La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, defendió ante las comisiones de la Legislatura provincial el proyecto de ley destinado a consolidar el Sistema Provincial de Identificación Balística. Durante su presentación, resaltó que la utilización de esta tecnología permitió elevar un 410% la tasa de vinculaciones positivas entre evidencias balísticas, con impacto directo en las investigaciones criminales desarrolladas en la provincia.
Rus participó de la exposición junto al subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff; la jefa de Policía Científica, Erica Bengolea, y la responsable del Laboratorio de Balística, Silvana Girula. Los funcionarios y especialistas explicaron ante los legisladores los aspectos técnicos del sistema y detallaron los resultados obtenidos desde su implementación.
La ministra remarcó que Mendoza se convirtió en la única Policía provincial de la Argentina que contó con tecnología IBIS de esas características, una herramienta que hasta entonces se encontraba disponible dentro del ámbito federal. En ese contexto, explicó que el proyecto buscó consolidar su utilización mediante una legislación que asegurara su continuidad, actualización tecnológica y mantenimiento a largo plazo.
“Necesitamos una norma para que esto sea una política de Estado. Este laboratorio requiere equipamiento, personal altamente calificado, hardware y software que hay que sostener en el tiempo”, sostuvo Rus durante su exposición.
Un aumento del 410% en las vinculaciones balísticas
Entre los principales resultados presentados ante la Legislatura apareció el fuerte crecimiento de la capacidad para establecer relaciones entre evidencias obtenidas en diferentes hechos delictivos.
A lo largo de once años, el sistema tradicional procesó 8.741 armas y consiguió establecer 70 vinculaciones positivas. La incorporación de IBIS modificó sustancialmente esos resultados: durante sus primeros meses de funcionamiento se alcanzaron 117 vinculaciones luego del procesamiento de 251 armas.
De acuerdo con los indicadores exhibidos durante la presentación, la tasa de vinculaciones positivas cada 100 casos registró un incremento del 410%.
La diferencia también quedó reflejada en la cantidad de elementos que debieron analizarse para detectar coincidencias. Con el procedimiento anterior se necesitaba estudiar aproximadamente 125 armas para encontrar una vinculación positiva, mientras que la nueva tecnología permitió hallar relaciones utilizando una cantidad considerablemente menor de muestras.
El funcionamiento de IBIS se basó en la obtención de imágenes tridimensionales de las marcas microscópicas que las armas dejaban sobre las vainas y los proyectiles. El procedimiento tradicional utilizaba entre 9 y 12 fotografías por cada vaina y posteriormente requería comparaciones manuales. Con la nueva herramienta pudieron obtenerse entre 200 y 300 imágenes por vaina, además de realizar búsquedas automatizadas para encontrar posibles coincidencias.
Otra de las mejoras fue la incorporación del análisis de proyectiles, una posibilidad que no estaba disponible con la metodología utilizada anteriormente. En los primeros meses se procesaron 85 casos con proyectiles, de los cuales surgieron seis vinculaciones positivas.
“Nos permite vincular hechos, conocer cómo se manejan determinadas organizaciones criminales e identificar si un arma fue utilizada en más de un lugar. Para nosotros, esa información tiene un valor enorme”, explicó la ministra.
Los legítimos usuarios no tendrán obligación de registrar sus armas
Otro de los ejes centrales de la presentación estuvo relacionado con el alcance que tendría la iniciativa en caso de convertirse en ley.
Rus aclaró que la identificación balística no sería obligatoria para los legítimos usuarios de armas de fuego. El sistema estaría destinado principalmente a las investigaciones criminales y al registro del armamento perteneciente a los organismos contemplados dentro de la normativa.
“Todo lo que tenga que ver con el delito va a pasar por este laboratorio. Las armas de la Policía de Mendoza, del Servicio Penitenciario y de la seguridad privada autorizada deberán incorporarse en etapas. Pero los legítimos usuarios no están obligados”, señaló.
La titular de Seguridad y Justicia indicó además que la puesta en marcha se realizaría de manera progresiva. La reglamentación sería la encargada de establecer las distintas etapas de incorporación de las armas al sistema, con prioridad inicial para el armamento utilizado por la Policía y el Servicio Penitenciario.
Rus también destacó que la iniciativa recibió el acompañamiento del Tiro Federal y de la Federación de Legítimos Usuarios de Armas de la Argentina. Esta última organización expresó su respaldo al proyecto debido a que su orientación estuvo centrada en el control de aquellas armas relacionadas con actividades delictivas.
Mendoza avanzó en el intercambio de información con fuerzas federales y Chile
Durante su exposición, la ministra también anunció que Mendoza trabajó junto con las fuerzas federales para avanzar en la interoperabilidad de las bases de datos de información balística. Al mismo tiempo, anticipó que el objetivo fue extender posteriormente esa conexión hacia Chile.
La integración permitiría contrastar las evidencias recolectadas en territorio mendocino con registros pertenecientes a otras jurisdicciones. De esa manera, sería posible determinar si una misma arma apareció involucrada en distintos hechos y obtener nueva información para investigaciones relacionadas con los circuitos de tráfico ilegal.
“Con este tipo de sistema podemos conectarnos con el resto del mundo. Esto es valioso para tener más información sobre el tráfico ilegal de armas, saber qué armas están utilizando los delincuentes y determinar quiénes las proveen”, afirmó Rus.
Finalmente, la ministra explicó que la identificación balística no solo resultó útil para avanzar en el esclarecimiento de homicidios, robos y abusos de armas, sino que también permitió reconstruir vínculos entre diferentes episodios criminales.
La información obtenida mediante este tipo de tecnología brindó a los investigadores nuevas herramientas para establecer si un arma había sido utilizada en distintos delitos y, al mismo tiempo, orientar las pesquisas hacia los circuitos encargados de suministrar armas y municiones a los delincuentes. De esta manera, el proyecto presentado ante la Legislatura buscó darle respaldo normativo y continuidad a una herramienta que ya comenzó a mostrar resultados concretos dentro del sistema de seguridad de Mendoza.
