En línea con las políticas de ordenamiento fiscal impulsadas por el Gobierno de Mendoza, el intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez, dispuso una serie de medidas de ajuste administrativo y financiero que regirán durante todo 2026. A través de un decreto firmado a fines de 2025 y vigente desde el 1 de enero, la comuna capitalina estableció el congelamiento de la planta de personal y una reducción del gasto público, con el objetivo de sostener el equilibrio de las cuentas municipales.
La decisión se da en consonancia con la resolución adoptada por la administración provincial que encabeza Alfredo Cornejo, orientada a optimizar el uso de los recursos públicos en un contexto económico complejo. Desde el Ejecutivo municipal señalaron que el foco está puesto en garantizar la prestación de servicios de calidad, bajo criterios de eficiencia, austeridad y responsabilidad fiscal.
Uno de los puntos centrales del decreto es la limitación de nuevas contrataciones. Según lo establecido, no se realizarán incorporaciones de personal ni nuevas designaciones durante el año, salvo en aquellos casos que el Departamento Ejecutivo considere imprescindibles para el funcionamiento de servicios esenciales. La medida alcanza tanto a nombramientos permanentes como a contrataciones temporarias.
Además, el texto fija un control más estricto sobre los adicionales salariales. A partir de ahora, la autorización de los adicionales vigentes deberá contar con la aprobación previa del Departamento Ejecutivo, con la intervención de la Secretaría de Gestión Pública y Hacienda. En la misma línea, se resolvió suspender el otorgamiento de nuevos adicionales por Mayor Dedicación y Función Crítica, excepto en áreas consideradas estratégicas o esenciales para la comunidad.
Desde el municipio explicaron que cualquier excepción a estas restricciones deberá estar debidamente fundamentada y contará con autorización expresa del Ejecutivo, siempre con la participación de la Secretaría de Gestión Pública y Hacienda. De este modo, se busca evitar incrementos discrecionales del gasto y reforzar los mecanismos de control interno.
El decreto establece que las medidas tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, abarcando todo el ejercicio fiscal. La intención oficial es mantener un equilibrio entre los ingresos y los egresos corrientes del municipio, priorizando áreas sensibles como higiene urbana, seguridad vial, espacios públicos y servicios básicos para los vecinos de la Ciudad.
La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de ordenamiento de las finanzas públicas, en un escenario marcado por la necesidad de administrar con cautela los recursos disponibles. En ese sentido, desde la comuna remarcaron que el ajuste no apunta a recortar servicios, sino a hacer más eficiente el funcionamiento del Estado municipal, evitando desbordes presupuestarios.
