Mendoza avanzará esta semana con la reglamentación integral del reconocimiento facial aplicado a la seguridad. La publicación del decreto reglamentario de la Ley 9562 convertirá a la provincia en la primera del país en contar con un marco específico para utilizar esta tecnología en la búsqueda de personas que tienen requerimientos judiciales.
El anuncio fue realizado por el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, quienes explicaron los alcances del nuevo esquema y los procedimientos que deberán seguirse para generar, validar y actuar ante las alertas producidas por el sistema.
De la presentación también participaron el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff; el subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich; el director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat; el director general de Policías, Marcelo Calipo; el director general de Investigaciones, José Vega; el director de Administración, Marcelo Penutto, y el jefe del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), Alfredo Vicencio.
El decreto será publicado esta semana en el Boletín Oficial y determinará las condiciones técnicas, operativas y procedimentales que deberán cumplirse para emplear el reconocimiento facial en la localización de personas requeridas por la Justicia.
Los primeros resultados del reconocimiento facial en Mendoza
Desde el 1 de mayo de 2026, el sistema produjo 107 alertas. Del total, el 57% estuvo relacionado con pedidos de captura, mientras que el 24% correspondió a búsquedas de paradero.
Las alertas vinculadas con pedidos de captura permitieron detener a 23 personas que eran buscadas por la Justicia. Entre ellas se encontraban individuos requeridos en investigaciones por robos, tentativa de homicidio y hechos de violencia de género.
Durante este período, según informó el Gobierno provincial, no se detectaron falsos positivos.
Durante la presentación, Cornejo sostuvo que la reglamentación permitirá establecer reglas para el uso de herramientas digitales destinadas a identificar personas, respetando el debido proceso y la privacidad.
El Gobernador explicó que el reconocimiento facial se incorpora a una política de seguridad más amplia que contempla inversiones en tecnología, bienes de capital, equipamiento, patrulleros y capacitación para los integrantes de la Policía.
En ese sentido, señaló que los cambios realizados durante los últimos años todavía no resultan suficientes para alcanzar los objetivos planteados y consideró necesario continuar sumando herramientas que permitan profundizar la respuesta frente al delito.
Cornejo también destacó las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar los resultados en materia de seguridad y remarcó la necesidad de contar con instrumentos que permitan proteger a la población y actuar contra quienes cometen delitos.
El mandatario vinculó además la reglamentación del reconocimiento facial con el proyecto de Ley de Ciberseguridad, que se encuentra en tratamiento legislativo y ya obtuvo media sanción. Según explicó, ambas iniciativas apuntan a responder tanto frente a los delitos tradicionales como ante las nuevas modalidades delictivas relacionadas con el avance tecnológico.
En relación con el reconocimiento facial, Cornejo destacó que la herramienta permitirá localizar a personas buscadas por la Justicia y evitar que permanezcan en la vía pública. También planteó la posibilidad de ampliar la cobertura del sistema mediante la incorporación de cámaras privadas, a través de los convenios que la Provincia mantiene con el sector privado y de nuevos acuerdos que se puedan concretar.
El Gobernador remarcó, además, que la incorporación de tecnología debe estar acompañada por una Policía con presencia territorial y una distribución adecuada de sus recursos humanos. En particular, destacó el liderazgo de los jefes policiales, la capacitación en nuevas tecnologías y la necesidad de que el personal esté correctamente asignado y preparado para cumplir sus funciones.
Cornejo consideró que la tecnología puede aumentar la eficiencia de la fuerza, aunque aclaró que no sustituye completamente la labor policial. La intervención de los efectivos continúa siendo indispensable para actuar y hacer cumplir la ley.
A su vez, señaló que contar con una normativa específica brinda respaldo y herramientas a los policías para desarrollar su trabajo y detener a personas que cometen delitos o que tienen requerimientos judiciales vigentes.
La nueva herramienta también será articulada con el sistema judicial y con las modificaciones introducidas en materia de flagrancia. La intención es que la identificación de personas relacionadas con delitos facilite posteriormente las condiciones para que sean sometidas a la Justicia con mayor rapidez.
