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Sociedad

El Servicio Penitenciario de Mendoza incorporó paneles solares y reforzó la educación ambiental

La jornada interinstitucional incluyó la entrega de certificados de la Ley Yolanda y la donación de paneles solares por parte de Emesa. Los materiales serán utilizados en actividades educativas y talleres de reparación destinados a personas privadas de libertad, con el objetivo de promover la formación en energías renovables y facilitar herramientas para la reinserción social.

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Redacción Mendoza
PorRedacción Mendoza
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11 noviembre 2026 · 23:00
El Servicio Penitenciario de Mendoza fortaleció su compromiso con la educación ambiental y las energías renovables.Foto Prensa Gobierno de Mendoza.
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El Servicio Penitenciario de Mendoza llevó adelante una jornada interinstitucional para fortalecer la educación ambiental, promover el uso de energías renovables y ampliar las propuestas de formación destinadas a personas privadas de libertad. El encuentro se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Dirección General del Servicio Penitenciario y reunió a representantes de distintas áreas del Gobierno provincial.

La actividad contempló la entrega de certificados correspondientes a las capacitaciones de la Ley Yolanda y la recepción de paneles solares donados por la Empresa Mendocina de Energía (Emesa). Los dispositivos serán incorporados a diferentes propuestas de enseñanza y talleres de reparación dentro del sistema penitenciario.

El objetivo de la iniciativa consistió en articular herramientas que permitan avanzar hacia una gestión institucional comprometida con el desarrollo sostenible, al mismo tiempo que se fortalecen las oportunidades educativas y laborales para las personas privadas de libertad, como parte de su futura inclusión social.

La jornada contó con la participación de la subdirectora general del Servicio Penitenciario de Mendoza, prefecto general Alejandra Llarena; el gerente general de Emesa, Mauricio Pinti Clop; la coordinadora de Sostenibilidad del Ministerio de Energía y Ambiente, Carla Ortega; y el director de Educación para Adultos del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Érico Arias.

Las autoridades formaron parte de este espacio de trabajo conjunto, orientado a incorporar la educación ambiental y los principios de sostenibilidad, además de acercar las energías renovables a las actividades de formación que se desarrollan en las unidades penitenciarias.

Durante el encuentro, Alejandra Llarena destacó la necesidad de integrar la educación ambiental tanto en las políticas públicas como en las prácticas cotidianas, con especial atención al conocimiento y la preservación de los recursos naturales.

En ese sentido, resaltó la participación de los equipos docentes y del personal penitenciario en las instancias de capacitación. Según detalló, más de 650 docentes y alrededor de 320 agentes completaron la formación prevista por la Ley Yolanda.

La funcionaria también puso en valor la coordinación entre los ministerios de Seguridad, Educación y Energía y Ambiente, y señaló que el trabajo conjunto permite convertir los conocimientos adquiridos en medidas concretas. Además, consideró que esta articulación abre el camino para impulsar nuevas iniciativas vinculadas con el cuidado ambiental.

Capacitación y certificados por la Ley Yolanda

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la entrega de certificados de reconocimiento a los agentes públicos y a las instituciones educativas que participaron en las instancias de formación establecidas por la Ley Nacional 27.592, conocida como Ley Yolanda.

La normativa establece la capacitación obligatoria en ambiente y desarrollo sostenible para todas las personas que cumplen funciones dentro del Estado.

A través de esta instancia, se reconoció el compromiso de los trabajadores y de las instituciones educativas con una preparación que busca incorporar una mirada ambiental integral en la administración pública.

La formación apunta a brindar conocimientos y herramientas para promover el cuidado de los recursos naturales, además de impulsar prácticas institucionales responsables y sostenibles.

Por su parte, Carla Ortega también subrayó la importancia de que la educación ambiental forme parte de las políticas públicas y de la vida cotidiana, en consonancia con los objetivos establecidos por la Ley Yolanda.

La coordinadora de Sostenibilidad reconoció el trabajo de los docentes y del personal del Servicio Penitenciario de Mendoza, y destacó la cantidad de personas que completaron la capacitación. Asimismo, valoró la articulación entre las distintas áreas gubernamentales y remarcó la necesidad de trasladar los conocimientos a acciones concretas que contribuyan a proteger el ambiente.

Emesa donó paneles solares para talleres y actividades educativas

Otro de los ejes del encuentro fue la entrega de paneles solares por parte de la Empresa Mendocina de Energía (Emesa). Los materiales estarán destinados a prácticas educativas y talleres de reparación desarrollados por personas privadas de libertad.

La donación fue formalizada por el gerente general de la empresa, Mauricio Pinti Clop, y permitirá ampliar las propuestas de capacitación en oficios mediante la incorporación de contenidos relacionados con las energías renovables y las nuevas tecnologías.

La utilización de estos dispositivos también apunta a que los participantes puedan desarrollar habilidades técnicas con posibles aplicaciones en el ámbito laboral, generando herramientas que contribuyan a sus oportunidades de inserción una vez recuperada la libertad.

Pinti Clop destacó el valor de esta alianza institucional, a la que consideró una estrategia que reúne tres aspectos centrales: la sostenibilidad ambiental, la transición energética y la formación de las personas privadas de libertad.

Además, agradeció la participación de los equipos de trabajo y explicó que la reutilización de paneles solares permite darles una nueva utilidad, evitando que terminen convertidos en residuos potencialmente contaminantes.

De esta manera, los materiales podrán aprovecharse en actividades educativas y de capacitación laboral, vinculadas con el funcionamiento y la reparación de tecnologías relacionadas con la generación de energía renovable.

El gerente general de Emesa también señaló que este tipo de propuestas contribuye a la formación en distintos oficios y a la generación de mejores condiciones para la reinserción social. Finalmente, manifestó su expectativa de que el acuerdo represente el comienzo de nuevas acciones conjuntas entre las instituciones participantes.

La DGE entregó materiales textiles y libros para instituciones educativas

La jornada también incluyó aportes de la Dirección General de Escuelas (DGE), que entregó distintos materiales destinados a fortalecer las actividades educativas y de formación dentro del ámbito penitenciario.

Entre los elementos recibidos se encontraron cierres, elásticos y dos rollos de género, que serán utilizados en el Centro de Capacitación para el Trabajo (CCT) 6-060. Además, se incorporaron libros para la biblioteca del Centro de Educación Básica de Jóvenes y Adultos (CEBJA) Algarrobo Telteca.

El director de Educación para Adultos, Érico Arias, destacó el papel de la enseñanza como herramienta para generar oportunidades y acompañar los procesos de reinserción social.

El funcionario sostuvo que la coordinación entre instituciones resulta fundamental para que las personas privadas de libertad puedan continuar sus estudios, completar sus trayectorias educativas y acceder a capacitaciones en diferentes oficios.

También señaló que la iniciativa permite vincular los contenidos de educación ambiental con experiencias prácticas, especialmente mediante las actividades relacionadas con las energías renovables.

Por último, Arias valoró el compromiso de los equipos docentes y del Servicio Penitenciario de Mendoza, y destacó la importancia de continuar desarrollando propuestas que permitan ampliar las oportunidades de formación a través de la educación.

De esta manera, la jornada reunió iniciativas educativas, ambientales y de capacitación laboral, con la participación de distintas dependencias provinciales y Emesa. La entrega de certificados, la incorporación de paneles solares y los aportes de materiales textiles y bibliográficos apuntaron a fortalecer las herramientas disponibles para la formación de las personas privadas de libertad y promover prácticas vinculadas con el desarrollo sostenible.

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