Mendoza participó del debate sobre la actualización del marco normativo que regula la actividad minera en Argentina, durante la II Cumbre Internacional de Minería Sostenible Mendoza 2026. En ese contexto, el director de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente, Jerónimo Shantal, presentó los avances de la provincia en materia de modernización de procedimientos y planteó la importancia de adaptar la legislación a las nuevas tecnologías, las inversiones y las exigencias ambientales.
El funcionario integró un panel dedicado a analizar los cambios que necesita una industria en permanente transformación, caracterizada por la incorporación de herramientas tecnológicas, prácticas sostenibles y una participación cada vez mayor de las comunidades. Los participantes coincidieron en la necesidad de establecer reglas claras y previsibles que permitan acompañar el crecimiento de la actividad y generar confianza para atraer capitales.
La exposición se desarrolló en el espacio denominado “Código de Minería y RIGI: el marco jurídico para los proyectos de la nueva minería argentina”, que estuvo moderado por la periodista Roxana Villegas. También participaron la directora nacional de Inversiones Mineras, Eugenia Bais, y Alejandro Massot, representante del Estudio Randle.
Durante su presentación, Shantal puso el foco en la antigüedad de la legislación nacional y en la necesidad de revisar sus disposiciones para responder a las características actuales de la industria.
En ese sentido, recordó que el Código de Minería nacional fue sancionado en 1887 y que en 2027 alcanzará los 140 años de vigencia. A partir de ese dato, consideró necesario discutir si una normativa elaborada para una realidad completamente distinta puede responder a los desafíos de la minería moderna.
“Tenemos un Código de Minería nacional de 1887 que el año que viene cumplirá 140 años. Si queremos avanzar hacia la minería del futuro, generar trabajo y construir condiciones de seguridad y confianza en la comunidad, tenemos que replantearnos si podemos seguir trabajando con una normativa concebida para una realidad completamente diferente”, sostuvo.
Posteriormente, el director repasó los avances que concretaron distintas jurisdicciones argentinas para actualizar sus respectivos códigos de procedimientos mineros. Entre ellas mencionó a Río Negro, Catamarca y Mendoza, que en 2024 modificó una legislación que llevaba ocho décadas de antigüedad.
En relación con el trabajo realizado en la provincia, Shantal destacó las modificaciones introducidas en los procedimientos administrativos, los controles ambientales y los mecanismos utilizados para adjudicar áreas mineras.
El funcionario señaló que las jurisdicciones provinciales consiguieron avances importantes, aunque consideró que todavía es necesario profundizar el proceso de actualización. También planteó la conveniencia de seguir evaluando instrumentos que permitan acompañar las inversiones, reconocer a quienes desarrollan iniciativas productivas y promover la creación de puestos de trabajo.
“Las provincias hemos avanzado muchísimo y seguimos trabajando para modernizar el sistema”, destacó.
En otro tramo de su intervención, Shantal insistió en que la transformación de la actividad requiere una legislación acorde con las herramientas tecnológicas disponibles y con los estándares que demanda la minería actual. En ese marco, advirtió sobre las diferencias entre las necesidades de la industria y algunas disposiciones que todavía permanecen en el Código nacional.
“Todas las provincias queremos avanzar hacia una nueva minería, la que nos exige la tecnología actual y la necesidad de contar con estándares y normativas adecuadas. Pero tenemos un Código nacional que todavía conserva disposiciones que no se corresponden con la realidad de la actividad”, señaló.
Asimismo, consideró que la discusión sobre una eventual actualización normativa debe contemplar diferentes dimensiones de la actividad minera. Entre los aspectos que mencionó incluyó la relación con las comunidades y los pueblos originarios, la aplicación de buenas prácticas, las tecnologías destinadas al monitoreo ambiental, la responsabilidad de las empresas y los procedimientos vinculados con el cierre de minas.
El director también remarcó que uno de los objetivos centrales consiste en lograr que los derechos mineros se conviertan en proyectos efectivos, inversiones y oportunidades laborales para las provincias.
“Queremos que los derechos mineros se traduzcan en inversiones concretas, desarrollo de proyectos y generación de empleo”, afirmó Shantal. De esta manera, vinculó la actualización de las herramientas legales con la necesidad de incentivar la actividad y garantizar un aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

Seguridad jurídica y actualización de las normas
La directora nacional de Inversiones Mineras, Eugenia Bais, también se refirió a los desafíos que presenta la actualización de la legislación y a la necesidad de contar con un marco regulatorio capaz de acompañar los cambios de la industria.
Durante su intervención, sostuvo que las normas deben responder a las condiciones reales en las que se desarrolla la actividad, ya que los avances del sector muchas veces superan la capacidad de adaptación de las disposiciones vigentes.
“Las modificaciones normativas son un desafío constante. El marco normativo tiene que responder a la realidad, y muchas veces la realidad avanza mucho más rápido que las propias normas, que quedan desactualizadas después de tantos años de vigencia”, expresó.
Bais consideró que avanzar con estos cambios requiere decisión y voluntad para revisar las reglas existentes. Además, explicó que una legislación comprensible y actualizada representa un elemento fundamental para fortalecer la seguridad jurídica y ofrecer previsibilidad a quienes analizan invertir en proyectos mineros.
En ese sentido, advirtió que las dificultades para interpretar una normativa pueden convertirse en un obstáculo al momento de tomar decisiones económicas. Por el contrario, afirmó que disponer de reglas claras y correctamente establecidas facilita la evaluación de las inversiones.
“Creo que es un desafío que debemos asumir y que hay que tener valentía para hacerlo, porque una normativa clara y actualizada contribuye a la seguridad jurídica y a la previsibilidad que necesitan las inversiones para concretarse. En definitiva, cuando un inversor lee una normativa y no puede comprenderla, tomar una decisión de inversión resulta mucho más difícil que cuando las reglas son claras y están bien establecidas”, afirmó.
Por su parte, Alejandro Massot, del Estudio Randle, aportó una perspectiva jurídica sobre diferentes disposiciones del Código de Minería. Entre los puntos que abordó se encontraron los requisitos de inversión mínima y los plazos de inactividad establecidos para las concesiones mineras.
El especialista explicó que los emprendimientos mineros atraviesan distintas etapas y presentan características particulares según cada proyecto. Por ese motivo, consideró oportuno analizar criterios que tengan en cuenta las condiciones específicas de cada yacimiento y permitan reconocer los estudios técnicos desarrollados, incluso en aquellos períodos en los que no se registran trabajos directos sobre el terreno.
Massot planteó que existen distintos aspectos de la legislación que podrían incorporarse a futuras discusiones para evaluar eventuales modificaciones. Sin embargo, reconoció que cualquier intento de reforma supone un desafío, especialmente por las dudas que pueden surgir respecto de sus consecuencias.
“Creo que hay muchos aspectos que sería interesante estudiar y mantener en agenda para evaluar posibles modificaciones. Sé que no va a ser fácil. Muchas veces se plantea que es preferible dejar el Código de Minería como está porque no sabemos cuál podría ser el resultado de intentar modificarlo”, expresó.
Finalmente, el representante del Estudio Randle valoró la importancia de impulsar una discusión amplia sobre el marco legal de la minería argentina. En esa línea, destacó la necesidad de convocar a los diferentes sectores vinculados con la actividad y considerar sus aportes para identificar las demandas actuales de la industria.
El debate desarrollado en la cumbre permitió poner en común distintas perspectivas sobre el futuro de la legislación minera, con especial atención en la modernización de los procedimientos, la seguridad jurídica y la generación de condiciones que favorezcan las inversiones y el desarrollo responsable de nuevos proyectos.





