Una investigación judicial por presuntas irregularidades en la emisión de certificados de vacunación derivó en una serie de allanamientos en distintos puntos del Gran Mendoza. El caso, que es llevado adelante por la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, apunta a posibles maniobras vinculadas a la carga de dosis que no habrían sido efectivamente aplicadas, lo que permitía generar documentación oficial para acceder a beneficios del Estado.
Los procedimientos fueron realizados por personal de la División de Delitos Económicos de la Dirección General de Investigaciones, dependiente de la Policía de Mendoza. En total, se llevaron a cabo seis allanamientos en los departamentos de Las Heras y Lavalle, incluyendo un centro de salud, domicilios particulares, espacios internos vinculados al establecimiento y un vehículo relacionado con la causa.
El foco principal de la investigación está puesto en el Centro de Salud 22 de Las Heras, donde se habrían detectado inconsistencias en los registros sanitarios. Según las primeras actuaciones, algunas personas figuraban como vacunadas en el sistema oficial sin haber recibido las dosis correspondientes. Esto habría permitido emitir certificados válidos para cumplir requisitos exigidos en distintos programas o beneficios estatales.
La causa se inició a partir de la denuncia de un profesional de la salud de San Rafael, quien advirtió irregularidades en la carga de datos vinculados al esquema de vacunación. A partir de ese alerta, se activaron los mecanismos de investigación que derivaron en las medidas judiciales concretadas en las últimas horas.
Durante los operativos, los efectivos secuestraron más de 160 certificados de vacunación, sellos oficiales pertenecientes a distintos centros de salud, recetarios médicos, computadoras, teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento. Todo el material será sometido a peritajes para determinar su vinculación con la maniobra investigada y establecer el alcance de las posibles irregularidades.
En paralelo al avance judicial, también se dispusieron medidas administrativas sobre el personal presuntamente involucrado, mientras se busca determinar responsabilidades individuales y eventuales conexiones dentro del sistema sanitario.
La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas a medida que se analicen las pruebas recolectadas. Desde el ámbito judicial señalaron que el objetivo es esclarecer los hechos y determinar si existió un esquema organizado para la emisión irregular de certificados oficiales, así como su posible impacto en el acceso a programas estatales.
