El Gobierno de Mendoza informó que, a través de las publicaciones realizadas en el Boletín Oficial de Mendoza del 26 de marzo, quedaron oficializadas ocho cesantías aplicadas a distintos agentes de la Administración Pública provincial, junto con una serie de desafectaciones, sanciones y resoluciones administrativas en diversas áreas del Estado.
Las cesantías fueron dispuestas luego de la instrucción de los correspondientes sumarios administrativos y la intervención de las juntas de disciplina. Las decisiones alcanzaron a distintas áreas del Estado provincial, distribuidas de la siguiente manera:
- Ministerio de Seguridad y Justicia: 2 casos.
- Ministerio de Energía y Ambiente: 2 casos.
- Dirección General de Escuelas: 4 casos.
En el ámbito del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, además de las cesantías, se registraron diversas resoluciones administrativas. Entre ellas, se dispusieron no confirmaciones en el cargo y desafectaciones de personal policial, algunas vinculadas a decisiones voluntarias de cese de funciones y otras relacionadas con evaluaciones de desempeño.
Asimismo, se rechazaron distintos recursos administrativos —tanto de alzada como de revocatoria— vinculados a sanciones disciplinarias, incluyendo suspensiones y actuaciones derivadas de sumarios y causas judiciales.
Por su parte, en el Ministerio de Hacienda y Finanzas de Mendoza se resolvió el tratamiento de un recurso de alzada vinculado a una sanción disciplinaria de suspensión, confirmando la aplicación de medidas previamente dispuestas dentro de un expediente administrativo.
En tanto, el Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza formalizó la exclusión de tutela sindical de un agente, en función del cumplimiento de los requisitos legales necesarios para acceder al beneficio jubilatorio.
Dentro del ámbito educativo, se registraron resoluciones en el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE de Mendoza, donde se rechazaron recursos administrativos vinculados a sumarios y sanciones disciplinarias. Estos procesos incluyeron análisis sobre posibles cesantías y medidas relacionadas con adicionales salariales.
Asimismo, la Dirección General de Escuelas dispuso sanciones de suspensión por inasistencias injustificadas, en línea con lo establecido por la normativa vigente en materia de empleo público.
Desde el Ejecutivo provincial destacaron que el conjunto de estas medidas forma parte de los mecanismos de control, ordenamiento y disciplina de la administración pública. En ese sentido, remarcaron que las decisiones se adoptaron garantizando el debido proceso y el derecho de defensa, con el objetivo de asegurar el correcto funcionamiento del Estado y la adecuada prestación de servicios a la ciudadanía.
