El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) dio un nuevo paso en el Programa de Inversión Pública para el Desarrollo de Viviendas al realizar la apertura de sobres del concurso destinado a la construcción de nuevos barrios en Mendoza. La convocatoria, financiada con recursos del Fondo del Resarcimiento, despertó un fuerte interés del sector privado y recibió propuestas por más de $53.700 millones.
En total se presentaron 15 proyectos habitacionales que contemplan la construcción de 355 viviendas, una cifra que supera ampliamente el objetivo inicial del programa, que preveía la ejecución de 275 unidades habitacionales. La iniciativa busca potenciar el acceso a la vivienda mediante un modelo de inversión conjunta entre el Estado provincial y empresas desarrolladoras.
Las propuestas fueron impulsadas por las firmas Titulizar SA, Lauggero, Constructora San José, Cebeco, PROCOM y OHA, y se distribuyen en los departamentos de Maipú, Guaymallén, Luján de Cuyo, Las Heras, San Martín y San Rafael.
Entre los emprendimientos presentados figuran Castillo I, Castillo II y Castillo III, en Maipú, con 30 viviendas cada uno; Paseo Di Fiore, en Luján de Cuyo, con 25 unidades; y los proyectos Estrella, Villanueva, AMPUNC A, AMPUNC B, Guaymallén I y Guaymallén II, ubicados en Guaymallén, que en conjunto representan 161 viviendas.
La nómina también incluye Recodo XI, en Maipú, con 11 viviendas; Las Acacias A y Las Acacias B, en San Martín, con 14 unidades cada uno; Río Diamante, en Las Heras, con 30 viviendas; y Sun Valley Club de Campo, en San Rafael, con 10 unidades habitacionales.
Cómo funciona el programa del IPV
A través de las bases del concurso, el Instituto Provincial de la Vivienda busca incentivar la participación del sector privado para ampliar la oferta habitacional en Mendoza.
Con ese propósito, se estableció que cada propuesta debía contemplar entre cinco y treinta viviendas, además de un plazo máximo de 14 meses para la ejecución de las obras.
Uno de los puntos centrales del programa es el esquema de financiamiento compartido. En este modelo, el Estado provincial, a través del IPV, aportará hasta el 40% del valor total de cada proyecto, mientras que el porcentaje restante será cubierto por las empresas constructoras y los futuros adjudicatarios mediante los planes de financiación previstos para cada desarrollo.
Tras la apertura de sobres, comenzará la etapa de evaluación técnica, económica, legal y urbanística de cada propuesta. Este proceso permitirá determinar cuáles cumplen con los requisitos establecidos en el pliego y podrán avanzar hacia la instancia de adjudicación.
