La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, presentó este miércoles en la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados un proyecto de reforma de la Ley 8465, con el objetivo de endurecer el régimen disciplinario dentro de las cárceles provinciales y fortalecer las herramientas destinadas al control penitenciario.
La iniciativa ya había sido anticipada la semana anterior durante la exposición del Presupuesto 2027. El proyecto incorporó nuevas faltas graves para las personas privadas de libertad, estableció sanciones específicas para las visitas que incumplieran las normas de seguridad y buscó consolidar legalmente la clasificación de los internos de acuerdo con su nivel de riesgo.
Durante la presentación, Rus estuvo acompañada por el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff; el director general del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana; el director de Inteligencia Penitenciaria, prefecto Diego Asensio; la subsecretaria de Ambiente, Nuria Ojeda, y el director de Protección Ambiental, Leonardo Fernández.
Antes de brindar detalles sobre la reforma, la ministra expresó sus condolencias por el fallecimiento de un integrante del Servicio Penitenciario ocurrido el martes y señaló que el Ministerio se encontraba de luto.
Al referirse a la política que impulsaba el Gobierno provincial dentro de las cárceles, Rus sostuvo que para aquellos presos que pretendieran continuar delinquiendo desde prisión, “la cárcel no es un home office”. Además, recordó que esa definición formaba parte de la política penitenciaria implementada desde 2024.
Celulares, streaming y sanciones más duras en las cárceles
Uno de los principales puntos de la reforma consideró faltas graves la tenencia, utilización y comercialización de teléfonos celulares, tarjetas SIM y otros dispositivos de comunicación que no estuvieran autorizados.
La modificación también contempló sanciones para las conexiones clandestinas a internet y electricidad, las comunicaciones ilegales con personas del exterior y la difusión sin autorización de imágenes y videos.
A su vez, quedó expresamente prohibida la participación de internos en transmisiones por streaming, redes sociales y otros medios de comunicación. Solamente podrían contemplarse excepciones cuando existiera una autorización relacionada con actividades educativas o laborales.
La medida profundizó una política de control que ya permitió retirar y secuestrar más de 20.000 celulares del sistema penitenciario desde el comienzo de la gestión. En esa cifra se incluyeron tanto los teléfonos retirados a las personas privadas de libertad como aquellos encontrados durante requisas y los secuestrados a visitantes.
Parte de esos resultados estuvieron relacionados con la implementación del Sistema Único de Ingreso, mediante el cual se reforzaron los controles de identidad, pertenencias y accesos a los establecimientos penitenciarios.
A comienzos de 2025, la Provincia había obtenido la autorización de la Suprema Corte de Justicia para avanzar con el retiro de los teléfonos celulares.
Rus también anticipó una nueva inversión tecnológica destinada a reforzar la seguridad dentro de las cárceles y anunció que, antes de finalizar el año, se incorporarían sistemas de body scan y escáner.
Según explicó la funcionaria, estas herramientas apuntaron además a disminuir la exposición del personal penitenciario frente a posibles presiones ejercidas por internos o visitantes. La ministra consideró que contar con sistemas tecnológicos de control permitiría evitar que los agentes se convirtieran en objeto de extorsiones.
Las visitas podrían recibir una prohibición definitiva de ingreso
Otro de los cambios centrales del proyecto fue la creación de un régimen sancionatorio específico para las personas que intentaran ingresar elementos prohibidos a los establecimientos penitenciarios de Mendoza.
El ingreso o intento de ingreso de celulares y tarjetas SIM podría recibir una suspensión de hasta 180 días. En caso de reincidencia, la sanción podría elevarse a 365 días, mientras que una tercera infracción derivaría en la prohibición definitiva de ingreso.
Para quienes intentaran introducir drogas se establecieron suspensiones de 365 días y una prohibición definitiva en caso de reincidencia.
En tanto, aquellas personas que pretendieran ingresar armas o explosivos, o que colaboraran con fugas y actividades delictivas organizadas, podrían quedar inhabilitadas definitivamente para acceder a los establecimientos penitenciarios.
El régimen de Muy Alto Perfil quedará incorporado a la ley
El proyecto también buscó consolidar legalmente el régimen de Muy Alto Perfil (MAP), un sistema que ya funcionaba en Almafuerte II y que estaba destinado a internos considerados de riesgo extremo por su capacidad de violencia, posibilidades de fuga, influencia sobre otros presos o vinculación con organizaciones criminales.
Este régimen contempló aislamiento, monitoreo permanente y controles reforzados. La reforma incorporó criterios objetivos para determinar la clasificación, entre ellos la participación en motines, tomas de rehenes, amenazas contra el personal penitenciario y comunicaciones clandestinas.
También sumó herramientas de información e inteligencia penitenciaria destinadas a prevenir delitos, episodios de violencia y actividades criminales organizadas desde los establecimientos carcelarios.
Rus explicó que la incorporación de estos criterios dentro de la legislación buscó fortalecer las decisiones tomadas por el Servicio Penitenciario ante las presentaciones judiciales realizadas por internos que pretendieran modificar sus condiciones de alojamiento.
La ministra remarcó que tanto la seguridad penitenciaria como la seguridad pública de los mendocinos resultaban prioritarias y, por ese motivo, se establecerían zonas específicas. También señaló que la clasificación de cada interno respondería a criterios objetivos relacionados con su comportamiento y nivel de riesgo.
