El Gobierno de Mendoza presentó los detalles de la reglamentación de la Ley 9688, una modificación que introducirá cambios en el sistema de Certificación de Medidas de Protección Aptas Contra Incendios (Cemepaci). La nueva disposición habilitará a los municipios que cuenten con capacidad técnica y profesionales habilitados a emitir directamente los certificados de seguridad contra incendios.
La iniciativa apunta a reducir la superposición de competencias entre organismos, evitar que se dupliquen trámites y facilitar el desarrollo de proyectos privados, sin disminuir los requisitos de prevención y protección. La normativa será publicada oficialmente el martes 17 de noviembre.
El anuncio estuvo encabezado por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui. También participaron el director de Defensa Civil, Daniel Burrieza, y el director de Planificación Territorial, Matías Dalla Torre.
La actualización del Cemepaci surgió de un trabajo coordinado entre las dos áreas del Ejecutivo provincial, con la participación de los municipios. Además, se vinculó con el proyecto de Código Unificado de Construcción, una iniciativa destinada a actualizar y establecer parámetros técnicos comunes para las obras públicas y privadas.
Rus explicó que uno de los ejes de la reforma consistió en trasladar parte de las competencias hacia los gobiernos locales, en reconocimiento de su autonomía. De esta manera, las comunas que tengan dependencias técnicas especializadas y personal profesional autorizado estarán en condiciones de gestionar y otorgar las certificaciones.
La ministra consideró que el cambio permitirá resolver dificultades administrativas que afectaban al sector privado y simplificar un procedimiento que había generado distintos reclamos.
En ese sentido, señaló que la modificación de la ley respondió a la necesidad de agilizar una gestión que presentaba inconvenientes y que ahora tendrá un funcionamiento más sencillo mediante la reglamentación correspondiente.
Por su parte, Badui destacó que la medida se incorporó al proceso de actualización de las regulaciones provinciales sobre construcción. La funcionaria recordó que el sistema llevaba cerca de dos décadas sin modificaciones y sostuvo que la nueva disposición permitirá mejorar la coordinación entre los organismos y descentralizar las tareas en aquellas municipalidades que tengan estas funciones incorporadas formalmente a su estructura.
La subsecretaria también remarcó el impacto que tendrá la reforma sobre la actividad constructiva. Según explicó, la simplificación de los procedimientos representará una ventaja para desarrolladores inmobiliarios, emprendedores y empresas privadas que impulsan proyectos de construcción.
Controles anuales y normas internacionales para reforzar la prevención de incendios
La reglamentación también contempla un endurecimiento de los mecanismos de fiscalización para garantizar las condiciones de seguridad contra incendios. Los controles no estarán limitados a las construcciones que se realicen en adelante, sino que también comprenderán a los edificios que ya se encuentran en funcionamiento.
El director de Defensa Civil, Daniel Burrieza, explicó que el nuevo esquema permitirá incorporar mayores exigencias técnicas y tomar como referencia estándares internacionales de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA).
Entre las disposiciones contempladas se encuentra la norma NFPA 101, que establece criterios relacionados con la seguridad de las personas, los procedimientos de evacuación y las condiciones de protección que deben reunir los edificios.
Burrieza señaló que la incorporación de estos parámetros permitirá elevar el nivel de las exigencias vigentes y trabajar con normas internacionales reconocidas por la NFPA.
Otro de los puntos destacados será la participación de los municipios en las tareas de fiscalización. El funcionario indicó que las comunas podrán intervenir tanto en las edificaciones nuevas como en aquellas que ya existen, mediante un sistema de inspecciones periódicas.
En particular, la reglamentación establecerá controles efectivos anuales sobre los edificios de toda la provincia, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las disposiciones vinculadas con la prevención de incendios y las condiciones de evacuación.
Los municipios podrán emitir certificaciones y contratar a Bomberos Voluntarios
Uno de los principales cambios del nuevo sistema será la distribución de responsabilidades entre los organismos provinciales y municipales.
Las comunas que dispongan de áreas técnicas constituidas y profesionales habilitados podrán emitir directamente los certificados Cemepaci correspondientes a establecimientos privados.
Sin embargo, la Dirección de Bomberos de la Policía de Mendoza conservará sus atribuciones sobre los edificios públicos, las dependencias municipales, los organismos nacionales y los establecimientos destinados a brindar servicios públicos. También continuará interviniendo en las situaciones que establezca la normativa.
La reglamentación incorporará, además, la posibilidad de que los municipios firmen convenios con asociaciones de Bomberos Voluntarios para llevar adelante inspecciones y auditorías anuales.
Para participar de estas actividades, las entidades deberán contar con un certificado de operatividad vigente y disponer de personal especializado para cumplir con las tareas asignadas.
Los acuerdos podrán establecer una remuneración por los servicios prestados. No obstante, la responsabilidad de emitir las certificaciones seguirá correspondiendo al organismo público que tenga competencia en cada caso.
Rus destacó la incorporación de los Bomberos Voluntarios al esquema de trabajo y consideró que permitirá aprovechar sus conocimientos y capacidades técnicas. La ministra explicó que la reforma establece una distribución de funciones entre los distintos participantes para mejorar el funcionamiento del sistema y reducir los tiempos de respuesta.
Una reforma articulada con el Código Unificado de Construcción
La actualización del Cemepaci también avanzará en paralelo con el proyecto de Código Unificado de Construcción. El director de Planificación Territorial, Matías Dalla Torre, explicó que ambas iniciativas forman parte de un proceso de modernización normativa que se desarrolló con aportes de los equipos técnicos de los municipios y de los colegios profesionales.
En cuanto al estado legislativo del Código Unificado, el funcionario informó que la propuesta ya recibió dictamen favorable en las comisiones de la Cámara de Diputados y que ahora espera su tratamiento en el recinto.
Dalla Torre sostuvo que la actualización responde a un pedido del sector inmobiliario y de la construcción, que requiere procedimientos administrativos y mecanismos de control más ágiles por parte de los gobiernos provincial y municipales.
Asimismo, remarcó que las dos reformas comparten una misma orientación: fortalecer la participación de los gobiernos locales, establecer criterios técnicos comunes y simplificar las gestiones relacionadas con las obras.
Con la publicación de la reglamentación de la Ley 9688, prevista para este martes 17 de noviembre, Mendoza avanzará hacia un modelo de certificación de seguridad contra incendios con mayor descentralización y participación de los municipios.
El nuevo esquema combinará la intervención de las áreas técnicas comunales, la colaboración de Bomberos Voluntarios y la realización de inspecciones anuales para verificar las condiciones de los edificios.
La reforma buscará acompañar el crecimiento de la construcción y facilitar las inversiones privadas mediante la reducción de trabas administrativas, pero mantendrá como prioridad el cumplimiento de las medidas de prevención y protección contra incendios. El objetivo será agilizar los procedimientos sin comprometer la seguridad de las personas que trabajan, viven o concurren a los distintos establecimientos de la provincia.





