El Gobierno provincial presentó en la Legislatura una iniciativa que modifica el Código de Contravenciones para que madres, padres y tutores también sean responsables por los actos de acoso escolar cometidos por sus hijos.
El proyecto plantea sanciones que van desde multas económicas hasta trabajos comunitarios, además de instancias de mediación y talleres de parentalidad. El objetivo no es meramente punitivo, sino educativo y reparador: comprometer a los adultos en la crianza, el acompañamiento y la formación en valores de respeto, empatía y convivencia.
Tadeo García Zalazar, ministro de Educación de Mendoza, lo expresó con firmeza:
“El bullying no es un juego ni una broma pesada. Es violencia que lastima y deja huellas profundas. La escuela no puede estar sola en este desafío: necesitamos familias presentes y corresponsables”.
Un protocolo claro para las escuelas
La propuesta se complementa con un Protocolo de Actuación contra el bullying, que establece un paso a paso para directivos, docentes y equipos técnicos. Incluye desde la detección y registro del caso hasta la comunicación con las familias, la intervención inmediata, el seguimiento y el cierre del proceso.
También incorpora criterios de gravedad y circuitos de derivación a equipos técnicos, organismos de protección de derechos o la Justicia, según la situación. Con esto, las instituciones educativas tendrán una guía concreta y segura para actuar.
Prevenir, intervenir y reparar
El enfoque integral se apoya en tres pilares:
- Prevención: construcción de una cultura escolar de convivencia, espacios de participación y talleres de sensibilización.
- Intervención: protección inmediata de las víctimas y abordaje de los agresores sin estigmatizarlos.
- Posvención: seguimiento, reparación del daño y aprendizaje para evitar la reincidencia.
Una política de Estado frente a un problema global
El bullying y el ciberbullying preocupan a comunidades educativas de todo el mundo. Con esta iniciativa, Mendoza envía un mensaje claro: ninguna forma de violencia entre pares será tolerada.
La combinación de ley, protocolo y compromiso institucional convierte a la provincia en pionera en Argentina con un modelo que busca cuidar a las víctimas, educar a los agresores y comprometer a las familias.