En ese contexto, Rus hizo referencia a los dos internos trasladados el martes al régimen MAP de Almafuerte II, luego de la toma de un rehén ocurrida en Boulogne Sur Mer.
La funcionaria ratificó que ninguno de ellos accedería a los destinos ni a los beneficios que reclamaba y sostuvo que habían buscado mayores beneficios y privilegios, pero eligieron recurrir a la violencia, una decisión que, según remarcó, tendría consecuencias severas.
Además, confirmó que permanecerían bajo el régimen de Muy Alto Perfil durante un período mínimo de 180 días. Paralelamente, el Servicio Penitenciario avanzaría con una revisión de su conducta y concepto, algo que tendría consecuencias sobre los beneficios que ambos habían solicitado ante la Justicia.
Rus también cuestionó el asesoramiento que algunos internos recibían por parte de determinados operadores del sistema, a quienes responsabilizó por generar expectativas sobre beneficios que, según su consideración, no les correspondían.
En ese sentido, la ministra afirmó que existían operadores que, bajo argumentos vinculados con los derechos humanos, hacían creer a algunos presos que contaban con derechos superiores a los que les correspondían e incluso por encima de los mendocinos.
La funcionaria relacionó estas situaciones con los reclamos realizados por los internos y ratificó que las decisiones vinculadas con el alojamiento, la clasificación y el régimen disciplinario debían responder a criterios de seguridad penitenciaria y no a las pretensiones de las personas privadas de libertad.
Los celulares retirados podrán transformarse en recursos educativos
Durante la presentación, Rus también dio a conocer junto con la subsecretaria de Ambiente, Nuria Ojeda, una propuesta destinada a otorgar un nuevo destino a los dispositivos recuperados del sistema penitenciario.
La iniciativa contempló una articulación con el área de Educación y con programas provinciales de minería urbana.
Los equipos que estuvieran en condiciones de ser reacondicionados serían destinados a proyectos desarrollados en escuelas técnicas y a otras iniciativas educativas. En cambio, aquellos dispositivos que no pudieran reutilizarse serían evaluados para recuperar componentes y materiales que pudieran aprovecharse posteriormente como materia prima.
El programa contempló además la participación de la Asociación Civil Traperos de Emaús y de iniciativas de economía circular impulsadas por Ambiente. Los residuos que finalmente no pudieran recuperarse serían enviados al Centro de Disposición Final autorizado de El Borbollón, donde se garantizarían su tratamiento y trazabilidad.
Ojeda explicó que la Provincia trabajaba en la cuantificación de los residuos eléctricos y electrónicos generados en Mendoza. Las estimaciones teóricas ubicaban esa producción entre 8 y 10 kilos por habitante al año, aunque la cifra se encontraba bajo un proceso de verificación técnica.
La subsecretaria explicó que el objetivo era evitar que esos residuos se transformaran en un pasivo ambiental permanente dentro del territorio provincial.
También destacó que la propuesta estaba relacionada con el proyecto CREAL, trabajado con el acompañamiento de la Secretaría de Ambiente de la Nación y la Dirección de Minería.
Ojeda explicó que los aparatos y residuos eléctricos o electrónicos podían considerarse parte de la minería urbana, al constituir el último circuito de utilización de metales originalmente extraídos del suelo. De esa manera, fundamentó la necesidad de recuperar esos materiales antes de enviarlos a su disposición final.
Por su parte, el director de Protección Ambiental, Leonardo Fernández, precisó que los dispositivos serían sometidos a una auditoría específica y atravesarían un proceso de reseteo o formateo antes de incorporarse al circuito de recuperación.
Fernández aclaró que no todos los teléfonos serían considerados residuos. Aquellos equipos que todavía funcionaran y cuya reutilización fuera considerada conveniente serían donados a la Dirección General de Escuelas.
Además, explicó que las tareas de recuperación involucrarían a estudiantes y egresados de diferentes carreras, mientras que los dispositivos que finalmente no pudieran ser aprovechados deberían recibir un tratamiento ambiental adecuado.
Presos confeccionaron 80 uniformes para el MAP y custodias hospitalarias
En paralelo con la reforma presentada en la Legislatura, el Servicio Penitenciario incorporó 80 uniformes confeccionados por personas privadas de libertad en RERDA, una de las fábricas que funcionaban dentro del complejo Almafuerte II.
De la producción total, 40 uniformes fueron destinados a los internos alojados bajo el régimen de Muy Alto Perfil y los otros 40 a personas privadas de libertad que permanecieran bajo custodia penitenciaria en establecimientos hospitalarios, entre ellos el Hospital Central y El Sauce.
Los primeros en utilizar la nueva indumentaria fueron los dos internos que habían sido trasladados el martes al MAP de Almafuerte II, quienes comenzaron a vestir los uniformes confeccionados en los propios talleres penitenciarios.
La producción formó parte de las actividades laborales realizadas por las personas privadas de libertad y permitió, al mismo tiempo, abastecer necesidades operativas del sistema penitenciario provincial.
Rus explicó que la incorporación de esta indumentaria respondió a criterios de identificación y seguridad, principalmente durante los traslados y en aquellos lugares donde las personas privadas de libertad pudieran mantener algún tipo de contacto con la ciudadanía.
La ministra señaló que se buscaba contar con una mayor visibilidad durante los traslados y agregó que el uso de estos uniformes en establecimientos hospitalarios también permitiría reforzar los controles frente a eventuales intentos de evasión.