En este proceso, el Gobierno destacó el trabajo coordinado entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y las autoridades judiciales para adaptar los recursos y responder a los casos que puedan surgir con la implementación del reconocimiento facial y de la futura legislación sobre ciberseguridad.
Cornejo explicó que la reglamentación fue desarrollada luego de un proceso de análisis y consultas encabezado por la ministra Mercedes Rus. En ese trabajo participaron funcionarios judiciales del ámbito federal y provincial, especialistas en ciberdelitos y distintos actores que tendrán responsabilidades en la aplicación de la normativa.
También destacó el acompañamiento de la Policía y consideró necesario continuar capacitando a sus integrantes para afrontar las nuevas tareas vinculadas con el uso de tecnología.
Por último, el Gobernador se refirió a la modernización del sistema 911 y sostuvo que todavía se debe profundizar su gestión para alcanzar los resultados esperados. En este sentido, señaló que el nuevo decreto fortalecerá al 911 como centro de inteligencia para la prevención y represión del delito.
Sistema integral de seguridad y nueva tecnología
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, destacó el proceso desarrollado por la Provincia hasta llegar a la puesta en funcionamiento del reconocimiento facial y valoró la participación de funcionarios y representantes de las fuerzas de seguridad y penitenciarias.
Rus explicó que el nuevo sistema forma parte de una política orientada a enfrentar el delito mediante distintas herramientas y remarcó que el objetivo no es administrar el delito, sino combatirlo.
La estrategia provincial, según detalló, incluye el monitoreo de personas vinculadas con hechos delictivos a través de los centros de monitoreo propios y de aquellos que funcionan de manera integrada con los municipios.
A este esquema se incorporó el uso de la ciencia y la tecnología aplicada a la seguridad, junto con laboratorios especializados destinados a producir evidencia que pueda ser utilizada por la Justicia en las investigaciones y posteriores condenas.
La ministra señaló que el sistema de seguridad de Mendoza no se limita al patrullaje, sino que comprende distintas etapas destinadas a perfilar e identificar delincuentes, concretar detenciones y reunir evidencia para que los casos puedan avanzar judicialmente.
También puso en valor las normas que acompañan esta estrategia y los resultados obtenidos en los distintos procedimientos policiales.
Durante este período se realizaron 78 megaoperativos, en los cuales la Policía de Mendoza aprehendió un promedio de 10 personas por procedimiento. Además, Rus informó que actualmente la fuerza aprehende, en conjunto con la Justicia, a 23 personas por hora.
La funcionaria destacó también las acciones destinadas a desarticular lugares utilizados por delincuentes y cerrar los denominados aguantaderos. Según explicó, estos espacios eran utilizados para el consumo de drogas y alcohol y terminaban afectando la seguridad de los barrios.
En paralelo, valoró el acompañamiento de las normas destinadas a intervenir sobre estas situaciones.
Otro de los puntos destacados por Rus fue el fortalecimiento de los laboratorios vinculados con ciencia y tecnología. En el caso del Laboratorio de Genética, informó que se incorporaron 12.000 nuevas muestras.
La ministra remarcó la relevancia de este recurso para el funcionamiento del sistema de reconocimiento facial. También mencionó el trabajo del Laboratorio de Balística, inaugurado durante el primer semestre de este año, que ya alcanzó 90 coincidencias positivas.
Estas coincidencias permiten relacionar armas secuestradas por la Policía con hechos delictivos que se encuentran bajo investigación.
En cuanto al sistema de videovigilancia, Rus destacó la incorporación de cámaras privadas y municipales al esquema provincial. Actualmente, Mendoza dispone de 151 cámaras equipadas con reconocimiento facial.
Según explicó, esta infraestructura permite identificar personas y reforzar la capacidad de respuesta policial ante situaciones relacionadas con requerimientos judiciales.
Cómo funcionarán las alertas del reconocimiento facial
La reglamentación que será publicada en el Boletín Oficial establecerá tres tipos de códigos de alerta.
El primero estará destinado a personas que tengan pedidos de captura emitidos por la Justicia. El segundo permitirá detectar casos de personas que cumplen prisión o arresto domiciliario y que incumplan esas condiciones. El tercero será utilizado para búsquedas de paradero.
