Una propiedad señalada como aguantadero fue demolida en la Ciudad de Mendoza, en el marco de las medidas impulsadas por el Gobierno provincial para intervenir inmuebles vinculados con actividades delictivas. El procedimiento se realizó en una construcción ubicada en calle Necochea 532/534, que en agosto había quedado bajo intervención administrativa del Ministerio de Seguridad y Justicia.
La decisión se tomó después de que distintos relevamientos policiales y técnicos determinaran que el lugar representaba un riesgo para la seguridad de la zona. Las actuaciones reunieron antecedentes sobre el uso del inmueble para esconder personas y elementos que presuntamente provenían de hechos delictivos.
La intervención tuvo su origen en reiterados procedimientos policiales realizados tanto dentro de la propiedad como en sus alrededores. Durante esos operativos se identificó y aprehendió a personas que tenían medidas judiciales pendientes. También se desarrollaron actuaciones relacionadas con estupefacientes y se incorporaron antecedentes que señalaban al predio como un posible espacio de ocultamiento de personas y objetos vinculados con delitos.
Entre los elementos que fundamentaron la medida se destacó un informe elaborado el 5 de agosto por la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) de Capital. El relevamiento advirtió que la construcción, que se encontraba abandonada, era utilizada con frecuencia como refugio luego de la comisión de distintos hechos delictivos.
A los antecedentes policiales se agregaron las condiciones edilicias y sanitarias del inmueble, que también generaban preocupación. Las inspecciones detectaron sectores derrumbados, estructuras con peligro de colapso y accesos que no contaban con cerramientos adecuados.
Además, los equipos que participaron de las evaluaciones constataron una importante acumulación de residuos y la presencia de roedores, situaciones que agravaban las condiciones generales del lugar.
Otro de los aspectos considerados fue que la propiedad no tenía una ocupación residencial permanente. Según los informes incorporados al expediente, el inmueble era utilizado ocasionalmente para pasar la noche, sin funcionar como una vivienda de residencia habitual.
Frente a este escenario, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, dispuso la intervención administrativa preventiva mediante la Resolución 3762, firmada el 19 de agosto. A partir de esa decisión, también solicitó la participación de las áreas técnicas de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza para analizar las condiciones de la construcción y determinar qué medidas correspondía adoptar.
La política provincial contra los aguantaderos ya suma más de 70 expedientes
La demolición del inmueble de calle Necochea se inscribió en una política provincial destinada a intervenir propiedades utilizadas como aguantaderos o que, por sus características y estado de abandono, facilitaran el desarrollo de actividades delictivas.
La iniciativa comenzó a implementarse mediante un procedimiento administrativo impulsado por el Ministerio de Seguridad y Justicia. Posteriormente, ese esquema quedó respaldado por la sanción de la Ley Antiaguantaderos 9727, aprobada por la Legislatura de Mendoza durante septiembre.
De acuerdo con el balance informado por la cartera de Seguridad, hasta el momento se iniciaron más de 70 expedientes vinculados con este tipo de intervenciones. Dentro de ese conjunto de actuaciones, las autoridades concretaron 24 procedimientos que incluyeron demoliciones, tapiados y otras medidas preventivas.
El objetivo de estas acciones consistió en neutralizar inmuebles que representaban un riesgo para la seguridad pública y evitar que continuaran siendo utilizados para facilitar actividades ilícitas.
La normativa provincial habilitó la actuación sobre propiedades relacionadas con la comisión, planificación u ocultamiento de delitos. También contempló construcciones abandonadas o deterioradas que, por sus condiciones, pudieran favorecer el desarrollo de hechos delictivos.
De esta manera, la demolición del inmueble de calle Necochea se sumó a las intervenciones realizadas en Mendoza bajo el procedimiento provincial contra los aguantaderos.
