El Gobierno de Mendoza formalizó este martes ante la Legislatura el proyecto de ley destinado a poner en marcha en la provincia el nuevo Régimen Penal Juvenil. La iniciativa propone una modificación integral del sistema vigente y busca adecuar las normas, las instituciones y los procedimientos locales a lo establecido por la Ley Nacional 27.801.
La presentación estuvo a cargo de la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y del ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar. También participaron del acto la vicegobernadora Hebe Casado; el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner; el titular de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff; y la jefa de Gabinete, Daniela García.
El proyecto es resultado de varios meses de trabajo coordinado entre distintas áreas del Ejecutivo provincial y organismos relacionados con el sistema penal juvenil. La propuesta sustituirá el régimen provincial actualmente vigente y contempla cambios en la organización institucional, judicial y operativa para adecuarla al nuevo marco nacional, cuya entrada en vigencia está prevista para el 5 de septiembre.
La ley nacional comenzará a aplicarse desde el 5 de septiembre
Durante la presentación, Mercedes Rus aclaró que la entrada en vigencia de la normativa nacional no está condicionada a que la Legislatura mendocina apruebe el proyecto provincial de responsabilidad penal juvenil.
La ministra explicó que desde el 5 de septiembre la Ley 27.801 tendrá aplicación en todo el país. Por ese motivo, los adolescentes de 14 años que a partir de esa fecha sean acusados de cometer un delito quedarán sujetos a la investigación de la Justicia penal juvenil en calidad de responsables penalmente.
Frente a ese escenario, la iniciativa provincial pretende brindar un marco ordenado para la aplicación del nuevo régimen. Para ello, plantea una reorganización de los dispositivos que ya funcionan en Mendoza y propone la creación de un Código Procesal Penal Juvenil integrado por más de 110 artículos.
Rus señaló que el modelo parte de dos conceptos fundamentales: reconocer que los adolescentes atraviesan una etapa particular de desarrollo y, simultáneamente, entenderlos como sujetos de derechos que deben asumir obligaciones y responsabilidades ante la sociedad.
La funcionaria sostuvo que la reforma apunta a generar mejores condiciones para la resocialización y a intervenir sobre las trayectorias delictivas antes de que se consoliden. El objetivo, explicó, es cortar el circuito que puede comenzar cuando un joven entra en conflicto con la ley penal.
Robos y lesiones aparecen entre los delitos más frecuentes
Al analizar los antecedentes de adolescentes que hasta ahora eran considerados inimputables, Rus indicó que los registros provinciales reflejan principalmente hechos relacionados con lesiones y robos.
De acuerdo con los datos presentados por la ministra, las lesiones representan el 22% de los casos, mientras que los robos alcanzan el 9%.
Rus afirmó además que la participación de adolescentes en hechos graves y violentos no presenta una incidencia significativa. Como referencia, mencionó que durante el año pasado se registró un homicidio relacionado con un menor inimputable, ocurrido en un contexto de violencia intrafamiliar.
La ministra aclaró que estos datos no implican restarle importancia a la problemática. Por el contrario, consideró necesario anticipar las intervenciones y actuar de manera temprana frente a los jóvenes que comiencen a tener conflictos con la Justicia penal.
El 91% de los adolescentes tuvo medidas alternativas a la prisión
La funcionaria también aportó datos correspondientes a los adolescentes de entre 16 y 18 años que ya están comprendidos dentro del sistema de responsabilidad penal juvenil.
Durante el año pasado, fueron 511 los jóvenes que tuvieron algún tipo de conflicto con la ley penal. De ese universo, 46 recibieron una pena que implicó privación de la libertad, mientras que el 91% restante cumplió medidas alternativas.
Para Rus, estos antecedentes permiten estimar que la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años al régimen podría mantener una dinámica similar, con predominio de respuestas que no impliquen el encarcelamiento.
