Mendoza se convirtió en sede de un encuentro regional destinado a fortalecer la inteligencia penitenciaria y mejorar las estrategias de prevención frente a las organizaciones criminales que desarrollan actividades desde los establecimientos carcelarios. La actividad contó con el reconocimiento de organismos de Naciones Unidas a los avances del modelo provincial y reunió a autoridades, especialistas y representantes de distintos servicios penitenciarios del país.
Durante dos jornadas se desarrolló el Taller Regional sobre Inteligencia Penitenciaria para la Prevención y Desarticulación de Organizaciones Criminales que Operan desde el Sistema Penitenciario, en las instalaciones de la Universidad del Aconcagua. Participaron representantes de organismos nacionales e internacionales y efectivos de los servicios penitenciarios de Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja y del Servicio Penitenciario Federal.
La capacitación fue organizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur, como parte del proyecto destinado a combatir las Organizaciones Criminales Transnacionales en el Cono Sur.
La propuesta apuntó a mejorar las capacidades institucionales para recopilar, procesar y compartir información estratégica vinculada con el ámbito penitenciario. El propósito consistió en desarrollar mecanismos seguros que permitieran anticipar situaciones de riesgo, detectar posibles estructuras delictivas y contribuir a desarticular organizaciones que pudieran actuar tanto dentro como fuera de las unidades penales.
La realización del taller en Mendoza permitió consolidar un ámbito de cooperación e intercambio técnico entre distintas jurisdicciones. Además, puso el foco en la necesidad de profesionalizar al personal penitenciario y mantener actualizados los protocolos de inteligencia frente a las nuevas modalidades de actuación del crimen organizado.
Autoridades destacaron la importancia de la inteligencia penitenciaria
La apertura institucional estuvo encabezada por la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus; la fiscal general coordinadora del distrito Mendoza del Ministerio Público Fiscal de la Nación y fiscal nacional de Distrito Cuyo, María Gloria André; el director general del Servicio Penitenciario provincial, Eduardo Enrique Orellana; y Gonzalo Escalante, especialista en sistemas penitenciarios de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Durante su intervención, Rus resaltó las inversiones realizadas por el Gobierno provincial en tecnología y las modificaciones normativas impulsadas para incrementar los controles dentro de las cárceles.
“Hemos invertido fuertemente en tecnología —en videovigilancia e inhibidores— y en reformas normativas que refuerzan el control y protegen al personal para evitar que la cárcel sea un home office de la criminalidad”, sostuvo la ministra.
También hizo referencia a las medidas disciplinarias aplicadas ante el ingreso de elementos prohibidos y a las sanciones previstas para las visitas. Estas disposiciones formaron parte de una política orientada a reforzar la vigilancia y evitar que las actividades delictivas continuaran desde el interior de los establecimientos penitenciarios.
Por su parte, Gonzalo Escalante remarcó que la información producida por los servicios penitenciarios representó un recurso estratégico para enfrentar organizaciones criminales que operaban en diferentes territorios.
“Como el crimen organizado no reconoce fronteras, la inteligencia penitenciaria provincial es el núcleo fundamental que procesa información para la toma de decisiones estratégicas, facilitando la actividad diaria frente a un delito sin límites jurisdiccionales”, señaló el representante de UNODC.
A su turno, Eduardo Enrique Orellana explicó que la inteligencia resultó indispensable para interpretar los problemas de seguridad y establecer las respuestas institucionales. También destacó el proceso de actualización que atravesó el modelo mendocino.
“Sin inteligencia directamente no se puede: es imposible garantizar la seguridad en las cárceles sin ella. Por eso en Mendoza estamos en la tercera versión de nuestro modelo, revisando accesos y personal para seguir compartiendo esta dinámica con los servicios penitenciarios de la región”, afirmó.
El funcionario indicó que la provincia avanzó en una revisión permanente de sus procedimientos y herramientas. En particular, advirtió que la creciente informatización del sistema penitenciario obligó a fortalecer los controles y examinar quiénes podían acceder a los datos y de qué manera se administraba esa información.
María Gloria André también destacó la necesidad de mantener una política sostenida contra las organizaciones criminales, con herramientas de inteligencia y capacidad para desarrollar investigaciones.
“Hay una decisión firme de mantener una lucha implacable contra este fenómeno, para lo cual resulta imprescindible visibilizar el tema, ponerlo en agenda y contar con la inteligencia, los recursos y las investigaciones necesarias en el seno de la penitenciaría”, expresó la fiscal.
Jornadas de formación e intercambio técnico
El programa de actividades comenzó con exposiciones de los especialistas de UNODC Gonzalo Escalante y Carla Rojas, quienes trabajaron sobre el análisis de la criminalidad en zonas fronterizas y establecimientos penitenciarios, la evaluación de riesgos y el desarrollo de capacidades institucionales.
En las dos jornadas también se abordaron las posibilidades de cooperación regional en materia de inteligencia penitenciaria y los procedimientos de investigación criminal en contextos de encierro. Otro de los temas centrales fue el aporte del análisis penitenciario a las investigaciones relacionadas con el crimen organizado.
