El Gobierno de Mendoza comenzó a implementar la capacitación ambiental obligatoria para trabajadores del Estado en el marco de la Ley Yolanda, una normativa nacional que promueve la incorporación de la perspectiva ambiental en la gestión pública.
La iniciativa se desarrolla a través del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) y busca que todas las personas que cumplen funciones en el ámbito estatal accedan a herramientas conceptuales y prácticas vinculadas al ambiente, aplicables a sus áreas de trabajo y a la toma de decisiones.
La ley lleva el nombre de Yolanda Ortiz, quien fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano del país. Su objetivo es consolidar un enfoque transversal en las políticas públicas, integrando criterios ambientales desde su diseño hasta su ejecución.
En Mendoza, el programa es coordinado por el Ministerio de Energía y Ambiente y cuenta con contenidos adaptados a los desafíos propios de la provincia. Entre los principales ejes se incluyen cambio climático, desarrollo sostenible, biodiversidad, economía circular, gestión de residuos y transición energética. También se abordan problemáticas específicas como el manejo del agua en zonas áridas y la relación entre producción y sostenibilidad.
La capacitación está organizada en módulos progresivos que van desde una introducción a la normativa hasta contenidos más específicos, como energías renovables, áreas naturales protegidas y gestión de residuos sólidos urbanos. Esta estructura busca garantizar una formación integral, adaptable a distintos perfiles dentro de la administración pública.
Desde la Coordinación de Sostenibilidad, área encargada de articular el programa, destacaron el trabajo técnico realizado para desarrollar los contenidos y su impacto en la calidad de las políticas públicas. En ese sentido, remarcaron que la formación ambiental es una herramienta clave para fortalecer la gestión estatal en un contexto donde los desafíos ambientales requieren respuestas cada vez más integradas.
La implementación de la Ley Yolanda en la provincia se presenta así como una política estratégica que apunta a mejorar las capacidades del Estado y a consolidar un modelo de desarrollo sostenible. A través de este programa, Mendoza busca que la variable ambiental deje de ser un aspecto aislado y pase a formar parte estructural de todas las decisiones públicas.
Las inscripciones se habilitan de manera progresiva mediante el IPAP, permitiendo que agentes y funcionarios accedan a las capacitaciones en distintas etapas y avancen en el cumplimiento de esta normativa nacional.