La ministra remarcó que el nuevo sistema contempla límites y responsabilidades. En ese marco, el adolescente deberá hacerse cargo de los delitos cometidos, pero dentro de un esquema integral que también busca determinar qué herramientas debe brindar la sociedad para evitar que vuelva a delinquir.
Seguimiento personalizado y herramientas para la reinserción
Uno de los principales cambios planteados por la reforma está relacionado con el seguimiento individual de los adolescentes y con la posibilidad de utilizar diferentes alternativas a la privación de la libertad.
El proyecto incorpora la figura del Supervisor Especializado, contemplada en la normativa nacional. Su función será acompañar, asistir y controlar a los adolescentes que estén sujetos a medidas o penas.
A esto se suman planes individuales de intervención y reinserción, que deberán establecer objetivos vinculados con la educación, el trabajo, la familia y la integración comunitaria.
Tadeo García Zalazar destacó que la adaptación provincial no estará limitada al ámbito judicial. Según explicó, también será necesario sostener un proceso posterior que permita favorecer la reinserción social de los adolescentes.
El ministro señaló que el proyecto adapta Mendoza a las modificaciones introducidas en el Código Penal nacional y contempla específicamente la situación de adolescentes de 14 a 16 años. En ese sentido, remarcó que la responsabilidad frente a los jóvenes no recaerá exclusivamente en la Justicia, sino que requerirá la intervención de distintos sectores relacionados con su reinserción.
El abordaje, explicó García Zalazar, será individual. Cada situación será analizada de acuerdo con sus características y se contemplarán cuestiones como posibles consumos problemáticos, conflictos familiares u otras circunstancias que requieran una intervención específica.
La prisión será utilizada como último recurso
La privación de la libertad quedará reservada para situaciones en las que otras medidas no resulten suficientes. Cuando un juez disponga esta alternativa, el cumplimiento deberá realizarse en establecimientos especializados y separados de los destinados a personas adultas.
Mendoza deberá, además, adaptar sus dispositivos para garantizar tanto el alojamiento como el abordaje integral de los adolescentes incluidos en el sistema de responsabilidad penal juvenil.
García Zalazar puso el foco en la etapa posterior al cumplimiento de las medidas. Señaló que la reinserción constituye uno de los aspectos centrales del nuevo esquema y que los adolescentes deberán contar con herramientas que les permitan proyectar su futuro.
En ese proceso tendrán especial importancia la educación, la capacitación y el aprendizaje de oficios.
El proyecto también incorpora el monitoreo electrónico, la permanencia domiciliaria bajo supervisión y otras medidas accesorias. Entre ellas podrán contemplarse tratamientos, prohibiciones de acercamiento y obligaciones de carácter educativo, laboral o comunitario.
Cuando exista privación de la libertad, el sistema prevé distintas etapas de progresividad y mecanismos para avanzar hacia un egreso gradual. Estas instancias estarán condicionadas al cumplimiento de determinados objetivos y a las evaluaciones realizadas por equipos técnicos.
Nueva estructura para ejecutar las medidas penales juveniles
La reforma también modifica la organización provincial encargada de ejecutar las medidas y penas y define las atribuciones de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil.
Entre sus tareas estará llevar adelante las decisiones adoptadas por la Justicia, administrar los dispositivos especializados, coordinar acciones con organismos judiciales y administrativos y poner en marcha programas destinados a la educación, formación y reinserción de los adolescentes.
La iniciativa establece además reglas para el funcionamiento de los establecimientos especializados, los centros de régimen abierto y los dispositivos destinados a quienes cumplan medidas alternativas a la privación de la libertad.
En el ámbito judicial, el proyecto redefine las competencias del fuero penal juvenil y fija procedimientos específicos para cada instancia, desde la investigación de los hechos hasta la ejecución de las penas.
También incorpora herramientas de justicia restaurativa, mediación y otras vías de resolución alternativa para aquellos casos en los que, por sus características, resulte posible aplicarlas.
Educación y prevención también forman parte de la reforma
El Ministerio de Educación desarrolla en paralelo acciones destinadas a informar y prevenir, con el objetivo de que los adolescentes conozcan los alcances de las nuevas normas.
