El fútbol femenino mendocino cerró el 2025 envuelto en una profunda polémica institucional. La final del Torneo Clausura femenino, que debía enfrentar a Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, fue suspendida por segunda vez en apenas una semana, esta vez en el estadio de Gutiérrez Sport Club, nuevamente bajo el argumento de “falta de garantías”. Lejos de tratarse de un hecho aislado, el episodio desnudó problemas estructurales en la organización de la Liga Mendocina de Fútbol y escaló hasta el ámbito gubernamental.
El primer antecedente se había producido el domingo 21 de diciembre, cuando minutos antes del inicio del encuentro en el estadio de Deportivo Maipú se resolvió la postergación por un operativo de seguridad claramente insuficiente. Aquella decisión ya había generado fuertes cuestionamientos por la improvisación en la planificación de un evento que involucraba a dos de los clubes más convocantes de la provincia.
Tras ese papelón inicial, la Liga reprogramó la final para el domingo 28, con un nuevo escenario y un esquema de aforo reducido: 150 personas por club, con ingreso nominal y control de DNI. Sin embargo, pese a que dentro del estadio se respetó el cupo establecido, la presencia de hinchas y grupos organizados en las inmediaciones encendió las alarmas de las fuerzas de seguridad. Ante el riesgo de incidentes, la Policía decidió suspender nuevamente el partido.
La determinación no evitó los conflictos. Se registraron momentos de tensión entre efectivos policiales y simpatizantes mientras se despejaba la zona, mientras las futbolistas aguardaban en los vestuarios sin información clara sobre su futuro deportivo inmediato. Cansadas de la situación, las jugadoras de ambos equipos ingresaron al campo de juego y protagonizaron una imagen simbólica: posaron juntas, de espaldas y mezcladas, en señal de protesta y unidad frente a la desorganización.
Horas más tarde, la Liga Mendocina emitió un breve comunicado en el que atribuyó la suspensión exclusivamente a una decisión policial. La explicación no logró calmar las críticas. Desde el propio ámbito del fútbol femenino, la presidenta de la Comisión Femenina, Giuliana Díaz, cuestionó con dureza a la conducción de la Liga, denunciando falta de respaldo institucional, problemas financieros y una conducción ausente en un momento clave.
El impacto político no tardó en llegar. El Gobierno de Mendoza, a través de la Dirección de Personas Jurídicas, informó que evalúa intervenir la Liga Mendocina de Fútbol ante la detección de serias irregularidades administrativas. Entre los puntos señalados figuran una asamblea de autoridades cuestionada, la falta de presentación de balances, investigaciones judiciales por aptos médicos irregulares y una causa por presunto desvío de fondos.
El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, reforzó la postura oficial al advertir sobre prácticas que atentan contra el desarrollo del fútbol femenino y remarcar que el objetivo de una eventual intervención sería garantizar transparencia, reglas claras y condiciones dignas para la competencia.
Mientras tanto, la final sigue sin fecha definida y las principales perjudicadas vuelven a ser las jugadoras, que cerraron el año sin poder disputar el partido más importante del torneo. El episodio dejó en evidencia que la crisis de la Liga Mendocina excede lo deportivo y plantea un desafío urgente para recuperar la credibilidad institucional y proteger el crecimiento del fútbol femenino en la provincia.
