El Gobierno de Mendoza reforzó las políticas destinadas a la protección y conservación del arbolado público a partir de la actualización del marco normativo, la capacitación de los organismos involucrados y la incorporación de nuevas herramientas para la planificación, fiscalización y control.
Las medidas fueron impulsadas a través de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, dependiente del Ministerio de Energía y Ambiente, como parte de una estrategia destinada a ordenar las intervenciones sobre los forestales y mejorar su conservación.
En ese contexto, una nueva resolución estableció el régimen de fiscalización y sanciones aplicable a las intervenciones realizadas sobre el arbolado público. La disposición complementó lo establecido por la Ley Provincial 7874, su modificatoria Ley 9702 y el Decreto Reglamentario 1720/2026.
La medida representó un nuevo avance dentro del trabajo desarrollado por el Departamento de Forestación para impulsar una gestión integral del patrimonio arbóreo de Mendoza. El esquema se apoyó en criterios técnicos comunes, responsabilidades claramente establecidas y una mayor coordinación entre el Gobierno provincial, los municipios y los organismos relacionados con su mantenimiento.
Nuevas sanciones y controles para proteger el arbolado público
La resolución incorporó mecanismos específicos de fiscalización y un régimen sancionatorio orientado a garantizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la planificación, gestión, información y control del arbolado público.
Entre las principales disposiciones quedaron contemplados apercibimientos, multas y medidas destinadas a reparar, recomponer o compensar los daños producidos cuando las intervenciones no cumplieran con las condiciones fijadas por la legislación vigente.
Las infracciones quedaron clasificadas en leves, graves y muy graves. De acuerdo con las características de cada incumplimiento, las sanciones contemplaron una escala general que fue desde las 100 hasta las 15.000 Unidades Fiscales.
Para establecer la gravedad de una infracción se tuvieron en consideración diferentes factores, entre ellos la cantidad de árboles afectados, la edad y el porte de los ejemplares, su valor ambiental, paisajístico o patrimonial y la magnitud del daño provocado.
También se evaluaron las posibilidades de recuperación de los forestales y la existencia de antecedentes o reincidencias por parte de los responsables.
Además, la normativa determinó que recibir una sanción no liberó al infractor de la obligación de reparar, recomponer o compensar el daño ocasionado cuando correspondiera.
El nuevo esquema también incorporó procedimientos administrativos destinados a garantizar el derecho de defensa y a permitir que las circunstancias particulares de cada infracción fueran analizadas antes de adoptar una resolución.
Las responsabilidades de los municipios y otros organismos
Otro de los ejes centrales del nuevo marco normativo estuvo relacionado con el fortalecimiento de las obligaciones de planificación y seguimiento correspondientes a los organismos responsables del arbolado público.
La Ley 9702 estableció que los municipios deberán elaborar y presentar cada cuatro años un Plan de Manejo Integral del Arbolado Público. Esos documentos deberán adecuarse a los lineamientos generales y a los criterios técnicos mínimos establecidos por la autoridad provincial.
A su vez, las comunas deberán presentar informes anuales para que pueda evaluarse el cumplimiento de los objetivos establecidos, las intervenciones realizadas y los resultados obtenidos.
La nueva resolución también contempló medidas ante eventuales incumplimientos de estas obligaciones, además de otras disposiciones relacionadas con la actualización de información, la supervisión técnica y las intervenciones efectuadas sobre los forestales.
Con este esquema se buscó consolidar un sistema que permitiera planificar las tareas, controlar su ejecución y reforzar las responsabilidades correspondientes a cada uno de los organismos involucrados.
Al mismo tiempo, la normativa mantuvo las competencias propias de los municipios. Las comunas conservaron sus facultades de fiscalización y sanción dentro de sus respectivas jurisdicciones, mientras que la autoridad provincial mantuvo las funciones de supervisión, control y fiscalización que le corresponden por ley.