Este último mecanismo permitirá aplicar la tecnología en casos de personas extraviadas, incluyendo adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de facilitar su localización mediante el Sistema Provincial de Videovigilancia.
Rus aclaró que el sistema no funcionará de manera automática, sino que contará con una instancia de verificación humana. Esta tarea estará a cargo de personal policial desde el Centro Estratégico de Operaciones y también de efectivos que se encuentren en la vía pública.
La intervención humana será clave para validar las alertas antes de que se produzca cualquier procedimiento policial.
De acuerdo con la ministra, durante los primeros 100 días de funcionamiento no se registraron falsos positivos. Es decir, no hubo situaciones en las que una persona fuera identificada equivocadamente como aquella que figuraba en una orden judicial.
Rus sostuvo finalmente que Mendoza ocupa una posición de liderazgo al disponer de un sistema de reconocimiento facial operativo, acompañado por una ley específica y una reglamentación que establece las condiciones para su utilización.
Para la funcionaria, este marco normativo permite legitimar el sistema y consolidar la experiencia acumulada durante los primeros 100 días. También consideró que la ausencia de falsos positivos representa un resultado positivo tanto para el sistema como para el trabajo desarrollado por el Ministerio y para las posibilidades que ofrece la herramienta en materia de seguridad.
Casos que ya fueron resueltos con reconocimiento facial
Entre los procedimientos destacados aparece el caso de un hombre buscado por un robo agravado ocurrido en abril. En el marco de esa investigación, una pericia genética había permitido identificar al presunto autor y posteriormente la Justicia había dispuesto su captura.
El 3 de junio, el reconocimiento facial emitió una alerta que permitió localizarlo. Luego de realizar las verificaciones correspondientes, la Policía concretó la detención.
El hombre tenía 21 causas judiciales y posteriormente recibió una condena.
Otro procedimiento permitió localizar y detener, el 30 de mayo, a un hombre que era requerido por la Justicia en una causa por violación.
Un tercer caso ocurrió el 29 de junio, cuando una alerta posibilitó encontrar a una mujer buscada en una investigación por robo agravado por el uso de arma, cometido en poblado y en banda.
Qué contempla la reglamentación de la Ley 9562
El decreto establecerá que el reconocimiento facial podrá utilizarse para tres finalidades específicas: búsquedas de paradero, control de personas sometidas a prisión o detención domiciliaria y localización de personas que tengan pedidos de captura o detención emitidos por la Justicia.
Para incorporar a una persona al sistema deberá existir una fuente judicial habilitante y verificable. Cada requerimiento tendrá que contener la identificación de la persona, el objetivo de la medida, su período de vigencia, la autoridad que la solicitó y el expediente o legajo correspondiente.
La normativa también impedirá la elaboración de listas informales, paralelas o que no cuenten con documentación.
El reconocimiento facial será utilizado como una herramienta de orientación para las investigaciones. El sistema comparará las imágenes obtenidas por las cámaras con aquellas que forman parte de la base habilitada y, a partir de ese análisis, generará una hipótesis de coincidencia.
Esa coincidencia no será suficiente por sí misma para establecer la identidad de una persona ni generará automáticamente una detención.
Cuando se produzca una alerta, un operador autorizado del Centro Estratégico de Operaciones deberá efectuar una primera revisión humana. Para ello tendrá que analizar la calidad de la imagen, el nivel de coincidencia y la correspondencia visual.
Si la alerta resulta validada, el CEO informará la situación al personal policial. Los efectivos desplegados en el territorio deberán realizar una segunda comprobación de identidad y verificar que el requerimiento judicial continúe vigente antes de tomar cualquier medida.
Todo el proceso quedará documentado y estará sujeto a mecanismos de trazabilidad, auditorías y controles periódicos.
La reglamentación también incluirá disposiciones relacionadas con la confidencialidad, la protección de datos personales, la seguridad de la información y la realización de evaluaciones de impacto.
Con la publicación del decreto reglamentario de la Ley 9562, Mendoza formalizará un esquema integral para utilizar el reconocimiento facial en la búsqueda de personas requeridas por la Justicia. El modelo combinará la tecnología del Sistema Provincial de Videovigilancia con la revisión de operadores del CEO y la intervención de los efectivos policiales en el territorio.
