La Policía de Mendoza concretó en el departamento de Malargüe la primera intervención preventiva con una Taser 7 realizada por un efectivo que no integra las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), en el marco del proceso de modernización y ampliación del uso de dispositivos de baja letalidad anunciado por el Gobierno provincial.
El procedimiento tuvo lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre un conflicto familiar ocurrido en la vía pública. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que uno de los involucrados se encontraba armado con un cuchillo y mantenía una actitud amenazante, lo que motivó la aplicación del protocolo de intervención con dispositivos electrónicos de control.
Ante la situación, el policía activó la función disuasiva de la Taser 7, que emite señales sonoras y visuales como advertencia previa sin necesidad de efectuar la descarga eléctrica. La acción fue suficiente para que el agresor desistiera de su conducta y se entregara voluntariamente, permitiendo su reducción sin que se registraran personas heridas.
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, destacó la relevancia del hecho dentro del proceso de incorporación progresiva de estas herramientas en la fuerza policial. Señaló que se trata de la primera intervención preventiva realizada por personal convencional tras completar la capacitación y certificación obligatoria para el uso de estos dispositivos.
Hasta el momento, las Taser estaban reservadas exclusivamente para grupos especiales como el Grupo Especial de Seguridad (GES) y el Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS). Con el nuevo esquema de formación impulsado por el Ministerio, su utilización comenzó a extenderse a efectivos policiales que cumplan con los requisitos establecidos y aprueben los cursos correspondientes.
Rus remarcó además que las nuevas Taser 7 incorporan mejoras tecnológicas respecto del equipamiento previo, ya que permiten emitir advertencias disuasivas antes de aplicar una descarga eléctrica, lo que amplía las posibilidades de resolución de conflictos sin recurrir a fuerza letal.
Actualmente, el Sur provincial cuenta con diez dispositivos Taser 7 distribuidos entre Malargüe, San Rafael y General Alvear, operados por personal capacitado. Según informaron desde la cartera de Seguridad, la incorporación continuará de manera progresiva en otros departamentos a medida que más efectivos completen el proceso de formación.
Protocolo estricto y estándares de uso
El empleo de estos dispositivos se encuentra regulado por un protocolo específico que establece criterios basados en los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, en línea con estándares de derechos humanos y seguridad pública.
Entre las restricciones, se prohíbe apuntar hacia la cabeza, cuello, rostro, torso superior o entrepierna, recomendándose dirigir el dispositivo hacia zonas de mayor masa muscular. Además, solo pueden utilizarlos agentes con al menos dos años de antigüedad en la fuerza —o tres años en el caso de personal civil habilitado— y que cuenten con certificación oficial.
Cada intervención debe ser documentada detalladamente, incluyendo circunstancias, resultados y registros técnicos que, en situaciones críticas, deben remitirse a la autoridad judicial correspondiente.
Cómo funcionan las Taser 7
Las Taser 7 representan una evolución tecnológica respecto de los modelos anteriores. A diferencia de los dispositivos más antiguos, que disparan un solo cartucho y no permiten advertencias previas, estas nuevas armas pueden almacenar dos cartuchos simultáneamente —uno de corto alcance y otro de largo alcance—, facilitando intervenciones graduales.
El dispositivo incorpora sistemas sonoros y visuales disuasivos y emite una corriente de entre 1,2 y 1,5 miliamperios con una descarga efectiva de cinco segundos destinada a la inmovilización neuromuscular. Aunque la descarga inicial puede alcanzar los 50.000 voltios para impulsar las sondas mediante nitrógeno comprimido, la tensión efectiva que recibe el cuerpo se reduce a entre 1.000 y 2.000 voltios.
Extensión del uso en toda la fuerza policial
La ampliación del uso de armas no letales quedó formalizada con la publicación del decreto 2.155 en el Boletín Oficial en junio de 2025, que aprobó el protocolo oficial y estableció la capacitación obligatoria dentro del Plan Anual de Formación policial.
El programa contempla cursos diferenciados para fuerzas especiales, instructores, efectivos policiales en general y personal de seguridad privada o prevención ciudadana autorizado por el Ministerio.
Desde el Gobierno provincial destacaron que el objetivo es fortalecer la seguridad mediante más capacitación, tecnología y herramientas que permitan intervenir con firmeza en situaciones de riesgo, priorizando alternativas que eviten el uso de armas letales cuando las circunstancias lo permitan.
