El Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza dio un paso decisivo para fortalecer las estrategias de prevención y garantizar el cumplimiento del calendario obligatorio de vacunación. Esta semana, el organismo presentó las primeras 10 denuncias judiciales contra padres que no completaron la vacunación de sus hijos, una acción que se enmarca en la Ley 27.941, normativa que establece la obligatoriedad de las vacunas y prioriza la salud pública por sobre los intereses individuales.
La decisión se toma en un escenario sanitario complejo: el país registra un aumento de casos de sarampión y coqueluche, enfermedades que habían sido controladas durante años, pero que resurgen debido al descenso en las coberturas vacunales.
Una medida preventiva, no punitiva
La responsable del Departamento de Inmunizaciones, Iris Aguilar, explicó que este paso no busca castigar, sino proteger el derecho a la salud de los niños.
“El objetivo es claro: que los chicos se vacunen. No buscamos castigar, sino proteger. Es el juez quien determina qué hacer; nuestro rol es activar el sistema cuando se vulnera el derecho a la salud del niño”, señaló.
Aguilar remarcó que, si bien la vacunación escolar supera el 80%, este nivel resulta insuficiente para garantizar la inmunidad colectiva. “Necesitamos superar el 95% para evitar que reaparezcan enfermedades que estaban controladas”, puntualizó.
Las vacunas más rezagadas
Uno de los principales desafíos se encuentra en el cumplimiento de las vacunas correspondientes a los 15 meses de vida, etapa en la que suelen espaciarse los controles pediátricos y en la que se registra el mayor déficit de aplicación.
Cómo funciona la Resolución 2572
La implementación de acciones judiciales se articula con la Resolución 2572, que establece los procedimientos que deben seguir los equipos de inmunizaciones de Áreas Departamentales y Hospitales.
Este marco obliga a los referentes de inmunización a verificar el cumplimiento del calendario mediante el registro único nominal digital, que integra los datos del sector público y privado.
La normativa también define los pasos administrativos previos a la denuncia, incluyendo instancias de contacto y notificación a las familias para facilitar el acceso a la vacunación.
