El Gobierno de Mendoza remitió a la Legislatura provincial el proyecto de ley para la ratificación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de exploración minera de litio denominado “Don Luis y Otro”, emplazado en los departamentos de San Rafael y Malargüe.
El expediente llega a tratamiento legislativo en cumplimiento de lo establecido por la Ley 7722, luego de un exhaustivo proceso de evaluación técnica, ambiental y multisectorial que incluyó dictámenes de distintos organismos, instancias de participación ciudadana y la realización de dos audiencias públicas.
La iniciativa busca que ambas cámaras legislativas analicen la Declaración de Impacto Ambiental emitida por la Autoridad Ambiental Minera, tras un procedimiento integral que contempló estudios técnicos, informes sectoriales y el cumplimiento de todos los requisitos legales exigidos.
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, explicó que la presentación formal de la DIA es el resultado de un trabajo amplio y coordinado entre múltiples organismos técnicos y sectores involucrados.
“El Gobierno de Mendoza ingresó formalmente la DIA luego de un trabajo extenso de análisis, con la participación técnica de organismos sectoriales como la Dirección de Minería, la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCuyo, el Departamento General de Irrigación, Vialidad Provincial, municipios, áreas de biodiversidad, patrimonio cultural e INAI”, señaló la funcionaria.
Asimismo, Latorre destacó que el proceso incluyó evaluaciones técnicas, dictámenes de diversos organismos, una visita técnica al yacimiento y la realización de dos audiencias públicas, una en San Rafael y otra en Malargüe. “Es producto de un trabajo extenso y sigue todos los pasos marcados por la Ley 7722 y las leyes ambientales”, agregó.
Un proceso con amplia participación institucional
El proyecto corresponde a la etapa de exploración de minerales de primera categoría, principalmente litio, y contempla un área de estudio que abarca una superficie de 234.256,5 hectáreas.
La Declaración de Impacto Ambiental fue enviada a la Legislatura acompañada por la totalidad de los documentos técnicos y los análisis sectoriales realizados por distintos organismos. Entre ellos participaron la Municipalidad de San Rafael, la Municipalidad de Malargüe, la Dirección Nacional de Vialidad, el Departamento General de Irrigación, la Dirección de Áreas Protegidas, la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos, la Dirección de Transición Energética y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), entre otros.
Además, el proceso contempló una visita técnica al área donde se proyecta la exploración minera y la realización de dos audiencias públicas para garantizar la participación ciudadana. La primera se llevó a cabo el 25 de noviembre de 2024 en San Rafael, mientras que la segunda tuvo lugar el 29 de noviembre de 2025 en Malargüe.
Qué establece la Declaración de Impacto Ambiental
La Declaración de Impacto Ambiental aprobada por la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental (DGFA) y la Dirección de Minería determina que el proyecto cumple con los requisitos técnicos y legales correspondientes a la etapa de exploración. Sin embargo, de acuerdo con la normativa vigente, su implementación plena requiere la ratificación de la Legislatura provincial.
Antes de su tratamiento legislativo, la Autoridad Ambiental Minera del Ministerio de Energía y Ambiente fijó una serie de condiciones y exigencias ambientales que deberán cumplirse estrictamente durante el desarrollo del proyecto.
Entre las principales medidas se incluyen la actualización de la línea de base ambiental, la implementación de planes de monitoreo de agua, aire, suelo, flora y fauna, la presentación de planes de contingencia, la obtención de permisos sectoriales y la contratación de seguros ambientales.
También se establecen obligaciones vinculadas al control ambiental permanente, la gestión adecuada de residuos, la protección de la biodiversidad, el cuidado del recurso hídrico y la elaboración de una línea de base social indígena, destinada a identificar y evaluar posibles impactos sociales y culturales.
El esquema de control prevé además la presentación periódica de informes, la posibilidad de realizar inspecciones sin previo aviso y la aplicación de sanciones ante eventuales incumplimientos. Asimismo, se establece la actualización ambiental del proyecto cada dos años como parte del seguimiento y control continuo.
