El Gobierno de Mendoza elevó a la Legislatura un proyecto de ley que buscó fortalecer el derecho de niños, niñas y adolescentes a crecer dentro de una familia. La iniciativa planteó modificaciones al Código Procesal de Familia y Violencia Familiar, establecido por la Ley 9120, y se articuló con el Sistema Provincial de Acogimiento Familiar Temporario, creado mediante la Ley 9383.
La propuesta incorporó nuevas herramientas procesales destinadas a abordar los casos de vinculación más complejos y buscó ofrecer una respuesta a quienes permanecían durante períodos prolongados en dispositivos de cuidado alternativo sin concretar una vinculación familiar definitiva.
La iniciativa dio continuidad a las políticas impulsadas por la provincia para acelerar los procesos de adopción y profundizó las modificaciones que se habían implementado durante 2025 a través de la Ley 9609.
En esta nueva etapa, el proyecto puso el foco especialmente en niños, niñas y adolescentes considerados dentro de grupos de mayor vulnerabilidad. Se trató de mayores de 5 años, grupos de hermanos y personas con discapacidad que contaban con una sentencia firme de adoptabilidad y continuaban bajo sistemas de cuidado alternativo mientras esperaban una respuesta familiar.
Cuántos niños esperaban una familia en Mendoza
Según los datos difundidos por las autoridades provinciales, en Mendoza había 264 niños, niñas y adolescentes con su situación de adoptabilidad declarada mediante sentencia firme.
Dentro de ese universo, la distribución contemplaba distintas situaciones:
- 93 niños, niñas y adolescentes presentaban algún tipo de discapacidad.
- 88 tenían entre 5 y 11 años.
- 83 eran adolescentes de entre 12 y 17 años.
- 103 formaban parte de grupos de hermanos.
Estos números se encontraban vinculados con una dificultad que las autoridades habían identificado en el sistema de adopciones: la reducción de las inscripciones de personas aspirantes en el Registro Provincial de Adopción que manifestaban disponibilidad para recibir a niños de esas edades o con determinadas características y necesidades.
Esta situación había generado una brecha entre la cantidad de niños y adolescentes que necesitaban una familia y la disponibilidad de personas inscriptas para asumir una adopción en esos casos.
Como consecuencia, permanecían vigentes más de 120 convocatorias públicas destinadas a encontrar familias. Muchas de ellas habían sido difundidas sin obtener una respuesta favorable.
El rol de los referentes afectivos
Ante la extensión de los períodos que niños y adolescentes pasaban en hogares o dispositivos estatales, el proyecto incorporó una alternativa considerada excepcional: reconocer formalmente a adultos que se habían convertido en referentes afectivos a partir de su participación en programas oficiales.
La propuesta alcanzó a personas vinculadas con iniciativas dependientes de la Dirección General de Protección de Derechos (DGP), entre ellas Padrinazgo, Voluntariado y Familias de Acogimiento.
El proyecto estableció una diferencia central respecto de las guardas de hecho o las entregas directas entre particulares. Esas situaciones se encontraban prohibidas por la legislación sustantiva. En cambio, la alternativa planteada se refería a vínculos que habían surgido y se habían desarrollado dentro de programas oficiales, con acompañamiento y supervisión directa del Estado.
Una evaluación específica para cada vínculo
Para garantizar que el procedimiento se desarrollara con controles y criterios interdisciplinarios, la iniciativa contempló la creación de nuevas herramientas dentro del Registro Provincial de Adopción.
Entre ellas se encontraba el Equipo Interdisciplinario de Diagnóstico de Aptitud Adoptiva Específica de adultos referentes (EIDAAE), destinado a evaluar a aquellas personas que ya habían construido un vínculo afectivo con un niño, niña o grupo de hermanos.
El procedimiento requería un pedido fundado de la Dirección General de Protección de Derechos. A partir de esa solicitud, el equipo técnico debía realizar evaluaciones psicológicas y sociales de los adultos referentes.
Los criterios de análisis debían mantener los mismos estándares de exigencia aplicados a quienes se encontraban inscriptos en el registro general de aspirantes a adopción. Sin embargo, el diagnóstico tendría un alcance específico: estaría orientado exclusivamente a determinar la aptitud para la vinculación con ese niño, niña o grupo de hermanos determinado.
La decisión quedaría en manos de la Justicia
Una vez finalizada la evaluación, si el equipo correspondiente determinaba la aptitud del adulto referente, las actuaciones serían remitidas al juez de Familia competente.
El magistrado debía analizar el informe interdisciplinario y, mediante una resolución fundada, convocar a una audiencia para avanzar en la definición de la guarda con fines adoptivos.
De esta manera, la propuesta presentada por el Ejecutivo provincial buscó incorporar un mecanismo específico para situaciones en las que ya existía un vínculo afectivo construido dentro de programas oficiales, sin eliminar las evaluaciones y garantías previstas para los procesos de adopción.
El objetivo planteado por la Provincia fue avanzar hacia un sistema de protección más ágil y, al mismo tiempo, mantener como eje el interés superior de niños, niñas y adolescentes.
La iniciativa también apuntó a evitar que la prolongación de los tiempos de permanencia en dispositivos de cuidado alternativo terminara convirtiéndose en una barrera para que las infancias y adolescencias mendocinas pudieran desarrollarse en un entorno familiar seguro y protector.
