Mendoza formó parte de un acuerdo nacional destinado a intensificar la prevención y detección de irregularidades en la venta de productos a través de plataformas digitales. La iniciativa busca combatir la comercialización de mercadería ingresada ilegalmente a la Argentina, promover prácticas comerciales transparentes y garantizar una mayor protección para los consumidores.
El entendimiento fue impulsado por la Secretaría de Industria, Comercio y PyME del Ministerio de Economía de la Nación y establece mecanismos de intercambio de información entre organismos públicos, cámaras empresariales y empresas de comercio electrónico. El objetivo es identificar posibles irregularidades en la comercialización de celulares, notebooks, cosméticos, juguetes y neumáticos.
En representación de Mendoza, la directora de Defensa del Consumidor provincial, Mónica Lucero, participó del encuentro en su carácter de presidenta del Consejo Federal de Comercio Interior (COFEDEC). El organismo reúne a las autoridades de defensa del consumidor de las distintas jurisdicciones del país y trabaja para coordinar políticas públicas orientadas a fortalecer la protección de los usuarios.
Acuerdos para detectar la venta irregular de productos
La iniciativa incluye la participación de distintas entidades vinculadas con el comercio, la industria y las importaciones. Entre ellas se encuentran la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y la Unión Industrial Argentina (UIA).
A estas instituciones se sumaron empresas y plataformas digitales como Mercado Libre, Meta, mediante sus redes sociales Facebook e Instagram, Frávega y Cetrogar, que participarán de las acciones previstas para prevenir y detectar operaciones comerciales que no se ajusten a la normativa.
Como parte de los compromisos asumidos, las plataformas proporcionarán información sobre los principales vendedores de productos pertenecientes a rubros considerados sensibles. Esos datos serán analizados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que realizará cruces de información para detectar inconsistencias y posibles indicios de irregularidades.
Por su parte, Meta se comprometió a eliminar los sitios denunciados que funcionen en sus plataformas, como parte de las medidas previstas para combatir la comercialización ilegal.
Según las características de cada caso, las actuaciones podrán avanzar hacia el retiro de los productos del mercado, la interrupción de su venta y la intervención de la Justicia. Los procedimientos se llevarán adelante conforme a las disposiciones legales vigentes.
Campañas informativas para vendedores y proveedores
Además de las medidas de control, los acuerdos incluyen acciones de comunicación destinadas a vendedores y proveedores. Estas campañas buscarán reforzar el conocimiento de las obligaciones legales que deben cumplir quienes comercializan productos, con especial atención a la procedencia de la mercadería ofrecida.
La propuesta apunta a complementar la detección de posibles infracciones con herramientas de prevención e información, para promover el cumplimiento de las normas y desalentar las prácticas comerciales ilegales.
Al referirse a la participación provincial, Mónica Lucero destacó la relevancia del trabajo conjunto entre los distintos sectores involucrados.
«La participación de Mendoza en este espacio federal reafirma la importancia de la coordinación entre el Estado, las plataformas digitales y el sector privado para promover un comercio más transparente, prevenir prácticas ilegales y garantizar que los consumidores accedan a productos que cumplan con las normas de seguridad, calidad e información vigentes», afirmó la directora de Defensa del Consumidor.
