La Dirección de Defensa del Consumidor de Mendoza creó la Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo (OCDC), una nueva herramienta destinada a personas que atravesaron situaciones graves de endeudamiento vinculadas con relaciones de consumo.
La medida quedó establecida mediante la Resolución 384/2026 y tuvo como objetivo brindar una instancia administrativa que permitiera facilitar el diálogo entre quienes mantenían obligaciones pendientes y sus acreedores. El mecanismo fue pensado para aquellos casos en los que resultara necesario encontrar alternativas para regularizar las deudas y recuperar una situación financiera sostenible.
El procedimiento establecido por la nueva oficina fue gratuito y voluntario. La intervención buscó favorecer la posibilidad de alcanzar acuerdos entre las partes, aunque la presentación ante la OCDC no garantizó que una propuesta fuera aceptada ni implicó la cancelación automática de las obligaciones.
Entre las alternativas que pudieron ser analizadas en el marco de las conciliaciones se encontraron las refinanciaciones, modificaciones en los plazos de pago, quitas y otras opciones, de acuerdo con las características particulares de cada situación.
Requisitos y funcionamiento de la nueva oficina
La intervención de la Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo quedó destinada a personas mayores de edad que actuaran como consumidores finales y tuvieran domicilio real en Mendoza, siempre que cumplieran con las condiciones establecidas por la normativa.
Uno de los principales aspectos considerados fue la existencia de una situación grave o inminente de insolvencia. Además, la evaluación contempló las circunstancias particulares de cada persona que solicitara la intervención, con el objetivo de determinar las condiciones del caso.
El mecanismo alcanzó diferentes obligaciones relacionadas con el consumo. Entre ellas se incluyeron las deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales y otras formas de financiación destinadas al consumo.
Sin embargo, la normativa también estableció determinadas exclusiones. Quedaron fuera del procedimiento las deudas hipotecarias, las obligaciones alimentarias, las deudas empresariales que no estuvieran vinculadas con el consumo familiar y aquellas que superaran el monto previsto en la resolución.
Una vez que la persona interesada presentara la solicitud junto con la documentación correspondiente, la autoridad interviniente podía convocar a los acreedores involucrados. Estos debían informar el estado de las obligaciones, mientras que Defensa del Consumidor promovía una instancia destinada a facilitar la conciliación entre las partes.
En caso de que consumidores y acreedores alcanzaran un acuerdo y este fuera posteriormente homologado, el convenio adquiría carácter ejecutivo, de acuerdo con las condiciones establecidas por la normativa.
La resolución también incorporó pautas orientadas a favorecer compromisos de pago que resultaran sostenibles para los hogares. Dentro de las posibilidades contempladas se encontraba la negociación de cuotas que no superaran determinados porcentajes de los ingresos familiares, además de la posibilidad de acordar la eliminación de punitorios y gastos derivados de la mora.
Estas condiciones no se aplicaron de manera automática. Formaron parte de la instancia de negociación y dependieron de las características de cada acuerdo alcanzado entre las partes.
Por otra parte, la normativa incorporó acciones vinculadas con la educación financiera y el consumo responsable. Las personas que accedieran al procedimiento debían participar obligatoriamente de estas instancias como parte del mecanismo previsto por la nueva oficina.
De esta manera, la Dirección de Defensa del Consumidor de Mendoza buscó sumar una herramienta para atender situaciones de sobreendeudamiento y generar un espacio institucional en el que consumidores y acreedores pudieran analizar alternativas frente a obligaciones difíciles de afrontar.
La iniciativa apuntó a promover soluciones que tuvieran en cuenta la capacidad de pago de cada hogar, mediante acuerdos que permitieran ordenar las deudas y establecer compromisos posibles de cumplir. Con la creación de la OCDC, Defensa del Consumidor fortaleció así una instancia de diálogo destinada a acompañar a los consumidores mendocinos que atravesaran situaciones complejas de endeudamiento.
