores y Usuarios de los Servicios Públicos de Agua Potable y Saneamiento de Mendoza, una normativa que actualiza y unifica las reglas que regulan la prestación de estos servicios esenciales en todo el territorio provincial.
La medida se encuentra enmarcada en la Ley Provincial N.º 9.589 y fortalece el papel de Irrigación como organismo regulador del servicio de agua potable y saneamiento, incorporando herramientas orientadas a mejorar la calidad de las prestaciones y la protección de los usuarios.

Nuevos derechos para los usuarios
Uno de los aspectos centrales del reglamento es el fortalecimiento de las garantías para quienes reciben el servicio. La normativa establece que los usuarios podrán solicitar conexiones de agua potable y cloacas cuando sus inmuebles se encuentren dentro de áreas con cobertura.
Además, tendrán derecho a recibir agua potable que cumpla con los estándares de calidad exigidos por la legislación vigente, contar con una presión mínima garantizada y ser informados con anticipación sobre interrupciones programadas o situaciones de emergencia que afecten la prestación.
El reglamento también contempla mecanismos para la presentación de reclamos ante las empresas prestadoras y, en caso de respuestas insatisfactorias, la posibilidad de recurrir a la Dirección de Regulación y Control de Agua y Saneamiento (DIRCAS), dependiente del DGI. Asimismo, se garantiza un trato digno, eficiente y transparente por parte de los operadores.
Responsabilidades para preservar el servicio
La normativa incorpora una serie de obligaciones destinadas a asegurar el correcto funcionamiento de la infraestructura y promover el cuidado del recurso.
Entre ellas se encuentran el mantenimiento adecuado de las instalaciones internas de agua y cloacas, la reparación de pérdidas dentro de los inmuebles y la autorización para la realización de inspecciones técnicas cuando corresponda.
También se prohíbe la manipulación de medidores y conexiones, las conexiones clandestinas y el vertido de aguas pluviales o efluentes industriales en las redes cloacales domiciliarias. A su vez, los usuarios deberán cumplir con el pago de los servicios recibidos.
Restricciones para fomentar el uso racional del agua
Otro de los pilares del reglamento es la promoción de un consumo responsable del agua potable durante todo el año.
Con ese objetivo, se establecen limitaciones permanentes para evitar usos innecesarios del recurso. Entre las prácticas restringidas figuran el lavado de veredas, calles pavimentadas y vehículos mediante mangueras o hidrolavadoras, así como el riego de jardines, espacios verdes o cultivos con agua potable entre las 8 y las 22 horas.
La normativa también ratifica la prohibición de conexiones irregulares o clandestinas. El incumplimiento de estas disposiciones podrá derivar en sanciones y multas.
Más exigencias para los operadores
El nuevo reglamento incorpora mayores obligaciones para las empresas y entidades encargadas de prestar los servicios de agua potable y saneamiento.
Los operadores deberán mantener actualizada la información vinculada a usuarios, infraestructura y redes, además de reportar periódicamente indicadores relacionados con la calidad del servicio, la producción, los consumos y los reclamos.
También estarán obligados a contar con sistemas de atención de emergencias durante las 24 horas de los 365 días del año y a informar de manera inmediata cualquier situación que pueda afectar la calidad del agua o representar un riesgo para la salud pública.
Asimismo, deberán presentar planes de inversión, operación y expansión cuando sean requeridos por la autoridad reguladora.
Herramientas para acompañar el crecimiento urbano
La reglamentación también introduce nuevos requisitos para loteos, urbanizaciones y ampliaciones de redes de agua y saneamiento.
En estos casos, los operadores tendrán que acreditar capacidad técnica, hidráulica y financiera suficiente antes de otorgar nuevas factibilidades de servicio. El objetivo es garantizar que el crecimiento urbano se produzca sin afectar la calidad de las prestaciones para los usuarios ya conectados al sistema.
Un paso hacia una gestión más moderna y sustentable
Desde Irrigación destacaron que la nueva normativa representa un avance en la construcción de un marco regulatorio más moderno, transparente y orientado a la planificación de largo plazo.
La actualización permite adaptar gran parte de la normativa histórica vigente a los desafíos actuales y futuros de la gestión del agua y del saneamiento en Mendoza, fortaleciendo la protección de los usuarios, mejorando los mecanismos de control y promoviendo un uso eficiente de un recurso estratégico para el desarrollo de la provincia.



