El Gobierno nacional oficializó la eliminación de los aportes obligatorios que las bodegas realizaban a la Corporación Vitivinícola Argentina, en una decisión que impacta de lleno en la estructura del sector vitivinícola argentino.
La medida fue establecida a través de la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura, publicada este martes en el Boletín Oficial, y dispone el fin de las contribuciones previstas en la Ley 25.849 que financiaban el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI).
Con esta decisión, el Gobierno también dio por concluido formalmente el Plan Estratégico Vitivinícola 2020, cuyo plazo original ya había expirado, y que durante más de dos décadas estructuró las políticas de promoción del vino argentino.
A partir de ahora, los establecimientos vitivinícolas dejarán de realizar estos aportes obligatorios, lo que representa un alivio económico inmediato para bodegas y productores en un contexto de costos elevados y caída del consumo.
Qué cambia para COVIAR
Si bien la Corporación Vitivinícola Argentina no será disuelta, la medida elimina su principal fuente de financiamiento, lo que pone en duda su funcionamiento futuro.
El organismo tendrá un plazo de hasta tres meses para presentar un informe final con el detalle de ejecución del plan, uso de recursos y cumplimiento de objetivos.
Además, los fondos remanentes serán transferidos al Instituto Nacional de Vitivinicultura, que continuará con funciones de control dentro del sector.
Los argumentos del Gobierno
Desde el Ejecutivo señalaron que el esquema de financiamiento había perdido su razón de ser, ya que el plan tenía vigencia hasta 2020 y no contaba con una prórroga formal.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue uno de los principales impulsores de la medida y calificó el aporte como un sistema “aberrante”, al considerar que se trataba de una contribución obligatoria destinada a financiar una entidad privada.
Reacciones del sector
Desde entidades como Bodegas de Argentina valoraron la eliminación del aporte obligatorio, señalando que permitirá mayor libertad empresarial y una asignación más eficiente de los recursos.
Sin embargo, otros actores del sector advierten que la medida podría afectar la promoción del vino argentino en el exterior y debilitar la coordinación estratégica entre el sector público y privado.
Un cambio estructural
La eliminación de los aportes marca el fin de un modelo vigente por más de 20 años y abre una nueva etapa para la industria vitivinícola, donde la continuidad de programas y estrategias dependerá de aportes voluntarios y acuerdos entre los actores del sector.
En este nuevo escenario, el desafío será sostener la competitividad del vino argentino en el mercado global sin un esquema de financiamiento obligatorio que garantice previsibilidad.