Capacitación y coordinación con los municipios
Como parte de la implementación del nuevo esquema, el Departamento de Forestación de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque realizó el 18 de septiembre una jornada de capacitación y actualización normativa en las instalaciones del Ecoparque de Mendoza.
La actividad reunió a alrededor de 60 personas, entre representantes municipales, delegaciones de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, miembros del Consejo Provincial de Defensa del Arbolado Público y representantes de Vialidad Provincial y Nacional.
Durante el encuentro se explicaron los principales alcances de la Ley 9702 y del Decreto Reglamentario 1720/2026. La capacitación puso especial atención en las nuevas responsabilidades asignadas a los organismos competentes y en los criterios técnicos que deberán respetarse al momento de intervenir los ejemplares.
Entre los temas analizados estuvieron la poda, la erradicación, las autorizaciones necesarias para realizar intervenciones, la reposición de forestales, la planificación de las tareas y los procedimientos administrativos previstos en la normativa.
La jornada también funcionó como un espacio de intercambio entre las diferentes jurisdicciones. Allí se pudieron resolver consultas, avanzar en la unificación de criterios de actuación y fortalecer los mecanismos de coordinación institucional.
Capacitaron a las empresas eléctricas
El trabajo continuó con una capacitación específica destinada a las empresas prestadoras de servicios eléctricos. La iniciativa tuvo como finalidad presentar el nuevo marco normativo y promover prácticas apropiadas para las intervenciones que debieran realizarse sobre el arbolado público.
El mantenimiento y la conservación de las redes eléctricas suelen demandar trabajos sobre árboles ubicados cerca de líneas e instalaciones de distribución. Frente a esa situación, las autoridades remarcaron la necesidad de aplicar criterios técnicos que permitieran garantizar la seguridad del servicio sin descuidar la conservación de los forestales.
Durante la capacitación se hizo hincapié en evitar podas excesivas o innecesarias, organizar previamente las tareas, disponer de las autorizaciones correspondientes y respetar las condiciones estructurales y sanitarias de cada ejemplar.
La nueva resolución incluyó expresamente a las empresas distribuidoras de servicios públicos y también a sus contratistas y subcontratistas. Para estos actores se establecieron mecanismos de fiscalización y sanción frente a incumplimientos de las condiciones técnicas o administrativas correspondientes.
Además, se fijaron criterios uniformes para aquellas intervenciones que involucraran a más de una jurisdicción municipal y que estuvieran sujetas a autorización, coordinación o fiscalización por parte de la Provincia.
Estas medidas apuntaron a mejorar la articulación entre los organismos encargados del control y las compañías de servicios, con el propósito de impulsar intervenciones responsables y disminuir los daños sobre el patrimonio arbóreo mendocino.
Una estrategia integral para preservar los árboles de Mendoza
La actualización de la legislación, las jornadas de capacitación y las nuevas herramientas de fiscalización se integraron dentro de una estrategia desarrollada por la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, mediante su Departamento de Forestación, en coordinación con los municipios.
En Mendoza, una provincia marcada por condiciones climáticas áridas, el arbolado público constituye una pieza fundamental tanto del paisaje como de la calidad de vida de sus habitantes. Los árboles aportan sombra, ayudan a regular la temperatura, favorecen la biodiversidad y generan otros beneficios ambientales esenciales.
La preservación de este patrimonio requiere una planificación permanente, intervenciones realizadas bajo criterios técnicos adecuados y un trabajo coordinado entre los diferentes organismos que poseen responsabilidades sobre su cuidado.
Con las nuevas disposiciones, el Gobierno de Mendoza apuntó a reforzar la aplicación efectiva de la normativa, incrementar la responsabilidad de quienes intervienen sobre los forestales y avanzar hacia un modelo sustentable de gestión.
El objetivo final fue preservar y desarrollar el patrimonio arbóreo provincial, combinando controles, planificación, capacitación y coordinación institucional para garantizar su conservación tanto para las generaciones actuales como para las futuras.
