El Gobierno de Mendoza dio un nuevo paso en el abordaje de la trata de personas al formalizar su incorporación al Programa Nacional de Restitución de Derechos a Víctimas del Delito de Trata de Personas. La adhesión quedó establecida mediante la firma del Acta correspondiente entre el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques.
Del encuentro también formó parte Natalia Ibis Alonso, directora de Derechos Humanos de la Provincia, quien participa en las acciones vinculadas con la asistencia y protección de las personas afectadas.
El acuerdo busca profundizar la coordinación entre Mendoza y el Gobierno nacional y consolidar un circuito destinado a la asistencia, derivación y seguimiento de las víctimas de trata, mediante una intervención articulada entre los organismos provinciales y nacionales involucrados.
Mendoza tendrá un rol central en la asistencia territorial
A partir de esta incorporación, Mendoza se desempeña como Punto Focal Provincial y asume el abordaje social, la asistencia y el seguimiento de las personas que sean derivadas por la Justicia Federal.
Para llevar adelante esta tarea, la Provincia articula con organismos públicos e instituciones especializadas de acuerdo con las necesidades de cada caso. El propósito es acompañar a las víctimas durante el proceso de restitución de derechos y favorecer su autonomía, reinserción social y laboral, bajo una perspectiva de derechos y evitando situaciones de revictimización.
El ministro de Gobierno, Natalio Mema, destacó la importancia de contar con herramientas de prevención y acompañamiento para quienes atraviesan situaciones vinculadas con este delito.
“El objetivo de este encuentro es poder prevenir el delito de víctima de trata, como así también una vez que sucede, acompañar a la persona psicológica y económicamente. En la Provincia de Mendoza contamos con un equipo de abordaje que trabaja de forma coordinada con Nación para poder hacer un seguimiento y apoyo de este delito de carácter federal”, señaló.
Asistencia económica y herramientas para la reinserción
Dentro del Programa Nacional, el Ministerio de Justicia de la Nación tiene a su cargo la administración y el otorgamiento de las prestaciones económicas destinadas a las personas damnificadas por el delito de trata.
Entre las herramientas previstas se encuentra un subsidio mensual equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil durante tres meses, con la posibilidad de extenderlo por única vez. A esto se suma una línea de acompañamiento orientada a facilitar la reinserción social y laboral de las víctimas.
Esta asistencia incluye una prestación económica y diferentes herramientas destinadas a fortalecer la autonomía personal. Entre ellas se encuentran la capacitación, formación profesional, orientación laboral y apoyo a emprendimientos, mediante la coordinación con los organismos provinciales y nacionales que correspondan.
Durante el encuentro, el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, también destacó el trabajo realizado por Mendoza en materia de investigación y prevención. En ese sentido, afirmó que la Provincia cuenta con experiencias que tomó como referencia, entre ellas el Banco de Datos y Huellas Genéticas de Mendoza.
Mahiques valoró además la firma del acta de adhesión al programa y sostuvo que representa un avance en las políticas destinadas a asistir a quienes fueron víctimas de trata.
“Es un paso importante en la lucha contra este delito aberrante como es la trata de personas”, afirmó.
Un circuito federal para asistir a las víctimas de trata
El Programa Nacional de Restitución de Derechos a Víctimas del Delito de Trata de Personas tiene entre sus principales objetivos promover la restitución de derechos a través de un circuito federal de asistencia. Para ello, trabaja de manera articulada con la Red de Puntos Focales Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El esquema establece lineamientos de intervención, protocolos, circuitos de asistencia y guías de buenas prácticas. También contempla instancias de capacitación y formación destinadas a los equipos técnicos y profesionales que participan en la atención y acompañamiento de las víctimas.
A su vez, el programa incorpora acciones de sensibilización sobre la problemática de la trata de personas, junto con el fortalecimiento de los sistemas de información y la sistematización de datos.
Otro de los ejes está relacionado con la implementación de mecanismos para realizar el seguimiento y la evaluación de las distintas líneas de asistencia económica y de inclusión laboral.
En este marco, se prevé además fortalecer el Registro de Asistencia a Víctimas de Trata (REDAVIT), una herramienta destinada a registrar a las personas que reciben asistencia y permitir el seguimiento de las intervenciones realizadas.
Articulación para generar oportunidades laborales
El programa también promueve el trabajo conjunto con organismos nacionales y provinciales relacionados con las áreas laboral, productiva y social, además de universidades, empresas y organizaciones especializadas.
La finalidad de esta articulación es generar oportunidades concretas para las personas asistidas, especialmente en materia de formación, empleabilidad, fortalecimiento económico y desarrollo de proyectos autogestivos.
De esta manera, se busca que el acompañamiento a las víctimas no se limite a la asistencia inmediata, sino que también contribuya a generar condiciones para recuperar la autonomía y avanzar hacia una inclusión social y laboral sostenible.
Asistencia para víctimas extranjeras
El Programa Nacional contempla también situaciones en las que las víctimas sean personas extranjeras y expresen su voluntad de regresar a su país de origen.
En esos casos, se coordinan las acciones necesarias para garantizar el retorno y brindar la protección correspondiente. Este proceso se desarrolla en articulación con organismos públicos nacionales e internacionales.
De esta manera, Mendoza y Nación complementan sus responsabilidades para ofrecer una respuesta integral frente al delito de trata de personas. Mientras la Provincia lleva adelante el acompañamiento y el abordaje territorial de las víctimas derivadas por la Justicia Federal, el Gobierno nacional, a través del Programa y del Ministerio de Justicia, administra y financia las prestaciones económicas contempladas.
Finalmente, la directora de Derechos Humanos de Mendoza, Natalia Alonso, remarcó que el objetivo central es consolidar una estrategia coordinada que permita garantizar derechos y acompañar a las víctimas durante su proceso de recuperación.
“El objetivo es fortalecer una respuesta coordinada que contribuya a la restitución de derechos, la autonomía y la inclusión social y laboral de las víctimas, bajo criterios de federalismo, equidad territorial y no revictimización”, afirmó Alonso.
