El Gobierno de Mendoza dio un paso clave en su estrategia de modernización al reglamentar la presentación de iniciativas privadas destinadas al Parque General San Martín. La medida establece un marco legal y administrativo para impulsar proyectos de inversión que apunten a mejorar servicios, renovar infraestructura y potenciar el desarrollo sostenible del principal pulmón verde provincial.
La normativa, impulsada por el Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza, formaliza una convocatoria pública dentro del Régimen Provincial de Iniciativa Privada, regulado por el Decreto 2002/25. El objetivo es fomentar la participación del sector privado en la puesta en valor del parque, garantizando al mismo tiempo transparencia, previsibilidad y resguardo ambiental.
Según explicó el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, la iniciativa no solo busca renovar estructuras existentes, sino también redefinir el vínculo entre el Estado y los inversores. En ese sentido, se pretende posicionar al parque como un activo estratégico para atraer inversiones y promover el desarrollo económico con criterios sustentables.
El esquema contempla la intervención de distintos organismos. La Dirección de Biodiversidad y Ecoparque será la encargada de recibir y evaluar los proyectos desde el punto de vista ambiental, mientras que la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado (DIGEBIRE) analizará los aspectos vinculados al uso de los inmuebles públicos. Esta articulación apunta a asegurar un manejo responsable del patrimonio estatal.
Cómo presentar proyectos
Las propuestas deberán presentarse de manera digital y cumplir con los requisitos técnicos establecidos por la normativa vigente. Para esta primera etapa, el plazo límite es el 15 de mayo de 2026, aunque el sistema continuará abierto para futuras iniciativas.
Cada proyecto será sometido a un proceso de evaluación técnica que incluirá un informe de compatibilidad de usos. En caso de ser considerado viable, podrá ser elevado al Poder Ejecutivo para su declaración de interés público.
Ejes del nuevo modelo
El régimen se apoya en tres pilares fundamentales:
- Agilidad administrativa, con procedimientos simplificados para evitar demoras
- Transparencia, mediante mecanismos competitivos de selección
- Seguridad jurídica, que garantice previsibilidad para inversiones a largo plazo
Además, se incorporan mecanismos de control y fiscalización para asegurar que cada intervención respete los estándares ambientales y contribuya a la preservación del área protegida.
Cabe recordar que el Parque General San Martín cuenta con la categoría de Área Ambiental Urbana Protegida, lo que obliga a que cualquier desarrollo mantenga el equilibrio entre crecimiento y conservación.
Según detallaron desde el Gobierno, la Autoridad Ambiental tendrá un rol central en la evaluación de impactos y en la fiscalización de las obras o servicios que se propongan, con el objetivo de evitar afectaciones al ecosistema y al patrimonio cultural del lugar.
La reglamentación se inscribe en una estrategia oficial más amplia que busca incorporar capital privado a obras públicas, bajo esquemas que garanticen transparencia, competencia y seguridad jurídica.
