El Gobierno de Mendoza dio un nuevo paso en materia de seguridad con la presentación del proyecto de Ley Antiguantaderos, una iniciativa que busca consolidar como política de Estado el régimen de intervención administrativa sobre inmuebles que representan un riesgo para la seguridad pública y ciudadana. La propuesta fue expuesta ante la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados por el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff.
Durante el encuentro también participaron el director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat; el jefe de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo, y el director del Programa de Intervención Administrativa sobre Inmuebles con fines de Seguridad Pública y Ciudadana, Carlos Magnani.
En su exposición, Jaliff explicó que el objetivo del proyecto es brindar respaldo legal a un mecanismo que la Provincia ya viene aplicando para intervenir inmuebles abandonados, deteriorados o utilizados como escenario para la comisión de delitos.
El funcionario señaló que la finalidad es preservar la seguridad pública, la seguridad ciudadana y mejorar el entorno urbano. En ese sentido, indicó que muchas de estas propiedades terminan convirtiéndose en lugares utilizados como aguantaderos, escondites de personas, puntos de comercialización de estupefacientes o espacios para el acopio de elementos relacionados con hechos delictivos.
Además, destacó que la detección de estos inmuebles surge en gran medida gracias a los aportes realizados por los vecinos, quienes alertan sobre las situaciones que afectan a sus barrios. Según explicó, las intervenciones responden a la necesidad de garantizar la seguridad de la comunidad y remarcó que uno de los aspectos más valorados por el Gobierno es el reconocimiento que reciben por parte de los habitantes una vez concretadas las acciones.
Jaliff también subrayó que la sanción de esta ley permitirá asegurar la continuidad del programa más allá de los cambios de gestión. Hasta el momento, precisó, ya se concretaron 20 intervenciones, todas con la conformidad de los propietarios y con resultados positivos. Asimismo, aseguró que continúan promoviendo convenios con los municipios, considerados actores clave para el desarrollo de estas tareas.
En cuanto al procedimiento, explicó que las intervenciones comienzan con un informe policial que evalúa el estado del inmueble y continúan con un informe técnico elaborado por el municipio correspondiente. Con esa documentación se emite una primera resolución que declara la necesidad de intervenir la propiedad y una segunda resolución que autoriza la ejecución de la medida, determinando si corresponde realizar el tapiado o la demolición, según las condiciones del lugar.
Respecto de las actuaciones realizadas hasta el momento, el subsecretario detalló que se distribuyen en diez inmuebles de Guaymallén, cuatro de Godoy Cruz, tres de la Ciudad de Mendoza, dos de Las Heras y uno de Maipú. También resaltó que, incluso en departamentos donde aún no existen convenios con la Provincia, los municipios colaboraron mediante informes técnicos y apoyo operativo durante los procedimientos.
Por último, Jaliff remarcó que todas las intervenciones efectuadas contaron con la aprobación de los propietarios. Explicó que la primera resolución es notificada formalmente a cada titular, quien puede ejercer los derechos que considere pertinentes. Según afirmó, en los veinte casos intervenidos hubo conformidad porque estas medidas no solo contribuyen a mejorar la seguridad, sino que también permiten preservar el valor de los inmuebles y recuperar propiedades que, por su estado de abandono, generaban inconvenientes para todo el barrio.