García Zalazar explicó que la Provincia lleva adelante un programa en las escuelas junto con magistradas de Argentina y Mendoza. La iniciativa busca acercar a los estudiantes información sobre las leyes y explicar cómo funcionan y cuáles son sus alcances.
El funcionario adelantó que se reforzará el trabajo en las instituciones educativas para explicar las modificaciones del Código Penal y, especialmente, lo relacionado con la responsabilidad penal juvenil desde los 14 años.
El programa comenzó en 2024 y durante 2025 alcanzó a más de 300 escuelas secundarias mendocinas. La propuesta continuará durante este año e incluirá, además de la temática penal juvenil, cuestiones vinculadas con la prevención, entre ellas las apuestas online y el uso responsable de imágenes.
De esta manera, la estrategia provincial busca acompañar los cambios en el sistema judicial con políticas de prevención, información y acompañamiento desde las escuelas.
Mendoza asegura que cuenta con capacidad para iniciar el nuevo régimen
Otro de los puntos abordados durante la presentación fue la infraestructura necesaria para ampliar el alcance del sistema.
Rus explicó que actualmente queda pendiente incorporar una sede de Upana en el Valle de Uco. Sin embargo, señaló que esa región registra una menor cantidad de casos de estas características y que ya existe una planificación para avanzar con esa incorporación.
La ministra reconoció que, en una perspectiva de largo plazo, será necesario ampliar y fortalecer la infraestructura destinada al sistema de responsabilidad penal juvenil. No obstante, sostuvo que las proyecciones actuales permiten garantizar el inicio del nuevo régimen.
En ese sentido, aseguró que Mendoza está en condiciones de afrontar la primera etapa y garantizar la aplicación plena de la nueva normativa desde su entrada en vigencia.
La provincia comenzó a prepararse antes de la implementación nacional
La presentación del proyecto ante la Legislatura representa la culminación de una etapa de preparación que Mendoza inició varios meses antes de que comience a regir el nuevo régimen nacional.
En junio, la provincia se convirtió en la primera jurisdicción del país en reunir las condiciones necesarias para suscribir un convenio de cooperación con el Ministerio de Justicia de la Nación destinado a avanzar en la implementación del nuevo sistema.
La vicegobernadora Hebe Casado explicó que la reforma provincial tiene como objetivo adaptar las normas mendocinas a los cambios introducidos a nivel nacional, tomando aquellos aspectos considerados más convenientes y ajustándolos a las características del sistema local.
Casado destacó que la intención es completar el proceso dentro de los plazos previstos y sostuvo que Mendoza busca anticiparse a los cambios para llegar preparada a la entrada en vigencia de la nueva normativa.
La vicegobernadora también valoró el trabajo realizado sobre el proyecto y consideró importante que comience su tratamiento legislativo. Durante esta semana, según indicó, se prevé realizar consultas y convocar a distintos expositores para que puedan aportar sus opiniones sobre la iniciativa.
Casado agregó que la modificación responde también a una preocupación extendida en distintas provincias: el descenso de la edad de los adolescentes que comienzan a involucrarse en hechos delictivos. Frente a esa realidad, consideró necesario adecuar el sistema y destacó que la nueva normativa busca ofrecer respuestas ante ese escenario.
El convenio firmado con Nación contempla asistencia técnica, capacitación certificada, disponibilidad recíproca de supervisores especializados y acceso a una plataforma tecnológica nacional destinada a la gestión y seguimiento de los casos.
En forma paralela, Mendoza creó una mesa técnica interdisciplinaria para avanzar en la modificación de la normativa provincial y reorganizar los dispositivos que serán necesarios para poner en funcionamiento el nuevo sistema.
Con el ingreso formal del proyecto a la Legislatura, la provincia entra así en la etapa final de su adecuación normativa antes de la entrada en vigencia de la Ley Nacional 27.801, prevista para el próximo 5 de septiembre.
