El Gobierno de Mendoza remitió a la Legislatura Provincial un proyecto de ley destinado a actualizar el Régimen Disciplinario de la Administración Pública. La iniciativa plantea una reforma de la normativa vigente a partir de la experiencia acumulada desde la sanción de la Ley 9103, con el objetivo de acortar los tiempos de tramitación, optimizar los recursos disponibles y mejorar la capacidad de investigación de los organismos involucrados.
Entre las modificaciones centrales se encuentra el fortalecimiento de la Oficina General de Sumarios, que tendrá un rol especializado y contará con autonomía técnica y funcional para llevar adelante investigaciones e instruir procedimientos bajo criterios de objetividad e imparcialidad.
El proyecto también establece la obligación de funcionarios, agentes y organismos de colaborar ante los requerimientos formulados por la Oficina. A su vez, contempla la posibilidad de que ese organismo inicie de oficio informaciones sumarias cuando tome conocimiento de hechos que puedan constituir faltas disciplinarias.
Distribución de competencias y procedimientos más ágiles
La iniciativa propone asignar las competencias de acuerdo con la naturaleza y la gravedad de cada falta. De esta manera, las infracciones consideradas de menor entidad podrán ser investigadas y resueltas por las propias reparticiones de origen, siempre con respeto por el derecho de defensa.
En tanto, la Oficina General de Sumarios concentrará su actuación en aquellos casos que, por sus características, demanden una investigación especializada.
El nuevo régimen incorpora además un procedimiento especial para determinadas causales objetivas de cesantía. Entre ellas se encuentran las inasistencias injustificadas, el abandono de servicio y la acumulación de sanciones de suspensión.
Para aplicar este procedimiento, los hechos deberán poder ser acreditados mediante documentación o registros oficiales. Al mismo tiempo, se garantizará al agente involucrado una instancia para ejercer su derecho de defensa.
La reforma también incorpora disposiciones destinadas a evitar la realización de investigaciones paralelas cuando exista una relación entre los hechos analizados. Además, prevé mecanismos alternativos para finalizar los procedimientos, entre ellos la suspensión del sumario a prueba y el sumario abreviado, siempre que las características particulares del caso permitan su utilización.
Digitalización de los sumarios
La incorporación de herramientas digitales constituye otro de los puntos centrales de la propuesta. El proyecto establece que las citaciones y notificaciones deberán realizarse prioritariamente mediante la plataforma Mendoza por Mí (M×M).
No obstante, también podrán utilizarse otros medios electrónicos, siempre que permitan acreditar tanto el envío como la recepción y el contenido de la comunicación.
La propuesta contempla asimismo la realización de audiencias virtuales cuando esta modalidad permita facilitar la participación de las personas involucradas o contribuir a una mayor agilidad del procedimiento. Estas instancias deberán quedar registradas e incorporadas al expediente electrónico correspondiente.
De acuerdo con los objetivos planteados en la iniciativa, la digitalización permitirá reducir tiempos y costos y, al mismo tiempo, mejorar la trazabilidad de las distintas actuaciones que integran los sumarios.
Garantías y plazos
El proyecto mantiene como ejes fundamentales el debido proceso, el derecho de defensa, la imparcialidad, la transparencia, la legalidad y la proporcionalidad de las sanciones.
En ese marco, el inicio de un sumario no tendrá efectos sobre la carrera administrativa del agente. Además, se establece que la persona involucrada será considerada inocente hasta que una resolución determine la existencia de responsabilidad disciplinaria.
En cuanto a los plazos, las informaciones sumarias deberán desarrollarse en un período de 30 días. Este término podrá extenderse por única vez durante otros 30 días, siempre que existan circunstancias excepcionales y que la prórroga se encuentre debidamente fundamentada.
El régimen propuesto mantiene las sanciones de apercibimiento, suspensión, cesantía y exoneración. Para determinar su aplicación y graduación, se tendrán en cuenta distintos criterios, entre ellos la gravedad de la falta, el perjuicio ocasionado, la jerarquía que ocupa el agente y sus antecedentes.
En términos generales, la reforma impulsada por el Gobierno de Mendoza busca que los procedimientos disciplinarios de la Administración Pública puedan resolverse dentro de plazos razonables, permitiendo establecer oportunamente si existe o no responsabilidad administrativa.
El proyecto apunta además a evitar demoras que no resulten necesarias, manteniendo al mismo tiempo las garantías vinculadas con el debido proceso y el derecho de defensa de los agentes.
