El Ministerio de Seguridad de Mendoza puso en marcha una investigación para determinar cómo cuatro internos del Complejo Penitenciario N°2 San Felipe lograron acceder a teléfonos celulares y participar de un streaming que rápidamente se viralizó en redes sociales.
El episodio tomó estado público cuando el streamer Valentino Melo compartió un fragmento de una transmisión en vivo en la que dialogó con cuatro personas privadas de la libertad. Durante la conversación, los propios internos confirmaron que se encontraban alojados en el penal San Felipe, ubicado en la Ciudad de Mendoza.
Tras conocerse el hecho, las autoridades provinciales ordenaron una requisa sorpresa en el Módulo 8B del establecimiento, donde permanecen alojados los reclusos involucrados. El procedimiento fue realizado por personal del Servicio Penitenciario de Mendoza y permitió el secuestro de cinco teléfonos celulares.
Desde diciembre de 2023, Mendoza prohíbe la tenencia de teléfonos celulares dentro de las cárceles. La medida fue impulsada con el objetivo de reforzar la seguridad y evitar que desde los establecimientos penitenciarios se organicen o faciliten distintos tipos de delitos.
Como consecuencia del hallazgo, los internos quedaron sujetos a posibles sanciones disciplinarias, administrativas y judiciales, ya que la normativa vigente considera la posesión de celulares una falta grave. Entre las medidas que podrían verse comprometidas figuran las salidas transitorias, los regímenes de semilibertad y el acceso a la libertad condicional.
En paralelo, el Ministerio de Seguridad también investiga si el ingreso de los dispositivos contó con la participación o colaboración de personas ajenas al sistema penitenciario.
La ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, se refirió al caso y destacó que en los operativos que se realizan en los penales de la provincia se secuestran, en promedio, unos 15 dispositivos electrónicos por día.
La funcionaria también recordó la situación heredada tras la autorización del uso de celulares durante la pandemia. “Había más de 16.000 celulares declarados que pudimos retirar de las cárceles gracias a una batalla judicial que debimos dar y que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia”, sostuvo.