En este último eje participaron representantes de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada y de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT).
El encuentro incluyó, además, una instancia de intercambio entre integrantes de los servicios penitenciarios de Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja, coordinada por UNODC. Allí se compartieron experiencias de trabajo y dificultades relacionadas con la detección de estructuras delictivas y el fortalecimiento de las áreas de inteligencia.
Los participantes realizaron ejercicios grupales a partir de un caso práctico, debatieron sobre diferentes situaciones y elaboraron conclusiones para mejorar la coordinación entre organismos, ampliar las capacidades técnicas y extender las buenas prácticas a las distintas jurisdicciones.
Uno de los asuntos más relevantes fue la posibilidad de avanzar en la creación de una futura Red Federal de Información Penitenciaria. Durante las conversaciones se analizaron los datos que deberían formar parte del intercambio, los organismos que tendrían que participar y los requisitos necesarios para garantizar que la información circulara de manera segura y en los tiempos adecuados.
La propuesta contempló criterios de legalidad, confidencialidad, trazabilidad, protección de datos y reciprocidad entre las instituciones involucradas.
Mendoza y las provincias avanzaron en una agenda de cooperación regional
En el espacio destinado al intercambio entre provincias, el director regional de la Zona Oeste del Servicio Penitenciario de Mendoza, Diego Asensio, presentó los avances locales en informatización, clasificación y perfilamiento de personas privadas de libertad consideradas de muy alto perfil. También destacó los controles unificados que se implementaron entre distintas jurisdicciones.
“Es clave consolidar la inteligencia penitenciaria —superando la idea del simple informante— y estandarizar un perfil único y regional tanto de los privados de libertad como de sus visitas para no navegar sin GPS”, manifestó.
Su exposición hizo hincapié en la necesidad de convertir los datos disponibles en información útil para orientar las decisiones institucionales. Asimismo, planteó la importancia de establecer parámetros compartidos que permitieran evaluar riesgos y mejorar la coordinación entre los servicios penitenciarios.
Desde San Juan, el principal Flores valoró los conocimientos incorporados durante la capacitación y la posibilidad de profundizar el trabajo conjunto entre instituciones. También consideró necesario formalizar el área de análisis, sostener la formación de los agentes que desempeñaban tareas cotidianas en los pabellones y ampliar los vínculos de cooperación con las provincias cercanas.
En representación de San Luis, el subdirector del Servicio Penitenciario provincial, inspector general Carlos Fabián Zarandón, destacó la oportunidad de incorporar herramientas técnicas y ampliar los conocimientos más allá de los aprendizajes obtenidos a partir de la experiencia diaria.
Por La Rioja participó el director de Monitoreo, Supervisión Electrónica e Informática del Servicio Penitenciario, inspector general Adrián Ayala, quien agradeció a Mendoza por organizar la actividad. Además, propuso extender este tipo de capacitaciones hacia las provincias del interior y del noroeste argentino, con el objetivo de fortalecer los equipos de análisis y profesionalizar las áreas de inteligencia penitenciaria.
Los intercambios permitieron reconocer dificultades compartidas entre las jurisdicciones. Entre ellas aparecieron la necesidad de capacitar al personal, contar con mayores recursos, desarrollar áreas especializadas y establecer procedimientos más eficientes para compartir información estratégica.
El Consejo Penitenciario Regional de Cuyo como herramienta de articulación
La cooperación impulsada durante el taller también se relacionó con la conformación del Consejo Penitenciario Regional de Cuyo, un acuerdo interprovincial firmado por los servicios penitenciarios de Mendoza, San Juan y San Luis.
La iniciativa se enmarcó en el Plan Integral de Seguridad Regional acordado por los gobernadores de las tres provincias y buscó establecer una agenda común para abordar las problemáticas del sistema penitenciario.
Entre sus objetivos se encontraron la coordinación de políticas penitenciarias, la profesionalización y capacitación de los agentes, el perfeccionamiento de los mecanismos de inteligencia y administración de datos, y el desarrollo de acciones conjuntas frente a situaciones que afectaran a las distintas jurisdicciones.
En ese escenario, el taller regional representó una oportunidad para profundizar los vínculos institucionales y avanzar en una estrategia de cooperación que permitiera responder de manera coordinada a las organizaciones criminales, cuyas actividades superaban los límites geográficos de cada provincia.
A través de esta iniciativa, el Servicio Penitenciario de Mendoza reafirmó su compromiso con la capacitación permanente de sus integrantes, la modernización de los instrumentos de gestión y el desarrollo de políticas compartidas para prevenir y combatir el crimen organizado.
La formación especializada, el procesamiento de información y el trabajo articulado entre instituciones quedaron planteados como pilares fundamentales para anticipar amenazas, aportar elementos a las investigaciones judiciales y mejorar las condiciones de seguridad en las cárceles de Mendoza y de toda la región.
